«El policía, cuando siente que tiene apoyo y reconocimiento, hace todo lo que tiene que hacer. Rompe puertas, se la juega, pone el pecho. A mí me da mucho placer y orgullo el valor de muchos policías cuando me acompañan a salir a buscar a los delincuentes, cómo ponen el pecho por la camiseta. Pero lamentablemente, hoy la fuerza está devastada».
A lo largo de sus treinta años de experiencia en el Poder Judicial, el Juez de Garantías platense César Melazo ha sido testigo de lo que define como un largo proceso de deterioro de las condiciones de trabajo de la Policía. Ese fenómeno parece ser una de sus preocupaciones centrales cuando analiza la evolución del delito. El abandono de las tareas de inteligencia criminal, la imposibilidad de asegurar mejores condiciones de reinserción de los presos liberados y la pavorosa expansión del consumo de drogas son, dice, las otras caras del problema.
Aunque su nombre estuvo varias veces vinculado a causas resonantes, Melazo tuvo en los últimos días un episodio que lo puso en medio de la mirada pública. Aficionado a la red social Twitter, criticó duramente allí a la agrupación Quebracho por los incidentes ocurridos frente a la Embajada de Gran Bretaña el 2 de abril pasado y no dudo en asegurar que le gustaría «romperles la cara» a algunos de sus militantes. Las repercusiones incluyeron una respuesta de la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien «recomendó» a los jueces «que no den cachetazos, sino que agarren el Código Penal y juzguen de acuerdo a lo que dice la Constitución y el debido proceso».
Padre de Agustín (19), Lara (17), Camila (14) y Julia (13), César Melazo nació en 1961 en la clínica Mater Dei de La Plata, donde vivió hasta los siete años, cuando su familia se trasladó a capital federal. Allí hizo la primaria y la secundaria en el Colegio Champagnat. Sus primeros pasos en la Justicia los dio cuando iniciaba sus estudios de Abogacía, como ordenanza en la oficina de Mandamientos de los Tribunales de Tigre.
En 1983 consiguió el pase a los Tribunales platenses, donde inició una sólida carrera que lo llevó, en 1989 a ser nombrado prosecretario en la Sala 4 de la Cámara Penal. En 1992 fue designado fiscal y en 1995, Juez Crminial y Correccional, la figura que contemplaba el antiguo código. Con la reforma penal de 1998, se convirtió en Juez de Garantías, cargo que desempeña hasta hoy.
Aunque tuvo un breve paso por el derecho laboral, toda su carrera estuvo vinculada al Fuero Penal. «Empecé a vivir el derecho penal de la mano de mi padrino jurídico, Juan Vicente Girolamo, con quien trabajé durante tres años como asistente y relator. Fue una época que aprendí mucho, trabajábamos todas las noches en su casa. Fue una persona maravillosa que me marcó profesionalmente», recuerda.
¿Cómo se vive con una profesión que implica la posibilidad de disponer de la libertad de las personas?
«A mi me pasó en distintas épocas. Me tocó como fiscal y como juez, que implican responsabilidades distintas, porque una cosa es pedir una pena y otra firmar una sentencia o resolver la detención de una persona, que es muchísimo más difícil, sobre todo por el convencimiento de haber hecho justicia aplicando la ley, que no siempre sucede».
¿Cómo se manejan las dudas, el temor a equivocarse?
«Claro que a veces hay dudas que quedan dándote vueltas en la cabeza. No es que no sepas cómo resolver. Pero dudás, y la duda es sana, porque dejás de creer que sos dios. Es un trabajo en el que tenés que ser muy consciente y manejar la presión».
¿Hay elementos de presión en esas decisiones?
«Hay mensajes políticos. Los hubo por ejemplo en la causa del juego clandestino. Cuando fui Juez Penal y Correccional por primera vez se instruyó una causa sobre juego clandestino tipificándolo como delito y no como una falta. Para mí estaba claro que estábamos hablando de una enorme estafa millonaria contra el Estado que se cometía a diario. Pero parecía que en ese momento nadie quería avanzar porque a muchos les servía que haya capitalistas del juego, desde donde partían retornos a funcionarios. Eso estaba claro. Era un ejército paralelo que juntaba plata y el Estado no hacía nada».
Desde que se hizo esa investigación el juego administrado por el Estado ha crecido muchísimo, ¿cómo es hoy el panorama del juego clandestino?
«El Estado sale a competirle al juego clandestino, no a combatirlo. Le compite abriendo más oferta de quiniela, de juego online, de lotería. Han aumentado las recaudaciones oficiales porque hay más oferta. Pero sigue habiendo grandes capitalistas de juego en la Provincia que todavía manejan el poder, con una vinculación posible con el narcotráfico, que es donde está el verdadero negocio».
Se ha abierto el debate en torno al proyecto de Policía Judicial, ¿cuál es su visión del tema?
«Yo estoy a favor de la Policía Judicial, sería un avance porque eliminaría las sospechas de connivencia. Pero esto no va a modificar en nada el delito en las calles ni la inseguridad, al menos por mucho tiempo. Con la Policía Judicial, la investigación podría ser más pura, aunque no necesariamente será así. Desde ya que estoy a favor que se preparen personas para que hagan investigación, se le den recursos, pero el funcionamiento real va a ser responsabilidad de su cabeza, de la Justicia, de la Procuración».
¿Cuál es su visión sobre la actualidad de la Policía Bonaerense?
«La Policía bonaerense está devastada. Por un lado, la necesidad de tener más policías en las calles hace que los cursos sean cada vez más cortos y de menor calidad, lo que implica que estamos poniendo en la calle personal peor preparado que los que ya están. Un sueldo de 2.500 pesos para un ingresante no alcanza para nada, salarialmente la policía de Macri triplica a la Bonaerense, lo que hace que se esté yendo más gente. La Provincia invierte mucho dinero en formar policías que después emigran a la Policía Metropolitana».
¿Falta reconocimiento a esa tarea?
«El Policía cuando tiene apoyo de sus superiores, hace. Va, rompe puertas, se la juega, pone el pecho. Es muy fácil criticar desde un escritorio de un ministerio o de un organismo de Derechos Humanos. Hay que estar en su lugar, hay que salir a la calle. El apoyo tiene que ser judicial, de los fiscales, de la Procuración y del Ejecutivo».
El aspecto presupuestario parece ser una de las cuestiones centrales…
«Es muy difícil romperle a la Policía ese mecanismo implantado de que su funcionamiento se financia con esta zona gris de las recaudaciones ilegales del juego, de la prostitución, del aborto, de la venta de drogas. La Policía se maneja con eso. Es sabido y permitido por el poder político desde que yo tengo uso de razón en el Poder Judicial. El mensaje a la policía es ‘andá y hacelo´. Las cajas que mandan desde el ministerio a las comisarías llegan tarde y no alcanzan, pero los patrulleros que se rompen hay que arreglarlos, hay que ponerle combustible a los móviles. Creo que el origen de esto es que nunca se les dio viáticos a la Policía, siempre se dejó a la fuerza que se arregle sola. Desde antiguo, a los ministros lo único que le interesa es no tener problemas. Entonces, hay una suerte de pacto para que se muevan en esa zona gris».
Ha tenido hace pocos días un episodio muy comentado a partir de su intervención en Twitter, cuando criticó a Quebracho, que tuvo una respuesta de la Presidenta…
«Como red social, Twitter me abrió un canal de comunicación con la gente realmente hermoso. Es un lugar de juego, de ironías. Yo puse mi nombre y opino de lo que se me ocurre, hasta del precio de la yerba. Ese día, después de ver el mensaje de la Presidenta, que me pareció excelente, veo por televisión a este grupo de delincuentes que empieza a romper kioscos de diarios, locales comerciales, tirándole piedras a la Policía, con las caras tapadas. Es una vergüenza que se les permita hacer eso. Tendría que haber habido un control previo de la Secretaría de Inteligencia, del Poder Judicial. Por eso dije lo que dije en Twitter. Y el reclamo posterior de la Presidenta también me pareció excelente. Que los jueces agarren el Código Penal me parece excelente. Con estos dichos, creo, se le acaban las excusas a los funcionarios para no actuar ante los cortes de calle. Si hay alguien del Gobierno que protege al grupo Quebracho, se acabó. Los jueces agarran el Código Penal y actúan. Me parece excelente. No lo tomé como algo personal».
Fuente: http://www.eldia.com.ar/edis/20120408/la-policia-esta-devastada-necesita-apoyo-politico-septimodia0.htm
