Subcomité contra la Tortura de la ONU recorrerá cárceles bonaerenses: “La situación es grave”
Miembros de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) se reunieron este lunes con unos de los integrantes del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, Emilio Ginés, ya que este organismo internacional realizará una visita a las cárceles bonaerenses en el mes de abril, con el propósito de establecer la situación de estas instituciones de encierro.
“Por la información que tenemos, la situación en la provincia de Buenos Aires es sumamente grave. Porque además de los problemas estructurales hay falencias del sistema judicial y altos índices de prisión preventiva. Realmente el sistema judicial no controla lo que pasa en los lugares de detención”, de este modo Emilio Ginés, miembro del Subcomité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Prevención de la Tortura, ponderó la situación existente en los lugares detención en territorio bonaerense, en el marco de una visita preparatoria de la que realizará en abril la delegación completa del Subcomité para monitorear la situación en los lugares de encierro asentados en la Provincia de Buenos Aires.
Emilio Ginés visitó este lunes la sede de la Comisión Provincial por la Memoria y se reunió con su presidente Hugo Cañón, con Laura Conte, vicepresidenta de la CPM, con Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la CPM, y con Roberto Cipriano García, director general del Comité contra la Tortura.
Durante el encuentro la CPM remarcó la dimensión de la violencia institucional, los malos tratos y la tortura imperantes en el sistema. Se repasaron las estadísticas que anualmente prepara la CPM y se subrayaron las omisiones y responsabilidades del Poder Judicial en el control y la investigación.
“Le presentamos un informe sobre nuestro seguimiento de la situación de las cárceles -afirmó Hugo Cañón- Con esto tendrá una visión actualizada del sistema de privación de la libertad de la provincia de Buenos Aires. Él ya conoce mucho el tema por sus anteriores visitas a la Argentina y encontrarnos con él nos permite avanzar en la prevención de la tortura. El Poder judicial tiene una enorme deuda. Actualmente Argentina tiene un déficit que enfrentar en las instituciones de encierro; están invisibilizadas: la realidad se mira de forma superficial, hay reacciones de coyuntura para responder a la tribuna, a la demanda de seguridad en función de emergencias políticas. Sin pensar en que tienen que ser medidas a largo plazo. Por eso es tan importante esta visita”.
Por su parte Alejandro Mosquera, secretario Ejecutivo de la CPM , señaló que “es necesaria una profunda reforma para enfrentar estos problemas de violencia institucional y violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro. Volvimos a enfatizar la importancia de la creación de un cuerpo como la policía judicial para la investigación de estos delitos. Los fiscales tendrán un cuerpo confiable e independiente de las fuerzas de seguridad para hacerlo. También es imprescindible la creación por ley del mecanismo provincial de prevención de la tortura y la autonomía de la defensa pública”.
El Dr. Roberto Cipriano García, que dirige el Comité contra la Tortura de la CPM, detalló que a Emilio Ginés “le describimos la situación actual. El año pasado murieron 120 personas en cárceles bonaerenses. Hay más de 1200 hechos de violencia institucional registrados en cárceles provinciales durante 2011 y una práctica sistemática de la tortura, más de 7000 casos relevados y se hicieron presentaciones judiciales por parte del Comité contra la Tortura de la CPM”.
Consultado sobre los alcances de la intervención del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, el experto español, Ginés, señaló que “nosotros no venimos a denunciar ni a sancionar a nadie. Venimos a trabajar para la prevención. Buscamos implementar una serie de políticas junto con el gobierno. Son situaciones que requieren que el gobierno dialogue con un organismo internacional y que se institucionalice un mecanismo nacional de prevención. El proyecto está en este momento en el Senado y esperamos sea aprobado prontamente. Hacemos votos e instamos a la rápida sanción de la ley”.
El funcionario de Naciones Unidas también expresó su preocupación por los altos índices de prisión preventiva y la falta de investigación de los casos de tortura. “Y realmente el sistema judicial no controla lo que pasa en los lugares de detención. Hacinamiento no es lo mismo que sobrepoblación. Hacinamiento es cuando en un espacio para 1 ó 2 personas, hay 10 ó 12. Hay casos que sobrepasan la propia condena y cuando los malos tratos se producen, y son hechos reales y tenemos constancias, no se investigan y se permite el abuso y la utilización de la fuerza sobre los detenidos que están desposeídos de cualquier tipo de protección”, dijo.
La visita del delegado Emilio Ginés es un anticipo de la que realizará la delegación completa del SPT en la segunda quincena de abril. Este pedido fue realizado por la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS en el año 2011 junto a otras organizaciones de derechos humanos de Argentina y aprobado por la asamblea del SPT.
La Argentina adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) y desde el 2007 debería haber puesto en funcionamiento el Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura.
El proyecto en el que participaron 22 organizaciones e instituciones, entre ellas la CPM, ya tiene media sanción en Diputados y espera ser aprobado por el Senado de la Nación.
LAS FUNCIONES DEL SPT
El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) estará integrado por 25 personas expertas independientes e imparciales en distintas materias, que actúan a título individual y proceden de los 57 países que han ratificado el Protocolo Facultativo.
La composición del Subcomité es multidisciplinaria, ya que forman parte de él desde juristas, hasta forenses, psiquiatras o expertos y expertas en Derechos Humanos. Emilio Ginés espera que “aumente el número de ratificaciones del tratado, para que se siga ampliando a otros estados que requieren un avance en la protección de los Derechos Humanos. Tal es el caso de Estados Unidos, Rusia y China”.
Las personas miembro del SPT realizan visitas a comisarías de policía, prisiones (militares y civiles), centros de detención (centros de prisión preventiva, centros de internamiento de inmigrantes, centros de justicia de menores, etc.), instituciones de salud mental, instituciones de atención social y cualquier otro lugar en que pueda haber personas privadas de su libertad.
Además, realizan recomendaciones para las reformas legales destinadas a mejorar el trato a las personas privadas de su libertad, incluidas las condiciones de detención. Emilio Ginés asegura que “se trata de un sistema proactivo de denuncia. Trabajamos junto con los gobiernos para conseguir avances en la protección de los Derechos Humanos, así como garantías procesales y penales”.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura tiene acceso sin restricciones a todos los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios, así como a toda la información relativa al trato y condiciones de detención de las personas privadas de su libertad. También tiene el mandato de entrevistarse en privado con las personas privadas de su libertad, y con cualquier persona o institución que pueda facilitar información pertinente.
Los países que han ratificado el Protocolo Opcional (OPCAT) deberán crear, en el plazo de un año, uno o varios Mecanismos Nacionales independientes para la Prevención de la tortura (MNP), cuya independencia funcional será garantizada por el Estado.
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