Tres imputados en la causa en la que se investiga la presunta vinculación de policías con proxenetas de la región del Valle Medio se presentaron ayer en el juzgado penal 30 a prestar indagatoria. Fueron el comisario (r) Carlos Britos, el ex oficial César Cayumil y el oficial en ejercicio Edgardo Mesa.
Fuentes judiciales explicaron que Mesa no pudo declarar por falta de defensor y que Britos y Cayumil lo hicieron negando los cargos en los que se menciona que habrían tenido conexión con regentes de cabarets.
La causa se inició mientras se trataba de encontrar a Otoño Uriarte, la joven de Fernández Oro hallada asesinada en abril de 2007, luego de 6 meses de búsqueda. En aquel momento a través de escuchas telefónicas se descubrió que policías, oficiales y hasta un comisario de la Comisaría Octava tenían diálogo fluido con dueños de prostíbulos de la zona y se inició una causa en la se investiga si los uniformados incurrieron en delito.
A principios de año, ante las versiones de que la causa por trata de personas iniciada en Choele Choel, en el juzgado de la jueza Marisa Bosco, había quedado en el olvido e incluso se había sobreseído a los principales imputados, desde ese tribunal desmintieron la versión. Se explicó que «de las escuchas y posteriores derivaciones de la investigación han quedado comprometidas cuatro personas, una de ellas procesada -el suboficial Daniel Vivanco por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» -y tres en carácter de imputadas. Todos son policías. En tanto uno sólo, el policía Moisés Rodríguez, recibió el beneficio del sobreseimiento por no encontrarse pruebas que lo vinculen con los hechos».
Tras una primera parte de instrucción llevada adelante por el fiscal Guillermo Bodrato, la causa pasó a manos de la jueza Bosco. Desde entonces permanecen imputados cuatro uniformados.
La causa consta de siete cuerpos y fue girada al Juzgado Federal de Roca al entender la jueza de Choele Choel que correspondía a ese fuero, por el tipo de delito investigado. Pero se planteó un conflicto de competencia que aún no fue resuelto y mientras tanto Bosco avanza en el proceso.
Pero en paralelo, en esta ciudad se continúa investigando una causa que tiene como imputado al ex secretario de Seguridad rionegrino, Víctor Cufré, por presunto «entorpecimiento» de la investigación de trata para explotación sexual. Este proceso está en manos del juez Víctor Soto, dado que Bosco fue denunciada y recusada, pero intervino como testigo. La jueza presentó –en su momento– varios folios explicando los motivos por los que se habría visto perjudicada su investigación de trata por el entonces subjefe de la Policía provincial. Allí da a conocer cómo en reiteradas oportunidades Cufré le habría negado personal policial para realizar tareas investigativas.
Fuente: http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=839006&idcat=9521&tipo=2
