M.I. MInistro del Interior don Jorge Fernandez Diaz:

La reforma del Código Penal prevé una pena mínima y prisión provisional para quienes convoquen manifestaciones que sean consideradas como «violentas» por Internet.

También se criminaliza a protesta civil calificando la resistencia pasiva como «delito de integración en organización criminal» que podrá ser penado hasta con 4 años y prisión provisional.

Ante esta reforma es importante recordar el Artículo 21 de la Constitución Española:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

El Estado español debe garantizar que las personas pueden protestar de forma pacífica, difundir información y criticar a los propios gobiernos respecto a la protección o promoción de los derechos humanos.

Estas reformas atemorizan a la población, y les impulsa a no protestar y aceptar la pérdida de Derechos Fundamentales que se impulsa desde los mercados financieros, con la complicidad de instituciones europeas, españolas e internacionales.

Aprobar leyes que fueron derogadas hace 50 años no significará mayor seguridad para los españoles, ni siquiera para los que no protestan. Significará aumentar la crispación, la protesta y objeción de conciencia ante los abusos que maltratan a las personas más débiles de nuestra sociedad.

Sr. MInistro, no apague el fuego con gasolina. Las Instituciones están para defender a los ciudadanos ante los poderosos, no para ayudar a los poderosos a quebrar la dignidad de las personas. Si no acepta argumentos lógicos y razonables, al menos, lea los siguientes tratados internacionales, que son vulnerados por su reforma, y en cuyo fundamento será denunciado el Reino de España por Violación de los Derechos Humanos.

Artículos 6, 8 de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos
http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/53/ares53144.pdf

Artículo 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml

Artículo 6, 8, 12, 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
http://www.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm

Artículo 10 y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/SpanishEspagnol.pdf

Artículos 1, 5 de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos
http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/53/ares53144.pdf

 

AL FIRMAR LA PETICIÓN ESTARÁS ENVIANDO ESTA CARTA

DESTINATARIO: MINISTRO DEL INTERIOR, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

M.I. MInistro del Interior don Jorge Fernandez Diaz:

La reforma del Código Penal prevé una pena mínima y prisión provisional para quienes convoquen manifestaciones que sean consideradas como «violentas» por Internet.

También se criminaliza a protesta civil calificando la resistencia pasiva como «delito de integración en organización criminal» que podrá ser penado hasta con 4 años y prisión provisional.

Ante esta reforma es importante recordar el Artículo 21 de la Constitución Española:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

El Estado español debe garantizar que las personas pueden protestar de forma pacífica, difundir información y criticar a los propios gobiernos respecto a la protección o promoción de los derechos humanos.

Estas reformas atemorizan a la población, y les impulsa a no protestar y aceptar la pérdida de Derechos Fundamentales que se impulsa desde los mercados financieros, con la complicidad de instituciones europeas, españolas e internacionales.

Aprobar leyes que fueron derogadas hace 50 años no significará mayor seguridad para los españoles, ni siquiera para los que no protestan. Significará aumentar la crispación, la protesta y objeción de conciencia ante los abusos que maltratan a las personas más débiles de nuestra sociedad.

Sr. MInistro, no apague el fuego con gasolina. Las Instituciones están para defender a los ciudadanos ante los poderosos, no para ayudar a los poderosos a quebrar la dignidad de las personas. Si no acepta argumentos lógicos y razonables, al menos, lea los siguientes tratados internacionales, que son vulnerados por su reforma, y en cuyo fundamento será denunciado el Reino de España por Violación de los Derechos Humanos.

Artículos 6, 8 de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos

Artículo 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml

Artículo 6, 8, 12, 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
http://www.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm

Artículo 10 y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos

Artículos 1, 5 de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos

Espero que recapacite en cuanto a la oportunidad de la mencionada reforma.