El proyecto de ley de Policía Judicial, que pretende recortar el poder de la actual fuerza bonaerense en la investigación de los delitos más complejos, recorre el Conurbano y las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires a través de los distintos foros de debate de los que participan especialistas, funcionarios judiciales y hasta comisarios. Ayer, por caso, se realizó el Tercer Foro por la Seguridad Democrática, esta vez, en la ciudad bonaerense de Junín. El proyecto de creación de un cuerpo especial que pretende profesionalizar la labor investigativa nació en la Comisión Provincial por la Memoria y es impulsado por el vicegobernador Gabriel Mariotto. Según fuentes cercanas al vice bonaerense, la intención de realizar en total ocho foros en distintos puntos de la provincia es que la iniciativa llegue “fortalecida” al Senado provincial.
Si bien el gobernador Daniel Scioli envió a principios de este año legislativo un proyecto al Senado también basado en la propuesta de la Comisión por la Memoria, introdujo modificaciones que generaron disconformidad en algunos organismos de Derechos Humanos. Los cambios se originaron en el Ministerio de Justicia y Seguridad que encabeza Ricardo Casal, a través del subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín.
Desde la Comisión, aseguraron a Tiempo Argentino que esas modificaciones pretenden “que no haya excepciones al concurso de antecedentes para los integrantes de la Policía Judicial, porque la vía excepcional en muchos casos se transforma en la regla y desnaturaliza todo el procedimiento”.
A su vez, los organismos de Derechos Humanos advirtieron que el gobierno provincial busca “quitar los controles, en especial de la Audiencia Pública, en la designación de los jefes de la Policía Judicial, y anular los procedimientos para la impugnación del jurado de los concursos, y el Observatorio Legislativo como instrumento de equilibrio político e institucional”.
Por último, en la Comisión prefieren que se mantengan las incompatibilidades propuestas para que no puedan sumarse a la nueva fuerza personal proveniente de las fuerzas de seguridad o que trabajaran en agencias privadas. “La audiencia pública es un método para que las organizaciones sociales, colegios de abogados e instituciones puedan objetar a los jefes, o sea, a los integrantes de los niveles más altos de la Policía Judicial”, detalló Alejandro Mosquera, integrante de la Comisión.
Es por eso que los foros y la discusión en las comisiones de la Legislatura bonaerense toman fuerza a la hora de terminar de pulir esta propuesta que por primera vez cumplirá con el artículo de la Constitución de la provincia que, desde hace 17 años, establece que debe existir esta fuerza integrada por civiles para investigar delitos penales, y también aquellos cometidos por funcionarios públicos o incluso miembros de las fuerzas de seguridad.
El primero de los ocho foros denominados “Por una seguridad democrática”, que se realizó el 22 de marzo en la Universidad de San Martín, contó con la presencia de Scioli; Mariotto y el intendente local, Gabriel Katopodis. Allí expusieron más de 60 especialistas en seguridad, entre jueces, fiscales, abogados, legisladores y hasta comisarios. Mariotto salió al ruedo con la metodología de los foros, inspirados en la forma que tomó el debate público previo a la sanción de la Ley de Medios, para impulsar esta iniciativa que considera clave para recortar en los hechos el poder de la Policía Bonaerense.
El jueves pasado, durante el segundo foro, que tuvo lugar en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en el partido de Florencio Varela, al sur del Conurbano, bajo el lema “la Legislatura sale a la calle”, participaron figuras nacionales del kirchnerismo, que dieron su aval al proyecto, como el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez; su par de Seguridad, Sergio Berni; y el intendente local, Julio Pereyra, y su colega de Lanús, Darío Díaz Pérez.
Ayer Mariotto pasó por el foro de Junín antes de volver al Senado, para participar de la reunión de una comisión que analiza la investigación del caso Candela, una investigación que sumó cuestionamientos a la política de seguridad provincial.
