«La conducta de Iribarren a la luz de las constancias de este proceso de enjuiciamiento merecen la calificación de mal desempeño de la función», sostuvo para finalizar su alegato la Procuradora General, Liliana Piccinini, quien ayer pidió la destitución del juez que tuvo a su cargo la instrucción del primer triple crimen de Cipolletti. Pidió además que el magistrado sea inhabilitado durante cuatro años para ejercer funciones judiciales.
Anoche el titular del juzgado de instrucción 12 de Roca, Pablo Iribarren, pronunciaba sus últimas palabras de defensa ante el jury que preside el camarista de Viedma Jorge Bustamante.
En la audiencia se admitió la desaparición de un expediente conexo y se pidió desde la defensa que se inicien causas por malversación de fondos públicos, coacción y falso testimonio. La acusadora pidió desestimar los tres planteos y recomendó a Iribarren que se presente «mañana mismo» a radicar denuncias formales al respecto «bajo juramento de decir verdad», condición que ahora no le pesa por su carácter de imputado.
Promediando la tarde, los abogados Oscar Pineda y Maximiliano Rusconi pronunciaron encendidos alegatos en procura de una absolución. «Igual, que se queden tranquilos los que no lo quieren a Iribarren, porque aunque sea absuelto en este proceso va a renunciar», anticiparon.
Antes de los alegatos se leyó la testimonial escrita del legislador Bautista Mendioroz, a quien la defensa de Iribarren apuntó como principal responsable de las «presiones políticas» sobre el magistrado durante la investigación. Luego se escuchó el cassette en el que el entonces vicegobernador de la provincia valoraba haber «apretado» al juez (ver aparte).
Basado en un recorte periodístico Iribarren acusó al «Estado rionegrino», sin puntualizar personas, de haber otorgado subsidios a la organización Familiares del Dolor, cosa que negaron de plano tanto Piccinini como su fundador, el empresario roquense Carlos Pablo, y el abogado de la Comisión Antiimpunidad que encabeza Ulises González, Marcelo Hertzriken Velasco. Por ello y por la indemnización que la provincia pagó a la familia González luego de un acuerdo en el que el estado reconoció su «actividad judicial defectuosa», la defensa de Iribarren solicitó que se corra vista a la fiscalía de turno para la investigación de una posible malversación. El tribunal de juicio resolverá si admite dar curso a la acusación en su sentencia final.
Según Iribarren, con el informe de 2003 de la Comisión Legislativa que habló de los «errores y horrores» de la investigación, «se dieron los argumentos para presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no quedó otra que llegar a un acuerdo de indemnización» porque la responsabilidad estatal estaba admitida de antemano. «El estado indemnizó sin que existiera decisión jurisdiccional que haya declarado que la investigación fue defectuosa. Entonces ¿por qué vendría bien mi destitución? Para que la provincia pueda justificar haber pagado subsidios con fondos públicos sin fundamento», lanzó Iribarren.
Piccinini sostuvo uno por uno los puntos de su requisitoria basados en que el juez «se desobligó» de lo que le exigía hacer el Código Procesal como conductor de la investigación, «se desentendió» de la dirección de las actuaciones, «delegó» tareas propias a las comisiones especiales y a policías particulares, «consintió» deficiencias, «omitió» el seguimiento de al menos una línea de investigación solicitada por la fiscalía y la realización «en tiempo oportuno» de varias pericias. En definitiva, le achacó que todo ello «acarreó la frustración del derecho de las víctimas de una actuación penal eficiente».
«En este marco de delegaciones no autorizadas por la ley, el juez disponía medidas a tracción de lo que las comisiones policiales le iban proporcionando (…) siendo que tuvo un año y medio de dedicación exclusiva a la causa», criticó la Procuradora.
Otro eje de la imputación fue que «pactó» con Claudio Kielmasz (a la postre condenado a perpetua en la causa) realizar un llamado telefónico desde una línea intervenida a miembros de una conocida familia de Cipolletti a los que el imputado, estando preso, atribuía responsabilidad en el triple asesinato.
El punto que más firmemente atacó la defensa de Iribarren en su alegato fue la afirmación de Piccinini de que en el proceso de juicio político «no rige la presunción de inocencia» porque «no se aplican tipos penales sino que se valora la idoneidad en la función». Contra eso, Rusconi disparó una larga lista de antecedentes de la justicia argentina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostienen diametralmente lo opuesto.
«Sólo les pedimos que sean objetivos. Ni más ni menos le pedimos a este Consejo», sostuvo el defensor Pineda en su alegato. Rusconi, en tanto, insistió en que «en ninguna de las acusaciones se ha demostrado la lesividad de alguna de las decisiones de Iribarren durante la investigación o qué norma se ha violentado. Una condena representaría la fulminación de la independencia judicial en Río Negro».
Fuente: http://www.rionegro.com.ar/diario/piccinini-pidio-la-destitucion-por-mal-desempeno-843240-9521-nota.aspx
