En Argentina existen cerca de 600 secuestros de mujeres para ser explotadas sexualmente en prostíbulos, casitas o whiskerías por año. La trata es un delito federal pero quienes deben hacer cumplir la ley y penalizar a los delincuentes extraen del delito una caja extra: la policía participa activamente en la protección de prostíbulos y en la desviación de las investigaciones. Por su lado, el sistema judicial tampoco toma las riendas con seriedad, los fiscales se tiran la pelota, se declaran incompetentes y los operadores demoran en trabas burocráticas torpemente. Los medios acompañan con estigmatizaciones, etiquetas y machismo. Mientras tanto, las decisiones legislativas continúan avalando que el control de la situación lo tenga el poder ejecutivo. La reforma de la ley contra la trata aunque bienintencionada, se demora. Florencia Pennacchi está desaparecida desde hace 6 años, ella es la prueba de lo mal que funciona todo.
Desde que la trata de personas es considerada delito federal, por la promulgación de la ley 26.364, hasta hoy, han pasado 3 años, en ese lapso se rescataron más de 2290 mujeres tratadas para ser explotadas sexualmente (348 de ellas tenían menos de 18 años) y se detuvo a 836 personas. Pero en estos 3 años sólo hubo cerca de 30 sentencias. Todo indica que la complicidad de los tres poderes pone palos en las ruedas para avanzar contra este aberrante delito.
Según estimaciones de Mercedes Assorati, quien dirigió el proyecto de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de lucha contra la trata y hoy maneja el programa Esclavitud cero, de la Fundación El otro, la Policía Federal recibiría de los prostíbulos de la Ciudad de Buenos Aires al menos 4 millones de pesos al mes. El dinero, como fin último de todos los movimientos, y la cultura machista naturalizada, de objetivación del cuerpo femenino, son otros de los puntos salientes del problema. Cada vez se habla más de trata y la violencia de género parece haber encontrado un espacio en la agenda mediática. El tema se debate también en el Congreso, al punto que ya ha pasado a la Cámara de Diputados la reforma de la reciente ley contra la trata, del 2008. Diversos programas de la sociedad civil y el Estado avanzan en la capacitación y prevención de un delito que algunos quieren que se considere de lesa humanidad. Sin embargo, cada año, según fuentes no oficiales, cerca de 600 mujeres y niñas son secuestradas en Argentina para ser prostituidas.
María Florencia Pennacchi es una de las mujeres que engrosa el número de tratadas mayores de edad, desapareció en el 2005 en la ciudad de Buenos Aires y aun no se la encontró. El caso de Florencia es de manual, eso fue al menos lo que descubrieron en 2007 Silvina Bergmann, amiga de la infancia de Florencia y Susana Trimarco, madre de la también desaparecida Marita Verón: las conductas sospechosas de la policía pusieron en evidencia la existencia de una red de complicidades para organizar y ocultar el delito. “Susana me dijo que por lo que estaba haciendo y diciendo la Policía, lo de Florencia debía ser trata”, recuerda Bergmann. La Policía parece ser un engranaje indispensable “para el secuestro y el traslado de las chicas, para la confusión en cuanto a la causa de la desaparición y para la supervivencia del prostíbulo”, comenta Lucrecia Ansaldi, Psicóloga de La Casa del Encuentro.
La participación policial se revela con la fuerza de un hecho que sucede adelante de los ojos de toda la sociedad. Sin embargo desde los diversos sectores matizan los alcances de la complicidad. La senadora por Salta Sonia Escudero, quien preside la Comisión de Asuntos Penales, que dio cobijo a la reciente reforma en la Cámara Alta a la ley contra la trata, si bien reconoce la participación policial, la define como “tolerancia por parte de los policías hacia la violencia contra la mujer”, como “un asunto cultural que nos involucra a todos y a los policías como parte de la sociedad”. En un mismo sentido, el informe anual de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) explica que “…pareciera que del reconocimiento y extensión que cada actor esté dispuesto a admitir en relación a esos derechos, dependerá la interpretación del fenómeno, primero; de la figura penal, después, y de las prácticas forenses encaminadas a su detección, investigación y sanción”.
Hay, al parecer, un conflicto ligado al desconocimiento del tema por parte de los miembros de las fuerzas policiales. María Laura Beltramo, abogada de la Fundación María de los Ángeles, dice que claramente el problema está también en la ignorancia de los operadores judiciales, que al momento de rescatar una chica lo único que buscan es la declaración, la denuncia; ella también subraya la ignorancia de los fiscales porque cuando una causa de trata cae en su fiscalía “les parece un caso grave, no lo quieren tener, se declaran incompetentes y tarda meses en reasignarse un nuevo fiscal”. A modo de ejemplo Laura cuenta que hace un año está frenada la investigación de una chica argentina perdida en España sólo porque aun no ha culminado el traspaso de una fiscalía autodeclarada incompetente a otra.
