Una nueva muerte bajo custodia marca una constante en los últimos años en la provincia sin que se observe un replanteo de las políticas tanto respecto de las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, como así de la política criminal.

No es la policía una institución idónea para realizar tareas en los establecimientos penitenciarios, pues su formación, objetivos de seguridad

y orden como premisa fundamental, impiden el trato humano imprescindible.

En cuanto a la política criminal, desde que el nuevo sistema de persecución penal se estableció en la provincia, los encarcelamientos crecen a tasas exorbitantes (más de un 10% anual) sin que se observen políticas para revisar esa situación.

¿Quién se hace responsable por estas muertes? ¿Las propias personas privadas de libertad? Nuestra constitución es clara: esta es una nueva muerte bajo custodia del Estado.

Invitamos a las autoridades a que revisen sus políticas penitenciarias y de persecución penal de acuerdo a los estándares de derechos humanos.