El 30 de marzo de 2012, en el marco de su 144 Periodo de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió modificar el mandato de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes, a cargo del Comisionado Felipe González. En respuesta a la multiplicidad de desafíos que plantea la movilidad humana en la región, el nuevo mandato está enfocado en el respeto y garantía de los derechos de los migrantes y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como otros grupos de personas vulnerables en el contexto de la movilidad humana.

La movilidad humana, como fenómeno complejo, comprende numerosas facetas que incluyen, inter alia, la situación de los migrantes y sus familias, los solicitantes de asilo, refugiados, solicitantes de protección complementaria, apátridas, exiliados y víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes y desplazados internos^[1]. Durante décadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido todos estos temas a través de sus informes de casos, medidas cautelares, visitas a países e informes temáticos y de países. En respuesta a la multiplicidad de desafíos que plantea la movilidad humana en la región, a partir de 1996, con la creación de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, la CIDH ha dedicado especial atención a la protección de los derechos humanos de los migrantes, así como de otros grupos vulnerables en el contexto de la movilidad humana.

Los flujos migratorios mixtos presentes en la región se caracterizan por incluir migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y víctimas de trata de personas. Las categorías de los migrantes son diversas y se diferencian, entre otras razones, dependiendo de si su situación migratoria es regular o irregular; así como por las razones que conllevaron a su migración, como es el caso  de aquellos que migran por razones económicas, políticas o ambientales.

 Desde sus primeros años la Comisión ha prestado especial atención a la situación de los refugiados en el hemisferio, tal como sucedió con el éxodo masivo de refugiados procedentes del Caribe en la década de los sesenta, sobretodo de los ciudadanos cubanos tras la Revolución Cubana de 1959. Posteriormente, los desafíos que plantearon las dictaduras militares en la década de 1970 en el Cono Sur probó la capacidad de respuesta de la Comisión Interamericana en lo que respecta a la protección de los refugiados. Durante la década de los ochenta, las guerras civiles en Centroamérica plantearían retos similares para la Comisión.

A lo largo de los años, la Comisión ha seguido haciendo seguimiento a los principales desafíos que enfrentan los solicitantes de asilo, los refugiados y solicitantes de protección complementaria en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados, tal como lo hiciera, entre otros, en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Solicitantes de Asilo en el Marco del Sistema Canadiense de Determinación de la Condición de Refugiado, el Informe Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, los Informes de Progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias y en el reciente Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante “el ACNUR”), se estima que en la actualidad en las Américas hay más de 500 mil refugiados, cerca de 300 mil personas en una situación similar a la de los refugiados y cerca de 130 mil solicitudes de asilo pendientes.  Si bien estás personas están prácticamente en todos los países del continente, principalmente, se encuentran en Estados Unidos, Venezuela, Canadá y Ecuador.

A pesar de que la mayor parte de la atención en términos de migración se centra en la migración internacional, la movilidad humana también plantea grandes desafíos en términos de migración interna. En la actualidad la mayor parte de la migración se da a nivel interno de los Estados. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se calcula que los migrantes internos representan aproximadamente 740 millones de personas a nivel mundial, lo que significa que la migración interna representa casi cuatro veces la cantidad de migrantes internacionales. Más allá de los desafíos propios que conlleva la migración interna, el desplazamiento interno forzado presenta los mayores desafíos para la vigencia de los derechos humanos. De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, para finales de 2010 se estimaba que había cerca de 5.4 millones de desplazados internos en el continente americano como consecuencia de conflictos armados, violencia generalizada y violaciones de derechos humanos.

Algunos de los desafíos más apremiantes que genera la movilidad humana en materia de violaciones a los derechos humanos son, entre otros: la criminalización de los migrantes en situación irregular; las situaciones que plantean en términos de protección los flujos migratorios mixtos; la denegación de protección judicial y de garantías procesales en procedimientos migratorios; la violencia y las violaciones masivas de derechos humanos generada por parte de actores no estatales, tales como organizaciones de la delincuencia organizada, cárteles del narcotráfico, maras o grupos paramilitares. Por otra parte, en algunos países se han introducido reformas o proyectos legislativos relativos a sus sistemas de determinación de la condición de refugiados, destinados a restringir el acceso a la protección internacional para los solicitantes de asilo, los refugiados y los solicitantes de protección complementaria. Otros de los desafíos que se dan alrededor de la movilidad humana  en el hemisferio tienen que ver con la persecución y la violencia a la que están sujetos grupos en situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres, los niños, las niñas, los y las adolescentes, las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, los afrodescendientes y los indígenas. Asimismo, fenómenos como la migración como consecuencia del cambio climático, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el desplazamiento interno son otros de los desafíos que requieren respuestas en materia de derechos humanos.

En vista de lo anterior, la ampliación del mandato de la Relatoría sirve para institucionalizar la práctica tácita que durante los últimos años ha venido a ocupar la Relatoría al trabajar en peticiones individuales, casos, medidas cautelares y provisionales e informes temáticos y de países que involucran a solicitantes de asilo, refugiados, solicitantes de protección complementaria y apátridas. Asimismo, sirve para reforzar el trabajo que históricamente ha desarrollado la Comisión en la protección de los derechos humanos de otros grupos vulnerables de personas en el contexto de la movilidad humana, tanto a nivel internacional como interno, tal como es el caso de los grupos de personas antes señaladas y de los desplazados internos. En este sentido, el nuevo mandato de la Relatoría está enfocado en

El respeto y garantía de los derechos de los migrantes y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados,  solicitantes y beneficiarios de protección complementaria, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como otros grupos de personas vulnerables en el contexto de la movilidad humana.