“Tratamos de que se investigue a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) como organización criminal”, explicó a IPS el abogado de derechos humanos Boris Paredes.
“Se ha llegado a la conclusión de que la DINA operó como un grupo de exterminio y, como tal, creemos que todos sus integrantes son parte de una asociación ilícita”, argumentó.
El recurso judicial presentado este mes por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) tiene como base un oficio entregado al juez Alejandro Solís por el Estado Mayor General del Ejército el 28 de agosto de 2008 en una causa por las víctimas de Villa Grimaldi, el mayor centro de tortura y detención de la dictadura liderada por Augusto Pinochet (1915-2006).
Se trata del listado oficial con los 1.500 miembros identificados, desde los más altos oficiales y civiles, hasta los mandos bajos y encargados de servicios, de este aparato represivo disuelto en 1977 para continuarse en la Central Nacional de Informaciones (CNI) hasta el final del régimen.
“Es importante que el país conozca qué personas participaron en estos organismosporque es urgente que se avance en una legislación que respete los derechos humanos y que, como se hace en Argentina, se prohíba a los violadores de derechos humanos participar en cargos públicos”, precisó Paredes.
Recordó la tesis de varios jueces de que “nadie pertenecía a la DINA con desconocimiento y que cada uno ocupaba un lugar como un engranaje dentro de una gran maquinaria destinada a asesinar, secuestrar y torturar personas”.
La portavoz de la AFDD, Gabriela Zúñiga, señaló que la justicia en Chile ha dictado condena contra los “niños símbolo” de la represión, como Manuel Contreras, el general del ejército fundador y jefe de la DINA, y Álvaro Corbalán, jefe de Operaciones de la CNI.
“Sin embargo, hay una gran cantidad de agentes que ni siquiera suponemos que pertenecieron a este organismo”, y mencionó a Rosauro Martínez, diputado por la gobernante Unión Demócrata Independiente, “paradojalmente” miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, y el primogénito del exdictador, Augusto Pinochet Hiriart.
“En una sociedad sana, que quiera resolver con políticas de Estado el tema de la violación a los derechos humanos, es impresentable que terroristas y autores de crímenes de lesa humanidad estén hoy en cargos públicos sin haber respondido ante la justicia y la sociedad por esos hechos”, enfatizó Zúñiga.
La directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Cath Collins, afirmó que la DINA fue un aparato extrainstitucional “creado a propósito fuera de la disciplina de las Fuerzas Armadas para poder negar que ellas estaban comprometidas institucionalmente en las violaciones a los derechos humanos”.
Madre de desaparecidos en Chile (Javier Bauluz)
Según los antecedentes que maneja la AFDD y los propios procesos judiciales, la DINA es responsable de la muerte de todos los familiares de quienes conforman esa organización, además de coordinar la represión ilegal con las demás dictaduras del Cono Sur de América, en lo que se llamó el Plan Cóndor.
La dictadura hizo desaparecer a 3.216 personas, mientras que 38.254 lograron sobrevivir tras sufrir prisión y torturas,según el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile, que basa sus datos en los informes de 2004 y 2011 de la comisión presidida hasta su muerte por el obispo Sergio Valech (1927-2010) y de 1991 de la encabezada por Raúl Rettig.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales constató que casi 70 por ciento de los casos de ejecutados o desaparecidos son investigados aún por la justicia, 22 por ciento no han sido tomados por los tribunales y el resto ya han concluido.
Entre 2000 y 2011 han sido procesados y condenados 824 agentes de la dictadura, 31 de los cuales fallecieron en ese lapso.
A su vez, 544 de los 793 exagentes identificados aún con vida están bajo proceso judicial o tienen sentencia sin confirmar, 177 cargan con condenas firmes pero nunca fueron encarcelados por recibir beneficios, 66 cumplen prisión efectiva y otros seis condenados están en libertad por reducción de la pena o directamente por conmutación.
El informe también detalla que 47 de los represores en prisión la cumplen en el penal Punta Peuco y otros 10 en Cordillera, ambos recintos exclusivos para militares, custodiados por Gendarmería (guardiacárceles), pero con comodidades que “rayan en el lujo”.
En Punta Peuco están Contreras, que suma un apena de más de 300 años de cárcel y el exbrigadier Pedro Espinoza. Además, el exbrigadier Miguel Krassnoff, condenado a 144 años de cárcel por ejecuciones y desapariciones forzadas, homenajeado en noviembre de 2011 por su otrora compañero de armas, Cristián Labbé.
Collins, tras destacar el alto número de condenados firmes por delitos de violaciones a los derechos humanos en Chile, matizó que las penas impuestas son consideradas bajas respecto de la gravedad de los crímenes y solo alrededor de un tercio de ellas son con prisión efectiva.
Otra deuda pendiente es la modificación al Decreto Ley de Amnistía de 1978, que se mantiene vigente.
Respecto de las obligaciones internacionales de los estados de investigar, solo en 2011 el Poder Ejecutivo, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, dio cuenta de 70 querellas presentadas por casos de 138 víctimas.
El 26 de enero de 2011, la fiscal Beatriz Pedrals presentó 726 querellas nuevas por víctimas de crímenes de derechos humanos, que incluyeron, por primera vez un recurso por la muerte del presidente Salvador Allende durante el bombardeo del 11 de septiembre de 1973 a La Moneda, la sede del gobierno, por las fuerzas golpistas de Pinochet.
Previamente, las querellas fueron presentadas por los familiares y las víctimas sobrevivientes.
“Han habido avances, pero indudablemente no hemos logrado la justicia plena. La mayor parte de los perpetradores se encuentra libres de polvo y paja”, se quejó Zúñiga.
En tanto, el abogado Paredes consideró que en los últimos años hubo “importantes avances en materia judicial, con magistrados que han realizado una importante labor, con mucha valentía”. “Hemos visto resultados en cuanto a la verdad”, opinó.
Sin embargo, coincidió con Zúñiga en que “estamos con una pata coja en justicia porque se aplican penas irrisorias”.
