Florencia Piermarini, ya sea por sus logros de gestión o su mera condición de mujer, no pasará desapercibida en la historia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Es que tras la muerte de Marcelo Pernici, en febrero de este año, la joven de 36 años fue designada por el gobernador Daniel Scioli como jefa del sistema de encierro provincial que alberga en casi 60 unidades a más de 28 mil detenidos. Se convirtió así en la primera mujer en comandar el SPB.

Durante una visita que realizó a la ciudad, en el marco de un seminario internacional que presentó al rugby como herramienta de tratamiento penitenciario, Piermarini concedió una entrevista al diario El Atlántico.

La conversación, a raíz de las denuncias presentadas por trabajo esclavo en la Unidad Penal 15, giró en torno a las responsabilidades estatales en materia de contratos con los emprendimientos privados, a las acciones promovidas desde el SPB para rever las condiciones de empleo y a las nuevas modalidades de radicación de esas firmas productivas en las cárceles bonaerenses. Piermarini adelantó que ya se gestiona “un proyecto para que el ingreso sea a través de convocatorias públicas y abiertas”.

-¿Con qué ideal resocializador comandarás el Servicio Penitenciario Bonaerense?

-El ideal es algo que venimos trabajando hace tres años. Yo estuve como asesora en la subsecretaría de política criminal e investigaciones judiciales, y la idea es trabajar por la inclusión y con las herramientas de la educación y el trabajo. Yo no creo que haya otra forma más efectiva para que alguien que está privado de su libertad y que el día de mañana volverá a la calle. Si dentro del servicio pudo trabajar y estudiar, y cuando sale le garantizamos, a través de organismos como el Patronato de Liberados, una contención, porque ese interno entra en un período de angustia, y afecto, esa realidad que no está tan buena puede mejorar o al menos sostenerse hasta que mejore, sin necesidad de reincidir.

La de cupos de liberados, del año pasado, también va en ese sentido, porque garantiza que el Estado tome mano de obra del servicio penitenciario en un porcentaje en cualquier oficina estatal. La idea también es incorporar a particulares y a empresarios privados a partir de una quita de impuestos.

Entonces, me parece que el ideal de inclusión es trabajar articuladamente. Trabajo y educación no es un cliché, es una necesidad y apuesta real.

-¿Y cómo pensás trasladar esa teoría a la práctica?

-Con el tema de educación, hoy por hoy, tenemos la matricula más alta de lo que es educación primaria, porque tenemos muchos chicos que nunca han terminado con ese nivel educativo. También tenemos educación secundaria y cursos de formación profesional con salida laboral, como ser de mozo, de chef, de mecánico, panadería, pastas, electricistas, albañilería. Le apostamos a los oficios.

La matricula creció por la ley que se reforma y propone recompensas, entonces estamos adaptando los espacios que teníamos de escuelas. Los estamos ampliando. Incorporamos contraturnos. Este es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Justicia y el de Educación, para poder garantizar que todo el que se anote pueda estudiar. Que no sea un premio, sino un derecho.

-Los informes de las visitas institucionales, que jueces y defensores realizan a los penales y comisarías de la ciudad, reflejan condiciones de detención muy precarias. Dan cuenta de problemas con el servicio sanitario y alimenticio y con la infraestructura…

-La verdad es que a las visitas institucionales las impulsamos nosotros mismos, desde el Ministerio. De hecho, se realizan en todos los servicios de manera continua. No sólo va el Poder Judicial, sino también el Comité contra la Tortura y distintos organismos de Derechos Humanos.

Sin duda que las bonaerenses, son las cárceles más monitoreadas del territorio nacional. Por otro lado, las descripciones muchas veces nos sirven para corregir algunas cuestiones. Hemos hecho un montón de cosas y sabemos que nos quedan muchas más. Lo que nos aportan esos informes, siempre es para mejorar.

-Una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo de Provincia, y una resolución de la Cámara de Casación bonaerense, ratificando dos fallos locales, pusieron en tela de juicio al sistema de empleo dentro de las cárceles. Se denunció y constató trabajo esclavo en la unidad penal 15…

-Recibí a la gente de la Asociación Pensamiento Penal luego de que salió el anuncio en los medios de comunicación, un poco para escucharlos y otro poco para ponerlos al tanto que desde el Servicio Penitenciario Bonaerense y la Subsecretaría de Política Criminal se habían realizado intimaciones a los empresarios que estaban trabajando en Batán, para que aclaren la situación laboral de la gente que tenían a cargo.
Se les pidió una rendición de costos y ganancias, en el marco de la causa de Perdichizzi, sin perjuicio del trámite de Casación. A raíz de ese fallo, lo que estamos haciendo ahora es una mesa articulada con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con la Defensoría General del Pueblo, con el Ministerio de Justicia y Seguridad y con el Servicio Penitenciario, para ir reviendo todos los emprendimientos.

Hemos cursado intimaciones a los empresarios para que adecuen las condiciones laborales que desarrollan dentro de la Unidad 15. Y en ese marco, vamos a seguir trabajando para ir sustituyendo a aquellos emprendimientos que no se ajusten a las normas y sentencias de regularización laboral.

-Entonces la intención del Servicio Penitenciario, más allá de las empresas que queden o sean sustituidas por otras, es garantizar puestos de empleo a los internos a través de emprendimientos privados…

-Si, claro. La intimación es sólo para que los empresarios se adecuen al fallo. Los que no lo puedan o quieran hacer, serán sustituidos paulatinamente, porque lo cierto también es que para los internos, esos empleos son una mano grande. No podemos dejar sin productivos al penal. La idea principal es no perjudicar a los detenidos, pero que tampoco sean sometidos a situaciones que no corresponden.

-Los convenios de radicación se suscriben en la Dirección de Trabajo del SPB. En esos acuerdos, se pactan las obligaciones patronales para con los detenidos. Por ende, el Servicio Penitenciario está al tanto de que los empresarios no pagan cargas sociales ni sueldos dignos. ¿Cuál es la autocrítica que hacen?

-Yo no sé si la palabra es autocrítica. Sí te puedo decir que hay una línea de trabajo que nosotros venimos desarrollando y que apuesta a ir trasparentando todas las cuestiones que tengan que ver con el trabajo y la educación.

Por eso me parece que una buena manera es hacer una convocatoria pública y abierta, como se hace para contratar proveedores del Estado, para el ingreso de productivos a los penales, con los parámetros que establece la ley de contratación. En esa línea de trabajo es que ahora estamos no sólo revisando los convenios de Mar del Plata sino todos los contratos que hay en la provincia de Buenos Aires para ir ajustándolos.
Las empresas van a ingresar a los penales por convocatoria pública. No de otro modo.

-¿Pero no consideran que hay una responsabilidad por parte de la gestión provincial? ¿Es sólo una irregularidad privada? Esos contratos son suscriptos, y por ende avalados, por el Estado bonaerense…

-Yo no sé a qué responsabilidad te referís.

-A que el Estado, a través de la Dirección de Trabajo, pacta las modalidades de funcionamiento de esos emprendimientos privados, a los que sólo se los obliga a pagar una ART y un salario simbólico. Nada más…

-Yo no sé si la palabra es responsabilidad del Estado. Nosotros tenemos a cargo el cuidado de 28 mil detenidos. Entre lo que tenemos como responsabilidad es garantizar que en el encierro, durante la ejecución de la pena, tengan trabajo y educación.

Yo creo que Mar del Plata es, simplemente, un caso. No es algo que pase en el resto de la provincia de Buenos Aires.

-¿Serviría, para trasparentar el proceso de contratos con las empresas privadas, que organismos de derechos humanos participen de esas instancias de acuerdo?

-La idea es armar una mesa de trabajo. En Mar del Plata, puntualmente con el Poder Judicial, con las ONG y con representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo, para que nos ayuden a traer emprendimientos productivos para que los internos puedan seguir trabajando, pero en buenas condiciones, y que no sientan sólo que tienen empleo sino que tienen un espacio de recreación y de abstracción mental de lo que pasa con su causa todos los días. Ésta es la respuesta institucional que se va a dar desde la provincia de Buenos Aires.

TRATAMIENTO PENITENCIARIO

Desde hace años, la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) denuncian vejaciones y torturas en casi todas las unidades penales de la Provincia.

De hecho, han sacado a la luz más de un caso de corrupción por parte de los propios penitenciarios. De ahí que se constate cierta discrecionalidad del personal de tratamiento en lo que hace a la custodia de los internos.

-Atenta a las sistemáticas denuncias de esos organismos de derechos humanos, ¿Qué mecanismos de control se adoptan para censurar estas prácticas abusivas por parte de los carceleros?

-Dentro de lo que es la subsecretaría de política criminal está la dirección de inspección y control, que son abogados del Ministerio de Justicia y Seguridad que reciben denuncias por este tipo de hechos que vos mencionas. Donde hay un civil instruyendo la causa, se hace un sumario, independientemente de la cuestión penal, para determinar si hubo responsabilidad penitenciaria y en ese caso apartarlo de la fuerza. Con ese criterio se viene trabajando hace algún tiempo. Es parte del decreto 368 del año 2011. Se instruye directamente desde lo civil.

A la par tenemos los supervisores del ministerio, que están continuamente monitoreando todas las unidades. Hay un supervisor por unidad, donde controlan no sólo las condiciones de detención, sino también lo relativo a alimentación, salud, todo.

EL SPB EN NÚMEROS

En las casi 60 unidades carcelarias que conforman el Servicio Penitenciario Bonaerense, hay detenidas unas 28 mil personas, según dijo a El Atlántico Florencia Piermarini, máxima autoridad del sistema de encierro provincial.

De esa cantidad, el 40% está en calidad de condenado. Y el resto, es decir un 60%, encerrado en carácter de procesados. “Aunque la mayoría con sentencia de primera instancia pero en proceso de apelación”, aclaró Piermarini.

Del total de la población detenida, estudian, según la funcionaria, unos 15.000 internos. “Es una cifra record”, aseguró, al confiar que la tasa de reincidencia entre quienes cursan la primaria o secundaria dentro de un penal “es prácticamente nula”, confió Piermarini.

Sobre el número de puestos de empleo, a nivel provincial, la jefa del Servicio Penitenciario apuntó: “Hay unos 700 trabajadores bajo convenio, pero más de 12.000 en trabajos que se generan dentro del servicio, como ser mantenimiento”.

En el universo penitenciario, Mar del Plata participa con casi 1100 detenidos, de los cuales 240 se emplean en 10 empresas privadas.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Florencia Piermarini llegó a la jefatura del Servicio Penitenciario tras tres años de trabajo en la Subsecretaría de Política Criminal, que lidera César Albarracín. Antes, la joven de 36 años ejercía su rol de abogada penalista en casos vinculados a la perspectiva de género y aborto. No fueron pocas las veces que, en calidad de funcionaria o letrada, visitó las cárceles de mujeres.

Consultada sobre si la perspectiva de género atravesará su gestión al frente del SPB, Piermarini contestó: “Venimos trabajando desde 2009 en lo que es la inclusión de la perspectiva de género en la currícula de formación del personal penitenciario. Es un contenido obligatorio. Pero sin perjuicio de eso, el Ministerio, a través de la Subsecretaría de Política Criminal, ha firmado un convenio con la Red Provincial de Mujeres para la Prevención de la Violencia, desde donde se realizan talleres participativos. Van a las unidades de mujeres, que son 15 distribuidas en 11 municipios, y hacen charlas”.

“La violencia –explicó- es un fenómeno, que al menos a las mujeres que están privadas de su libertad las atraviesa porque vienen de sectores excluidos y siempre han recibido algún tipo de violencia, ya sea institucional o física o psicológica. Por eso que es muy importante poder trabajar con ellas en ese sentido, al igual que hacerlo con el personal femenino, que también es víctima de violencia”, concluyó.