El P.E.N y otras fuerzas políticas afines buscan instalar el tema de la baja de la edad de los menores para lograr su imputabilidad conforme al código penal para lograr con ello una sanción punitiva. Más allá de las intenciones que no se quiere inferir, lo cierto es que, guste o no, queda en el subconsciente colectivo que el flagelo de la inseguridad se debe a la participación de los menores en la actividad delictiva y que la supuesta “impunidad”, por su edad, ocasiona los males de la sociedad en la materia.
Tomar este punto sesgado y parcial, desde la política criminal y la realidad social, cuanto menos es incompleto y claramente injusto.
Incompleto porque el factor seguridad no se soluciona simplemente con “meter en la jaula “ a menores, sin comprender que la política criminal es, como un subsistema, de la política integral que el estado debe brindar a la sociedad. Rápidamente soslayamos las causas y vamos sobre las consecuencias. Vamos a construir más prisiones en lugar de haber invertido en educación, en cultura y trabajo como efectiva salida no solo al menor sino a sus progenitores.
Así, tomamos las estadísticas- que son las consecuencias- como un catálogo fundamental y omitimos analizar las causas y condiciones que permiten- cuando no obligan como único camino – al menor optar por el camino del delito. Omitimos también que es una obligación nuestra cuando el mandato preambular dice “promover el bienestar general” y suscribimos tratados internacionales que rápidamente dejamos de cumplir por los costos que implica y señalamos que son mandatos “programáticos”- disfraz eficaz, si los hay, para las omisiones constitucionales que tenemos todos, pero particularmente el gobierno.
2.- El derecho es el sustituto de la fuerza, la forma civilizada de resolver conflictos, pero sobre todo es la garantía del más débil para encontrar en dicho marco la igualdad ante la ley, y en un espacio de liberad encontrar la realización personal, pero jamás el derecho puede transformarse en ejercicio de mera fuerza que exprese un diseño de sanciones sobre el eslabón más débil de la sociedad, sin darles antes y de manera prioritaria, la posibilidad cierta de transitar otro camino. Hay que cambiar cárceles por escuelas o fábricas, prueben con cambiar encierro o balas por trabajo, genuino y en serio y vera como cambia la ecuación. Ah claro para ello la sociedad debe invertir y el presupuesto nacional debe inclinarse más empinadamente en ese sentido pero, claro, deberían entonces no suprimirse impuestos, retenciones, otros tendrían que oblar mas – el juego- y la renta ociosa contribuir.
3.-Para ello tendría que cambiar también el sistema punitivo estatal para otros delitos, los de naturaleza económica, en particular los de “cuello blanco” no con prisión ¿para qué? si el fin es la resocialización y los que cometen estos delitos están en las esferas más altas de la sociedad, pero con multas y sanciones económicas que vayan directo a asistir a los más débiles. Nadie sale a pedir prisión para el empresario de medios, petrolero y “zar” del juego en la argentina que evadió en impuestos casi el presupuesto que bien podría dar educación y trabajo a los menores. Desigualdad notoria si las hay.
4.- La clase política rápidamente clausuro el debate sobre las leyes del arrepentido, la recuperación de bienes de origen ilícito y peor aún la flagrante traición a la patria ( art.29 y 36 de la C.N) que significan entre ellos los delitos de corrupción, entre ellos particularmente enriquecimiento ilícito, sigue en la misma situación que antes de la reforma de 1994 ( es un delito contra el orden constitucional y sistema democrático pero figura como contra la administración pública) condenados con fuero y en funciones de senador de la republica ( Menem) ley de ética pública (25.188) que no se cumple ya que nunca se integró la comisión que dispone dicha norma y los intentos chocaron con la negativa de la CSJN primero y luego de ambas cámaras, convencidos que el poder es de ellos y no del pueblo ( art.1 y 33 de la C.N).
5.- Entonces los llamados delitos económicos y los delitos contra la administración que en consuno lo realizan empresarios y algunos políticos carecen de sanción efectiva y relevancia, cuando no de impunidad que se escudan detrás de privilegios irritantes, falta además de la política criminal acorde con un estado social y democrático de derecho la ley más elemental, básica e instrumental que se debe aplicar en una sociedad: EL EJEMPLO.
Basta ver la ley de amnistía económica- blanqueo- y su reglamentación para que las excepciones mágicas de la reglamentación incluyan a hijos y entenados (padre también) del poder.
- – Confesión brutal: no tengo las respuestas para la problemática, si sé que por este camino no se construye una sociedad más justa y equilibrada- solo apelo al camino más largo y no al atajo corto- tal vez debiéramos pensar con lógica deportiva para dar ejemplos como el “fair play” ( juego limpio) y para que ello exista debe haber “off side” ( fuera de juego) empresarios condenados por delitos económicos siguen haciendo de las suyas y lejos de sancionárseles económicamente evaden dicha responsabilidad con acrobacias dignas del artista más encumbrado; políticos que habiendo admitido coimas recibieron condena de prisión en suspenso y ¡!!un año de inhabilitación!!! Pero no le vamos a culpar al juez cuando es el sistema de permite y les “garantiza” a quienes más poder ejercer abusivamente de los mismos….mientras tanto…ah hay que bajar la edad de la imputación para los menores.
Esto es sencillamente absurdo, aprovecho para que las autoridades públicas hagan la CONADEP de la corrupción (solo cumplan la ley 25.188 ) ya que esa comisión ejerce el control horizontal que toda sociedad democrática debe tener sobre la cosa publica.
