LA PLATA.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que adopte las medidas cautelares necesarias «para proteger la vida y la integridad de todas las personas detenidas en las unidades 46, 47 y 48» del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El planteo del organismo internacional responde a un pedido hecho por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el pasado 4 de abril ante «la situación de violencia y desprotección que viven los internos de esas dependencias».
Además, la CIDH requirió al Gobierno que informe, en un lapso de 20 días a partir del 13 de este mes, fecha en la que la comunicación fue girada con la rúbrica por el secretario ejecutivo, Santiago Canton.
Según se explicó en un comunicado difundido por el CELS, «la medida se otorgó en virtud de una sucesión de recientes hechos de violencia, maltrato y traslados arbitrarios de detenidos de dichas unidades a partir de denuncias efectuadas contra el SPB».
Tal como informó LA NACION en su edición del domingo pasado, según datos que se desprenden de registros oficiales, los homicidios en unidades penitenciarias de la provincia aumentaron casi un 18,5% en 2011.
Entre el 29 de marzo pasado y el 12 de este mes, fueron asesinados en diferentes cárceles de la provincia los presos Juan Romano Verón, José Burela Sombra, Rodolfo Martínez, José Luis Acuña Silva y Nicolás Gómez Verdún.
Verón murió en la Unidad 48 de San Martín dos horas después de que el vicegobernador Gabriel Mariotto visitara las unidades 46 y 47 de ese mismo complejo penitenciario. Burela Sombra estaba en el pabellón en el que se produjo la pelea que terminó con la vida de Verón, tras la cual fue trasladado a Olmos, donde fue asesinado a poco de llegar.
Durante su recorrida por el penal 47, de régimen abierto, Mariotto recibió la denuncia de que las autoridades habían encargado el crimen de un recluso que había denunciado maltratos y hasta le fueron entregadas las armas que presuntamente habían provisto directivos penitenciarios para cumplir ese cometido. El vicegobernador pidió que se investigará la denuncia y, mientras tanto, fueran separados los prefectos Roberto Arancibia y José Feliciano Burgos. Ambos uniformados continúan en sus cargos.
El secretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín, del que depende el SPB, consideró que se trata de casos «excepcionales e inconexos» y aseguró, en diálogo con LA NACION, que se iniciaron una serie de sumarios por la seguidilla de muertes, pero que, hasta el momento, no hay efectivos sumariados ya que «no hay aún datos para imputar, aunque esto puede cambiar a medida que avance la investigación».
La directora del área Justicia y Seguridad del CELS, Paula Livatchky, consideró que «nos parece sumamente grave que se instale un mensaje de impunidad y miedo por falta de decisión política de actuar con severidad ante las muertes y no haber evitado que éstas se produzcan».
Ayer, el titular del Comité contra la Tortura de la CPM, Roberto Cipriano, adelantó que «estamos trabajando en una nota que presentaremos próximamente para involucrar fuertemente a la Suprema Corte de Justicia provincial en este tema».
En tanto, el legislador del FPV Santiago Carreras, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Senado provincial, aseguró que se están tramitando distintos «instrumentos que proveerá el gobierno nacional para ayudar a revertir el estado de indignidad en que se encuentran muchos detenidos en la provincia».
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