Toda persona necesita que el estado le garantice el derecho a la identidad.
La importancia de “llamarse”, ser nombrado de la forma que nos individualiza como ciudadanos y ciudadanas, y contar con los documentos del Estado que lo certifican, es básico y esencial.
Los organismos estatales tienen el deber primordial de generar las acciones que garanticen el derecho a la obtención del Documento Nacional de Identidad a quienes se encuentran en condiciones de desigualdad social.
Durante el transcurso del año 2020, la confección del DNI a personas en diferentes situaciones de vulnerabilidad debió ser una tarea imprescindible del Estado, especialmente por la necesidad de contar con el mismo para el ejercicio efectivo de otros derechos.
En referencia particular a las personas que se encuentran privadas de la libertad, debido a que están bajo custodia estatal, se presenta la chance de abordar la falta de documentos con una política básica y de sencilla implementación, con miras a la restitución e inclusión. Esta situación no es contemplada, ni mucho menos planificada, por parte de las autoridades respectivas. Así, se desaprovecha la oportunidad para que estos ciudadanos y ciudadanas cuenten con su DNI, tanto durante el alojamiento como en el momento de su egreso de los lugares de encierro. Su obtención desarrollaría mayores posibilidades de inserción, a la vez de una clara reducción de sus niveles de vulnerabilidad social.
Es necesario destacar que el Derecho a la Identidad se encuentra estrechamente relacionado con la garantía de otros aspectos tan importantes como el acceso a salud, educación, trabajo, seguridad social y vivienda. Por otra parte, contar con esta documentación muchas veces resuelve las perjudiciales incidencias en la construcción estigmatizante que las agencias punitivas realizan sobre cierto grupo social, a través de las detenciones innecesarias, que suelen derivar en otros casos de violencia institucional, algunos de extrema gravedad.
Entendemos que en la garantía de la Identidad anida uno de los derechos fundamentales con los que cuenta cada ser humano. Por esa razón, es necesaria una política pública clara, con miras a que las personas privadas de libertad obtengan su DNI, ya que esto es crucial al momento de la conformación de la existencia como sujetos de derechos y obligaciones, generando una herramienta de ciudadanía con el objeto de reintegrar a la sociedad a pesar de la cárcel.
