La participación de mujeres en hechos delictivos es un fenómeno creciente en los últimos años, no sólo en Santiago del Estero, sino en todo el país. Un fiel reflejo de esa situación es que desde 2008 a la fecha, la Unidad Penitenciaria Nº 2 mantiene ocupadas todas sus plazas.
Esto no había sucedido desde su puesta en funcionamiento, hace cuatro décadas, pues rara vez se habían cubierto más de 25 lugares, de los 38 disponibles.
El motivo por el que ocurre esta situación, más allá del natural crecimiento demográfico, se debe a que más féminas se ven involucradas en hechos delictivos, que antes estaban “reservados” exclusivamente a los varones.
‘Hay un cambio en la composición de los delitos por los que llegan aquí las mujeres’, explicó María Rosa Coria de Lezana, alcaide de la cárcel emplazada en la parte posterior del Hospital Regional.
La realidad revela que hay internas por robos agravados por el uso de arma; tráfico de drogas y hasta por trata de personas.
“Hace más de una década, éstos eran delitos poco comunes”, resumió la funcionaria penitenciaria.
En cambio, en otras épocas, casi todas las chicas que arribaban a la cárcel tenían en su haber un crimen. Las víctimas eran, mayoritariamente, sus propios hijos recién nacidos o bebés, producto de relaciones clandestinas o porque no eran aceptados por sus parejas.
Eventualmente, alguna que otra había ultimado a su pareja, en el marco de graves desavenencias conyugales o porque había un tercero en discordia.
Esos casos continúan presentándose en la actualidad, pero con la particularidad de que las acusadas reaccionaron violentamente ante situaciones de afrentas físicas o psicológicas.
Obviamente, cada caso deberá ser analizado por los magistrados a la hora de resolver la situación procesal de cada imputada, pero mientras tanto tendrá que afrontar una estadía en la cárcel por un tiempo que ahora es indeterminado.
La población carcelaria femenina actualmente está integrada por 38 personas, cuyas edades van desde 18 a los 70 años. Pero el grueso de las internas tiene entre 18 y 25 años, precisó la responsable del penal.
En cuanto a la septuagenaria, se supo que fue condenada no hace mucho tiempo y se la responsabilizó por un homicidio. La pena que debe cumplir es de ocho años de prisión. En mayo cumplirá los 71, por lo que su defensa solicitaría el arresto domiciliario.
Como en la provincia no hay una unidad penitenciaria federal exclusivamente para mujeres, es que aquellas que están a disposición de la Justicia Federal también son alojadas en el edificio de la calle Posadas.
En ese marco, en estos días hay cuatro mujeres imputadas por trata de personas. Dos de ellas son madre e hija y se las vincula con la presunta explotación sexual de una adolescente de 15 años en un prostíbulo de la ciudad de Fernández.
Además, hay otras internas por haber transportado estupefacientes en sus organismos, lo que en la jerga se denomina “mulas”.
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