Ayer 7 de marzo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura convocó a una reunión a los integrantes del Sistema de Prevención de la Tortura que trabajan en el ámbito Federal con el objeto de tratar la sobrepoblación del Sistema Penitenciario Federal.
En tal sentido se indicó que desde 2017 a la fecha la población carcelaria, en dicho sistema aumentó un 22 por ciento que se traduce en un incremento, sin antecedentes, de 2500 personas alojadas en cárceles federales. Para disimular este grave problema el Servicio Penitenciario Federal anunció un acrecentamiento de más del 10 por ciento de las plazas sin que se hayan producido obras significativas que permitan verificar esa ampliación.
La sobrepoblación genera condiciones contrarias a estándares internacionales para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de su libertad e implica un incumplimiento de recomendaciones, tanto de órganos nacionales como internacionales, y una inobservancia a sentencias judiciales que determinan cupos carcelarios.
De la reunión participaron los comisionados Alex Ziegler, Juan Irrazabal, Gustavo Palmieri, Diana Conti, Josefina Ignacio, María Laura Leguizamón, Diego Lavado, Rocío Alconada, Enrique Font y Alberto Luchetti; por el Sistema de Control Judicial de Cárceles, Gustavo Hornos, Lucia Gallagher, Mirta López González y Eva Asprella ; Gustavo Iglesias y Guillermo Todarello, por la Comisión de Cáceles de la Defensoría General de la Nación; Andrés Heim y Agustín Mosso, por Procuvin; Ariel Cejas y Juan Acosta, por Procuración Penitenciaria de la Nación e Ignacio De Giano, por la Comisión Provincial por la Memoria.
Durante la reunión se analizaron distintas estrategias que se tomaran en conjunto para abordar un tema que es consecuencia, por un lado, de la política criminal de encierro apoyada por las leyes regresivas en materia penal y, por el otro, del convenio firmado entre el Ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano y la Gobernadora María Eugenia Vidal por el cual se da traslado a presos bonaerenses al Sistema Federal. Los participantes manifestaron su preocupación por el convenio mencionado, en la medida que está generando una clara vulneración de derechos a tanto a las personas privadas de la libertad del Sistema Federal como del Sistema Penitenciario Bonaerense.