Estamos asistiendo con sorpresa y preocupación a prácticas que avasallan elementales derechos humanos que deben imperar en un Estado de Derecho democrático y republicano, basado en garantías constitucionales y división de poderes.

Observamos en el último tiempo que de forma sistemática se filtran y reproducen escuchas telefónicas de conversaciones privadas en medios masivos de comunicación, las cuales deberían estar celosamente custodiadas por un órgano creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y los funcionarios a cargo de las causas en donde tramitan las mismas.

Recordemos que producto de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 256/2015) y de la CSJN, se ha creado la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (acordada CSJN Nº2/2016), cuyos principios rectores serían la “transparencia y confidencialidad”. En tal sentido, la norma dispone “Promover la transparencia de los actos y acciones de su incumbencia y fijar un sistema eficiente de control. En todos los casos se ajustará estrictamente a las normas legales vigentes y a las órdenes judiciales. Seguirá el principio de respeto de la Iibertad y privacidad de las personas. Establecer una reserva absoluta de la información (…) Garantizar la cadena de custodia de las escuchas con los estándares del Código Procesal Penal de la Nacion…” 

Sin embargo, tales acciones u omisiones mediante las cuales se filtran escuchas a los medios periodísticos, se producen de forma cíclica y cotidiana, sin observarse posteriormente consecuencias o deslinde de responsabilidades institucionales motivo de estas graves irregularidades. Los organismos y funcionarios judiciales a cargo no suelen clarificar lo ocurrido, como si no tuvieran que dar cuenta a la ciudadanía en general de estas conductas contrarias a derecho y las responsabilidades puestas a su cargo.

La filtración de “escuchas” es claramente un actuar ilegal de los funcionarios en cuyas manos se ha puesto el resguardo de las mismas, bajo la responsabilidad, excepcionalidad y sensibilidad que significa la intromisión de los poderes públicos en la intimidad de las personas. La utilización de tal herramienta es meramente legítima a fines investigativos de las causas que tienen a cargo y no pasibles de ser filtradas para utilizarse como contenidos ilegales en show mediáticos.

La naturalización de esas conductas, resulta muy grave para nuestra democracia y el Estado Constitucional de Derecho, y la divulgación, lejos de constituir “periodismo de investigación”,  significa la utilización de contenidos obtenidos de forma ilegal, visibilizando y haciendo provecho de la debilidad institucional de los órganos que deben resguardar los mismos y la absoluta ausencia de control sobre ello.

La sociedad en su conjunto es la mayor perjudicada, siendo que cualquier habitante puede ser pasible de vulneración en sus derechos más elementales, alejándonos de la democracia y el bienestar general. Aquello que aparece efímeramente como una verdad revelada, constituye una burda práctica de desprestigio y puesta en evidencia de la vulnerabilidad y/o corruptibilidad de algunos estratos de los poderes públicos.

Nuestra Constitución Nacional es clara cuando reza “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrado…” (Artículo 19).

Como asociación que impulsa básicamente acciones que contribuyan a la paz social, respeto de los derechos y situándonos en contra de cualquier afrenta a los principios constitucionales, nos vemos en la necesidad de pronunciarnos y exigir a quienes tienen la obligación de la defensa de un Estado respetuoso de las garantías fundamentales, entre los que se encuentran los representantes políticos, sociales y los miembros del Poder Judicial, que cumplan con esa digna función.

De lo contrario, la dirección equivocada sólo nos conducirá a una sociedad sin reglas, sin respeto a las instituciones y profundamente individualista, que advertirá las prácticas defectuosas sólo cuando sean víctimas de ellas.

Convocamos así a defender los derechos humanos, por cuanto son los pilares de nuestra base democrática.