La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que tome las medidas necesarias a fin de proteger la vida y la integridad de todas las personas detenidas en las unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Lo hizo al responder a una solicitud de medidas cautelares realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el pasado 4 de abril debido a la situación de violencia y desprotección en que viven los internos de esas dependencias.
La medida se otorgó en virtud de una sucesión de recientes hechos de violencia, maltrato y traslados arbitrarios de detenidos de dichas unidades a partir de denuncias efectuadas contra el SPB. De acuerdo con información oficial, los homicidios en unidades penitenciarias provinciales aumentaron casi un 20 por ciento durante el último año.
Estas muertes vienen acompañadas por una persistente situación de hacinamiento, torturas, malos tratos y privaciones estructurales de derechos. La violencia extrema en los lugares de encierro se explica, en general, por lo que hace o deja de hacer el SPB, que aparece como intocable. La negación política de la situación alimenta las respuestas represivas y ha reafirmado la autonomía con la que el SPB se mueve.
En marzo de 2011 se denunció que las autoridades de la Unidad 48 sacaban del penal a los detenidos para delinquir. Desde esa fecha hasta marzo de 2012 se registraron al menos 18 heridos.
En las tres unidades, desde octubre de 2011 se produjeron dos homicidios –uno de ellos, Patricio Barros Cisneros, fue asesinado a golpes por los penitenciarios frente al resto de los internos y su esposa- y cinco heridos de suma gravedad -uno de los cuales perdió un ojo y otro quedó cuadripléjico-. Los antecedentes del complejo muestran un grave patrón de violencia e impunidad.
En noviembre de 2011, la Suprema Corte indicó a la Procuración General y a las autoridades provinciales que adopten las medidas para revertir la situación. Hasta el momento, las políticas penitenciarias y judiciales implementadas han sido incapaces de prevenir y sancionar estos hechos.
Las medidas cautelares de la CIDH propician el impulso de una discusión seria sobre una agenda concreta dirigida a disminuir los niveles de violencia y prevenir las violaciones de derechos humanos en las cárceles bonaerenses. Es fundamental que se definan medidas específicas orientadas a eliminar la arbitrariedad que gobierna las unidades de San Martín.
Se requiere una intervención política decidida para generar nuevas formas de gobernabilidad que acaben con la circulación de armas, permitida por las autoridades del SPB y que resultan claves para sostener sus pactos. También resulta ineludible acordar líneas programáticas generales que conduzcan hacia una reforma profunda del SPB, que le aporte valores democráticos a su funcionamiento y que rompa las estructuras de negocios que se amparan en las lógicas violentas que sufren los detenidos.
Este acuerdo debe llevar a la discusión demorada sobre la ley de control de sobrepoblación que impone límites al encarcelamiento y define los parámetros constitucionales de las plazas carcelarias. Del mismo modo, es importante que se logre avanzar con la sanción e implementación de los mecanismos nacional y provincial para la prevención de la tortura.
Este nuevo llamado de atención de la CIDH y la visita a Argentina del Subcomité para la prevención de la Tortura de ONU que culminará el 27 de abril ponen también al Estado federal en la necesidad de garantizar el piso mínimo de respeto a los derechos humanos en las cárceles del país.
Fuente: http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2012_4_24&id=31221&id_tiponota=4
