Desde junio empezará a implementarse gradualmente el nuevo Código Procesal Penal que traslada la responsabilidad de investigar delitos de los jueces a los fiscales. Sin embargo, destacan que decisiones como las detenciones, los allanamientos o el secuestro de materiales deben seguir dependiendo de juzgados de garantías. En Ciudad Judicial comenzaron a preparar el terreno para la transformación del sistema que deberá hacer frente a más de 45.000 causas por año.
El cambio en el modo de realizar los procesos penales se aprobó, por iniciativa del Poder Ejecutivo, en la Legislatura en noviembre.
La reforma generó marcados cuestionamientos de sectores que consideraron que faltó un mayor análisis antes de que se convirtiera en ley.
La modificación que empezará a regir en junio transfiere a los fiscales la tarea de hacer una primera investigación de los delitos para después llevarlos a juicio. Hasta ahora, este trabajo estaba en manos de juzgados de instrucción.
Sin embargo, fuentes del Poder Judicial se preocupan por resaltar que los jueces de garantías siguen teniendo injerencia en funciones relevantes, como la potestad de las detenciones. El juzgado de garantías deberá ordenar, a pedido del fiscal, los arrestos, secuestros de objetos relacionados con la causa o allanamientos de domicilios para buscar evidencias.
También dependerá en última instancia del juez que se apliquen medidas cautelares preventivas hasta que se defina con una sentencia la cuestión que se analiza.
Quedará a cargo de los fiscales investigar, indagar y también determinar qué casos deben ir a juicio. Este último punto generó cuestionamientos de sectores que apuntaron que el fiscal es parte comprometida en la causa y no un actor neutral.
Debe intervenir la Legislatura
La transformación del Código Procesal Penal no es sencilla y en Ciudad Judicial se apuran modificaciones complejas que deben definirse en poco tiempo.
Desde junio de 2012, el cambio de modelo regirá para los delitos con penas de hasta cinco años y en junio de 2013 debería aplicarse para todas las causas penales.
La reforma demandará una capacitación profunda y una variación en estructuras de personal. También requiere que la Legislatura trate la habilitación de nuevas áreas, para lo cual el Poder Judicial tiene que enviar proyectos de ley en pocas semanas.
Los ocho juzgados correccionales y cuatro cámaras del crimen que existen actualmente deberán reconvertirse para dar lugar al nuevo modelo.
Para organizar el cambio, se creó una comisión integrada por los jueces de la Corte de Justicia Guillermo Posadas, Guillermo Catalano y Abel Cornejo.
El Poder Judicial inició una capacitación para formar a los funcionarios de los juzgados y del Ministerio Público sobre cómo deben comenzar a trabajar.
Estaba previsto que en estos días se empezaran a dictar talleres sobre la implementación progresiva del Código Procesal Penal en la Justicia.
Fuente: http://www.eltribuno.info/salta/145417-Preparan-la-implementacion-de-la-debatida-reforma-judicial.note.aspx
