LA PLATA.- La decisión de la Cámara Penal de Apelaciones de Morón que anuló buena parte del proceso de investigación por el crimen de Candela Sol Rodríguez alimenta la preocupación del gobierno bonaerense sobre la situación del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.

Tras la medida judicial, el gobierno de Daniel Scioli espera ahora el dictamen de la Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Asesinato de Candela Sol Rodríguez del Senado bonaerense, que plantea una inusual investigación paralela a la llevada adelante por el Poder Judicial.

La pesquisa por el crimen de Candela, hallada sin vida el 9 de agosto de 2011, estuvo plagada de versiones y testigos contradictorios, groseras fallas en la comunicación oficial e indicios sobre connivencia policial con el delito, todo lo que terminó con los sospechosos libres por falta de pruebas contundentes para incriminarlos.

Ayer, el vicegobernador Gabriel Mariotto, promotor de la conformación de la comisión legislativa para investigar la investigación, aseguró que «se van a instrumentar todas las acciones para que no haya connivencia entre el delito y la policía, y entre la Justicia, la policía y el delito, y entre la política, la Justicia, la policía y el delito. Cada poder tiene que trabajar por sí mismo y el delito no tiene que tener cobertura de nadie».

Mariotto anunció, a modo de vocero del cuerpo, que dentro de 15 días se citará a declarar al ex jefe de la policía bonaerense Juan Carlos Paggi. Trascendió, al mismo tiempo, que no se descarta convocar al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal.

Una lucha política

En realidad, la actividad desarrollada por la comisión persigue un fin político no enunciado: horadar a Casal como figura que expresa una «matriz» que, según la mirada que impulsa la iniciativa, facilita y reproduce la connivencia entre los poderes -incluido el político- y el delito.

Pese a destacar en los fundamentos de su creación la existencia de la división e independencia de poderes, la comisión especial del caso Candela avanza atribuyéndose facultades propias de la Justicia con el aval del vicegobernador.

Si bien la Legislatura posee atribuciones para controlar a otros poderes, la comisión especial no indaga las acciones de jueces y fiscales en el marco de lo que establece la ley de enjuiciamiento de magistrados provincial, sino que aborda -directa y críticamente- el desarrollo del proceso jurisdiccional.

A esta altura, no queda suficientemente claro el alcance del trabajo investigativo, a excepción del impacto político que, sin dudas, provocará. Es ostensible, en cambio, la tensión generada entre ambos poderes ante la puesta en marcha de la nueva modalidad. Y no se sabe si, en el futuro, el Senado será receptivo ante planteos de crear comisiones idénticas para casos en los que las partes denuncian irregularidades

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1465970-casal-un-blanco-en-la-mira-de-la-comision-investigadora