Dos meses después de que un adolescente fuera violado por policías en la comisaría 2ª de Trelew, uno de los testigos, cuyo testimonio determinó la detención de al menos tres de los cinco uniformados, fue asesinado pese a que se encontraba bajo protección judicial. El joven, Bruno Rodríguez Monsalve, de 23 años, se encontraba detenido en la 2ª cuando, el 18 de enero pasado, el adolescente fue ingresado tras una detención ilegal en la seccional. Rodríguez Monsalve había sido atacado por un policía uniformado montado en una moto a los pocos días de haber testimoniado. Luego de ese incidente, pasó a ser testigo protegido. Su asesinato es de una gravedad institucional inaudita, ya que además del crimen en sí mismo, repercute como modelo del terror sobre el resto de los testigos y sobre el propio adolescente que sufrió las violaciones y torturas.
La medianoche del martes 17 de enero, un chico de 16 años, M. A., discutía con su novia en una calle de Trelew. Tras una denuncia, un patrullero llegó para resolver el supuesto problema a su manera: se llevó ilegalmente detenido al adolescente, por una contravención. Lo trasladó a la comisaría 2ª de donde fue entregado a sus padres, golpeado, violado y penetrado con una tonfa policial.
El chico, desecho, se animó a relatar lo ocurrido, lo que derivó dos días después en la detención de cinco policías y la imputación de otros cuatro, además del médico policial que firmó un parte médico sin revisar a la víctima. Por otro lado, fue pasado a disponibilidad el jefe de la comisaría y dos días después cayó la propia cúpula policial. En los hechos no modificó demasiado.
Para sostener su denuncia, la víctima contó con testigos de la detención ilegal y con testigos del ingreso a la comisaría, además de la violación. Uno de ellos, quizás el más importante, era Bruno Rodríguez Monsalve, quien había sido detenido ese mismo martes 17 y fue testigo de cuando ingresaban a M. A. a la 2ª, incluso dio datos sobre la participación directa de dos y acusó sin precisión a un tercero.
Un día después de su declaración, el testigo Bruno Rodríguez Monsalve fue atropellado por un motociclista policial que le tiró la moto encima y le provocó varias heridas. “Loco, me quieren matar, me tiró la moto encima, me quiero ir, me van a matar”, dijo Rodríguez Monsalve al defensor oficial Sergio Rey, quien –por la Ley de la Defensa Pública de Chubut que habilita a los defensores oficiales a ser querellantes en casos de violencia policial– representa al adolescente M. A. y a su familia. La denuncia derivó en la decisión de protección del testigo. Pero también en que le tomaran una declaración que fue tomada como prueba anticipada. Se trata de testimonios que, para evitar el peligro que corre la vida del testigo, son tomados como prueba en juicio, para evitar incluso que deba declarar ante un tribunal. En el caso de Rodríguez Monsalve, “como no quiso declarar delante de los policías –dijo Rey a Página/12–, se utilizó el método de la cámara Gesell. Reconoció a dos de ellos directamente y sindicó a un tercero”.
Después, el testigo fue protegido de la Justicia y trasladado fuera de Chubut. Pero, imprevistamente, Rodríguez Monsalve reapareció para tramitar su documento. El lunes pasado fue atacado y muerto de tres puñaladas, sin que se sepa a ciencia cierta cómo ocurrió y sin que la policía chubutense parezca algo interesada en averiguarlo.
Cinco policías están detenidos acusados de violación y torturas: Aníbal Muñoz, Carlos Pato, Mario Bevacqua, Carlos Treuquil y Adolfo Carballo. Otros cinco se encuentran imputados por delitos excarcelables: Bruno Rodríguez, Héctor Santibáñez, Hugo Ortiz y Sergio Castillo. Además del médico policial, Fernando Zaghis.
La policía de Chubut tiene una aquilatada experiencia en el asunto de perder testigos en su contra. El caso de la desaparición de Iván Torres es un botón de muestra: seis testigos murieron asesinados. Una amiga de Iván fue violada y, después, el violador le dijo: “Hacé la denuncia en la 1ª –la misma donde estuvo detenido Iván– que te la tomo yo”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-190588-2012-03-28.html