La Asociación Pensamiento Penal observa con profunda preocupación la amenaza del Gobierno nacional de pedir el juicio político del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, como consecuencia de su desempeño  en la investigación de posibles delitos que vinculan a personas y funcionarios relacionados con el actual poder político de turno.

La circunstancia que el juez federal haya concurrido a la Cámara de Diputados a dar explicaciones sobre la investigación a su cargo y revelar algunos detalles de la misma, lejos de constituir una falta, debe ser vista como una rendición de cuentas pública, sobre una causa de notable repercusión institucional. Máxime en un contexto donde quienes investigan a los funcionarios del gobierno anterior hacen gala de la difusión de los avances de sus respectivas investigaciones sin observaciones de ninguna índole, circunstancias que, eventualmente, disculpan cualquier posible extralimitación del juez en su presentación pública.

El Gobierno nacional no puede desconocer que el anuncio de pedido de juicio político opera como un fuerte condicionante sobre el Poder Judicial en general, pero especialmente en las causas que lo pudieran involucrar y, de ese modo, se encuentra en los límites de la persecución a los disidentes. Si en realidad tiene la tranquilidad de la legalidad de los actos de sus funcionarios, lejos de obrar de este modo, tiene el deber ético y político de brindarle al juez Ramos Padilla todas las seguridades para que cumpla su cometido, máxime cuando se encuentran activas todas las instancias que permiten revisar su actuación.

El pueblo de la República Argentina tiene el derecho a que se conozca la verdad sobre todos los actos irregulares relacionados con el manejo de la cosa pública, pasados, presentes y futuros y es deber estatal rendir ese homenaje al Estado de Derecho y la democracia.