«Yo no soy antropólogo, pero sí ocurre que cuando uno tiene una gimnasia de trabajar mucho tiempo en la calle, a veces se da cuenta de que hay ciertas características físicas que se repiten. Cuando uno detecta ciertos rasgos por formas de vestir o algo por el estilo, podemos cometer el error de estigmatizar», dice Ariel Sánchez. Se trata del regente de la zona sur del Instituto de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, quien recibió a Rosario/12 en su despacho de la sede rosarina del instituto, ubicado en Alem 2050. La declaración de Sánchez surge en relación a los casos de violencia institucional y detenciones arbitrarias de los que son víctimas, la mayoría de las veces, jóvenes de las barriadas populares. En un contexto social donde la violencia no se puede negar, también pisa fuerte la estigmatización que recae contra los pibes por su vestimenta, respondiendo así a un prejuicio afirmado en la sociedad. Sánchez, que también es comisario, justifica su lectura: «Si la propia comunidad pide seguridad, lo mejor es trabajar desde lo preventivo».

«De alguna forma el trabajo preventivo tiene que hacerse. En este tipo de requisas, muchísimas veces se han prevenido delitos graves», fundamenta Sánchez sin negar que la policía se deje guiar por estereotipos impuestos. «Este tipo de medidas tiene éxito en la prevención del delito. En este momento prefiero que un policía pare a un joven, lo identifique y continúe su tránsito y no que por no tener este tipo de práctica ese joven finalmente termine cometiendo un delito», agrega. La postura de Sánchez se traduce en la cotidianidad rosarina: los jóvenes son víctimas de operativos policiales repentinos en donde no sólo son identificados, sino muchas veces agredidos física y verbalmente.

Cuenta un chico de barrio Ludueña que las requisas son moneda corriente, y que hace poco tiempo le tocó a él. Mientras un agente de la Policía de Acción Táctica lo tenía con las manos en la pared y con las piernas abiertas, se entabló un duro diálogo. «Mirá el celular que tenés», elogió el oficial. «Me lo compré trabajando», respondió el chico. «Cirujeando, no trabajando», remató el uniformado. En otro momento, que se evidencia en un video filmado por un vecino, al cual accedió este diario, uno de los jóvenes arrinconados preguntó, también a un oficial de la PAT, cuánto más le pegarían. «Callate, te vamos a pegar todo lo que queremos», fue la respuesta seguida de amenazas. Otro video muestra la consecuencia de uno de los ataques. La víctima es un chico de catorce años, al que arrinconaron en un pasillo del barrio para pedirle datos sobre su hermano un año mayor. En las imágenes se puede ver su pecho con marcas rojas producto de los golpes que un oficial le propinó con una rama mientras yacía en el suelo. En ninguno de estos episodios había de por medio algún tipo de delito, sólo la sospecha de caminar por las calles de la ciudad.

Pero una variante que se desprende de este tema es la misma agresión ejercida cuando se trata de alguna persona que haya cometido un delito, es decir los malos tratos ejercidos durante y luego de la detención. Según revela un informe del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal brindado a Rosario/12, desde diciembre de 2014 a abril de 2015 se dieron a conocer 187 casos de torturas en la provincia. Así lo remarca el «Registro provincial de torturas, malos tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes, abuso policial y malas prácticas», elaborado por dicho organismo estatal. Del total de los casos, 108 pertenecen a la circunscripción judicial de Rosario, y el 43 por ciento del total refiere a víctimas de entre 19 y 29 años, siendo de 12 por ciento la cantidad que reúne a menores de edad. Un dato a destacar es que el 72 por ciento de los casos de abuso policial se dan en la vía pública, y el 18 por ciento en la comisaría. El resto se reparte en patrulleros, alcaidía, y otros espacios con el mínimo porcentaje. Otro dato alarmante, es que el 38 por ciento de los casos no son judicializados y el motivo, en su mayoría, es el temor a represalias.

Otro escenario íntimamente ligado a la estigmatización sufrida por los vecinos de las barriadas surge a través de las detenciones arbitrarias. Un caso que sirve como ejemplo se dio en abril de este año cuando Oscar Talero y Ronaldo Sánchez, militantes sociales referentes de la comunidad qom «Los Pumitas», caminaban de noche por el centro rosarino para visitar un programa de radio al cual estaban invitados para contar sobre su trabajo. Si bien no hubo violencia física, fueron detenidos por averiguación de antecedentes y permanecieron durante varias horas en la Comisaría 1ra. «Estábamos fuera de nuestro territorio. Yo sé que por ser negrito y pasar dando vueltas, muchos dicen que estamos haciendo cosas raras», reflexionó Talero en aquella ocasión.

Sobre este tipo de situaciones hubo intervenciones en el plano político. A través de su banca como diputado provincial, el ahora concejal electo Eduardo Toniolli presentó en 2013 un hábeas corpus para que se declare inconstitucional la detención por averiguación de antecedentes. Por entonces, el juez Luis María Caterina lo rechazó, argumentando que la norma que describe la ley 11.516 se ajusta a la Constitución Nacional y que el verdadero problema es cómo y para qué se utiliza dicha ley. El accionar del juez se limitó a solicitar al Ministerio de Seguridad de la provincia que se instruya al personal policial para que no se realicen detenciones sin que haya «indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito». La petición de Caterina no tiene lugar en la estrategia preventiva del comisario Sánchez. Así queda abierta la posibilidad de que la llamada «portación de rostro» sea un motivo para los operativos policiales que muchas veces terminan en detenciones o maltratos.

Ante esta realidad, las respuestas desde los barrios no tardan en llegar. Muchas organizaciones sociales, ante el crecimiento de casos de violencia institucional, trabajan con los jóvenes para forjar herramientas a través de las cuales se puedan reconocer y respetar sus derechos. Un ejemplo de esto es la experiencia del Colectivo Bella Vista, en donde un grupo de pibes realizó dos cortos audiovisuales en los cuales reflejan estas situaciones. El primero de ellos concluye con una escena tan dura como cotidiana: un joven que luego de reunirse con sus amigos es interceptado por un oficial de una fuerza de seguridad y al intentar escaparse es alcanzado, golpeado y arrojado al suelo, con un final expectante mientras el único sonido que queda es el latido de un corazón. Luego, surge la lectura de un poema del joven escritor y cineasta bonaerense César González: «¿Y si mi presencia inquieta todos tus planes? ¿Y si te devuelvo con abrazos todas tus piñas?, ¿Y qué onda si estoy orgulloso de tu desprecio?».

En la otra producción audiovisual, estrenada recientemente, la problemática de la estigmatización se traslada a los planos generales de la sociedad. Se muestra a un pibe que viste una gorra y una camiseta de fútbol, mientras tres personas al pasar por su lado lo esquivan mirándolo con sospecha. Carlos, de 17 años y director del corto, explica con una anécdota que se trata de vivencias frecuentes: «Nosotros íbamos a un taller de panadería y una señora nos miró y salió corriendo». Aquí queda expuesto el rol de la sociedad, que termina fundamentando la postura del comisario Sánchez cuando argumenta que ante el reclamo de seguridad, lo mejor es trabajar en la prevención. La respuesta de los jóvenes de Bella Vista se instala con firmeza sobre el final del corto: «Nos negamos al destino que nos quieren imponer quienes no esperan nada de nosotros».

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-50950-2015-09-07.html