El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes revocó el fallo que sobreseía al diputado nacional por Córdoba Oscar Aguad (UCR) en una causa por malversación de fondos, iniciada cuando el legislador era interventor de la capital de esa provincia.
Se trata de la causa en la que se investiga el destino de un crédito de 60 millones de pesos otorgado por la Nación a la Municipalidad de Corrientes cuando Aguad era interventor, en el período 1999-2001. En 2007, la jueza Laura Varela dictó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal. Pero en 2009, al asumir el intendente Carlos “Camau” Espinola, el municipio correntino se constituyó como querellante y apeló el sobreseimiento.
Al conocer el fallo, Aguad denunció ser víctima de una persecución política. “A partir de que me constituí en un férreo opositor al kirchnerismo y desde que asumió ‘Camau’ Espíndola como intendente de Corrientes, soy víctima de una persecución política”, afirmó ayer el diputado. “Esto ha tenido como corolario este intento, porque es un intento por ahora, de reabrir una causa terminada. La causa está terminada y sobreseída, con dos fallos. Ahora, voy a ir a la Corte (Suprema de Justicia)”, sostuvo.
El crédito se tomó en 2000, cuando Ramón Mestre (padre) era interventor federal de la provincia de Corrientes, para cancelar deudas del municipio con la administración provincial. Tras concederse el préstamo, la suma fue canjeada por bonos Cecacor (Certificados de Cancelación de Obligaciones de la Provincia de Corrientes) que nunca se rindieron, según consta en la denuncia.
“Ya se realizó una pericia que demostró que se hizo todo en forma oficial. La plata fue del Banco Nación al Banco de Corrientes y de allí se pagó”, afirmó Aguad.
Según consignó la agencia Télam, el Superior Tribunal de Justicia consideró que “no operó la prescripción de la acción penal de los delitos por los que se encuentra imputado, debido que se encuentra activa la causal de suspensión de la prescripción de la acción”.
Los ministros dispusieron, además, el reenvío de la causa al Tribunal de origen, el Juzgado de Instrucción 5, para que continúe su tramitación, encomendado a su titular “que adopte los recaudos necesarios tendientes a resolver la situación procesal de los imputados en un plazo razonable”.
La sentencia sostiene que el razonamiento del Juzgado fue erróneo porque incorporó un requisito extra a los conceptos de “funcionario público” y “desempeño de cargo público” que la ley no exige; y porque no advirtió que en la causa no se investiga cualquier delito sino el específico contra la Administración Pública.
Además, se contempla “el tema de la prescripción analizando los supuestos de ‘suspensión’ e ‘interrupción’ sucesivamente cuando en este caso el imputado es un funcionario público y corresponde analizar si se verificó la prescripción, desde el punto de vista de la suspensión y no de la interrupción”, que se aplica para los ciudadanos que no cumplen funciones públicas. (ver fallo completo en www.lavoz.com.ar)
La investigación se inició en 2000, por una denuncia de Rodolfo Amílcar Paladini.
Fuente: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/justicia-correntina-revoco-sobreseimiento-aguad?utm_medium=email&utm_campaign=Titulares+2012.03.23&utm_content=Titulares+del+d%C3%ADa+23-03-2012+MsgID_QOR344171&utm_source=Titulares
