Es difícil marcar hitos de la Justicia argentina durante 2011, porque la selección depende de los criterios del seleccionador. Con esa advertencia, creo ha habido varios. En materia de enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, deben destacarse la profundización de varias investigaciones, la celebración de varios juicios y el dictado de sentencias en causas y casos emblemáticos, como Margarita Belén (Chaco), Patti, ESMA, plan sistemático de apropiación de bebés, ABO, Hospital Posadas, y varias más como en Tucumán, Córdoba, Neuquén, etcétera.

La unidad de derechos humanos del Ministerio Público Fiscal ha relevado ese desarrollo. Estos juicios han sido filmados y a ellos han asistido mucho público y alumnos de colegios y facultades de derecho de todo el país. En todos los casos el proceso de reconstrucción histórica y de mantenimiento de la memoria han sido fantástico. Cada día se pone de manifiesto que es imposible pisar en tierra firme en el presente si no se dilucida y esclarecen determinados hechos terribles del pasado inmediato.

Se han proseguido y profundizado procesos de crítica internos del Poder Judicial y de los ministerios Público Fiscal y de Defensa. Se han realizado enjuiciamientos de magistrados por mal desempeño que terminaron con sus destituciones o propiciaron sus renuncias ante un final anunciado. Algunos no son tan conocidos, pero otros han sido sencillamente escandalosos, como el de la Cámara Federal de Mendoza. El problema, desde un punto de vista institucional, no es tanto aquello que han hecho y por lo cual se los enjuicia, sino el poder que todavía ostentan y hacen valer.

También se destaca la terminación de concursos y la designación de una buena cantidad de magistrados en cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales que estaban vacantes. Esa labor no está terminada pero ya se comienza a notar cierto alivio en la justicia federal y la nacional.

Existen problemas de gestión serios. Algunos basados en la falta de dictado de leyes sencillas pero fundamentales para despejar problemas absurdos. Por ejemplo, la Corte Suprema de la Nación desde hace más de diez años ha declarado la inconstitucionalidad de varios artículos del Código Procesal Penal de la Nación y del Código Penal de la Nación. Sin embargo, ahí están, y su existencia y las disímiles interpretaciones a que dan lugar, generan serios problemas operativos. Hay causas que están años dando vueltas para resolver un asunto que debería decidirse en cinco minutos y por teléfono. Por ejemplo, en materia de probation, los interrogantes son tantos, que cada tribunal tiene su propio manual, además de que no existe control alguno sobre su cumplimiento, lo cual podría ser solucionado muy fácilmente. Otro ejemplo, en un proceso penal, las leyes determinan que intervengan tres y cuatro fiscales, desconectados entre sí. Un disparate y una pérdida de recursos enorme.

Los tribunales siguen conformados como en el siglo XIX, donde uno o tres jueces están a cargo de problemas jurídicos y administrativos y, además, deben tratar de llevarse bien entre ellos y con sus empleados, porque no existe rotación alguna. En el interior, el asunto es prácticamente insoluble, porque existen muchas ciudades donde sólo hay un juez o un tribunal, un fiscal y un defensor. Pero en otras más grandes se podrían buscar soluciones o sistemas que permitieran que los jueces, fiscales y defensores se ocupasen de cuestiones jurídicas y no que estén pensando en el nombramiento del pinche.