En el panteón de los dioses criminales latinoamericanos hay monumentos, hitos y hasta una historia que registra las maldades cometidas desde las estructuras del Estado, durante las diversas dictaduras cívico-militares experimentadas en la región.
Lo que no había hasta hoy, sin embargo, eran imágenes precisas de los actos de terrorismo que perpetraron y pusieron en marcha sus protagonistas. Esas imágenes se encuentran ahora congeladas en las 130 fotografías que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó días atrás al juez federal Sergio Torres, a cargo de la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Allí aparecen retratadas personas arrojadas a las aguas del río de la Plata y del océano Atlántico durante los «vuelos de la muerte», llevadas luego por la corriente hacia las costas uruguayas. Sus cadáveres fueron recogidos en una fecha anterior al año 1979, con sus manos y pies atados, marcados por las muy reconocibles huellas de la tortura.
Las autoridades uruguayas los clasificaron indicando sus rasgos fisonómicos, edad aproximada y heridas que portaban consigo. Y más aún, los fotografiaron sin acaso saber que las imágenes resultantes alcanzarían publicidad 30 años más tarde.
Entre todas las preguntas que suscitan esas imágenes de cuerpos amordazados, torturados, echados a las aguas del río y el mar, está aquella referida a la actitud asumida por los perpetradores. ¿Han dado muestras de algún tipo de arrepentimiento por el plan criminal que elaboraron y echaron a andar? ¿Efectuaron alguna mirada hacia su interior y de ese viaje espiritual realizaron alguna devolución sustancial a la sociedad que todavía los sufre?
Sabemos que ello no es así. Pese a las conclusiones a las que arribara la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), luego de finalizada la experiencia dictatorial en la Argentina, y no obstante los hallazgos ventilados en cada uno de los procesos judiciales hasta hoy desarrollados, lo cierto es que desde el entramado humano que protagonizó el terrorismo de Estado, civil y militar, jamás hubo una muestra de arrepentimiento o un pedido de perdón.
Es en este punto donde las fotografías alcanzan quizá su mayor impacto, puesto que nos devuelven, como lo hace el propio mar, el retrato de seres humanos capaces de llevar adelante su plan criminal sin cargo de conciencia alguno.
Un plan que estaba destinado a suprimir una parte de la población valiéndose de la fuerza del Estado, de sus recursos y de su personal, así como del miedo colectivo inspirado en una política de detenciones ilegales, tortura y desapariciones forzadas.
A partir de la ausencia de un arrepentimiento profundo y de un pedido de perdón que agote todo lo que hasta el día de la fecha sabemos en relación con los diversos capítulos del macabro plan ejecutado, es entonces posible apreciar el valor de las respuestas jurisdiccionales emprendidas.
Ellas han venido a suplir el vacío producido por la impunidad de los autores, cómplices e instigadores de tamaños crímenes. Y han resultado piezas de inexorable valor para restaurar el campo de la verdad histórica y la memoria colectiva.
Los estudios realizados sobre la llamada «justicia transicional», aquella emprendida en períodos posteriores a grandes traumas sociales y políticos, coinciden en señalar la necesidad de articular una respuesta represiva en aquellos casos en los que el arrepentimiento está ausente. Y más aún, ante escenarios marcados tanto por la negación de los crímenes cometidos como por su justificación.
En tal sentido, las fotografías entregadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) servirán para profundizar la reconstrucción de la historia transcurrida y, simultáneamente, para reconocer a las víctimas aún sin sepultura.
Puesto que, como ha escrito Elisabeth Roudinesco: «Estos muertos, torturados, ejecutados, cortados, convertidos en cenizas, arrojados en las fosas, aniquilados, desaparecidos, nunca tuvieron derecho a un adiós pronunciado en el momento de sus muertes. No tienen cementerios militares, como tampoco los muertos de la solución final. Su muerte es un crimen contra la muerte».
(*) Juez Penal. Bariloche
