La Corte Suprema emitió una acordada donde establece cuál es la estructura judicial de conclusión de causas que se necesitará para el período de transición, del sistema inquisitivo y escriturado al oral y público. El trabajo forma parte de las obligaciones que tiene el máximo tribunal en la implementación de la reforma en la justicia penal santafesina, según plazos específicos y responsabilidades que se fijaron en una norma aprobada por unanimidad en la Legislatura a mediados de febrero.
La resolución ya fue comunicada al Comité de Gestión de Conclusión de Causas y está siendo valorada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre otras cosas, el acta Nº 19 de la Corte pide al Poder Ejecutivo que nombre 26 magistrados más en diversos distritos judiciales, plantea no resignar fiscales y defensores de la actual estructura y establece que el 70 por ciento de los jueces queden en el Sistema de Conclusión de Causas y sólo el 30 por ciento restante vaya al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
En tal sentido, el tribunal colegiado a cargo de María Angélica Gastaldi valoró los aportes que hicieron distintos funcionarios judiciales desde el Equipo de Trabajo que conformaron hace dos años –y que estuvo encabezado por el fallecido procurador Agustín Bassó– para la determinación de qué órganos judiciales, empleados y estructuras se ocuparán en la tramitación de las causas iniciadas con anterioridad al comienzo del período de transición.
Algunos funcionarios, tanto en el Ministerio Público de la Acusación como en el Servicio Provincial de la Defensa Penal, confiaron a Cruz del Sur que la decisión –aunque esperable– constituye un problema porque gran parte de los actores judiciales seguirían en el medio que fenece. Con esa situación a la vista, es que la Corte también advirtió que “resultará conveniente efectuar periódicos reajustes en función de la fecha en que efectivamente tenga inicio el período de transición y durante el mismo”.
Es decir, “a medida que vaya ocurriendo la lógica disminución de la carga de trabajo de los juzgados que se avoquen al tratamiento de las causas iniciadas con anterioridad a la puesta en marcha del nuevo sistema penal, y (con) el correlativo aumento de trabajo de los tribunales del nuevo sistema”, el máximo tribunal anticipó que no tiene inconvenientes en rediscutir otros traspasos previo a la definición de un cronograma que se deberá reglar más adelante.
Además, la Corte consideró que para lograr “el pleno funcionamiento del sistema procesal penal, aún en su etapa inicial, resulta inexorable que en todos los asentamientos judiciales que en la actualidad cuenten con juzgados con competencia en lo penal –tanto de primera como de segunda instancia– exista una cantidad de cargos judiciales suficientes como para la conformación de los Colegios de Jueces que exige” el nuevo Código Procesal Penal.
En términos concretos, desde la cabeza del Poder Judicial solicitaron que el Distrito Judicial Nº 3, de Venado Tuerto, cuente con un juez más de primera instancia; el Distrito Judicial Nº 6, Cañada de Gómez, con dos jueces más de primera instancia; el Distrito Judicial Nº 7, Casilda, con dos jueces más de primera instancia; el Distrito Judicial Nº 8, Melincué, con un juez más de primera instancia; el Distrito Judicial Nº 9, Rufino, tres jueces más de primera instancia; y para el Distrito Judicial Nº 10, San Cristóbal, un juez más de primera instancia.
Asimismo, pidieron un tres jueces más de primera instancia para el Distrito Judicial Nº 11, en San Jorge; dos jueces más de primera instancia para el Distrito Judicial Nº 12, en San Lorenzo; un juez más de primera instancia para el Distrito Judicial Nº 13, en Vera; dos jueces más de primera instancia en el Distrito Judicial Nº 14, en Villa Constitución; y tres jueces más de primera instancia en el Distrito Judicial Nº 15, en Tostado. Y también creen necesario un cargo de juez de segunda instancia más para cada una de las Circunscripciones Judiciales Nº 3, 4 y 5.
De esa manera, hacen saber al Poder Ejecutivo que faltan 26 cargos de magistrados más para dar cumplimiento a las exigencias del nuevo servicio de justicia penal, y en lugares que esperan encontrar “cubierto y en funciones a la fecha del inicio del período de transición, lo que, por otra parte, requerirá en ese mismo momento de la cobertura de los cargos de apoyo y de la previsión presupuestaria de los gastos de infraestructura y funcionamiento que sean necesarios”.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe planteó que “en aquellos Distritos Judiciales donde se desempeñen cuatro magistrados en el fuero penal de Primera Instancia, dos de ellos actuarán exclusivamente en el Sistema de Conclusión de Causas (en el viejo modelo), y los dos restantes se dedicarán exclusivamente al Nuevo Sistema de Justicia Pena”.
“En estos casos –explicaron–, cuando sea necesario constituir Colegio de Jueces de Primera Instancia, el mismo será integrado por los dos jueces del nuevo sistema procesal penal y, excepcionalmente, por dos del sistema de conclusión de causas. Asimismo, cuando sea necesaria la constitución de un Tribunal Oral Pluripersonal, el mismo será integrado por los dos jueces del nuevo sistema procesal penal y, excepcionalmente, por uno del sistema de conclusión de causas”.
En tanto, “en los Distritos Judiciales Nº 1 –Santa Fe– y Nº 2 –Rosario– el 70 por ciento de los magistrados entenderá exclusivamente en el sistema de conclusión de causas y el restante 30 por ciento se avocará exclusivamente a causas del nuevo sistema de justicia penal, sin perjuicio de las periódicas modificaciones o reajustes que se realizarán teniendo en cuenta la lógica disminución de la carga de trabajo de los juzgados que tramitarán causas del viejo sistema”.
Finalmente, consideran que “no resulta posible –al menos en un comienzo– resignar estructura alguna de los recursos humanos de Fiscalías y Defensorías para el nuevo sistema de justicia penal, destacando especialmente que no debe desatenderse la necesidad de que deban seguir existiendo agentes fiscales y defensores que tienen participación necesaria en causas no penales. Situación –añade la acordada– que se torna particularmente acuciante en las sedes de los distritos judiciales de la provincia que sólo cuentan con un fiscal y un defensor denominados de fuero pleno”.
Por otra parte, autoridades provinciales y funcionarios de los nuevos institutos judiciales optaron por no opinar –formalmente– sobre el acta Nº 19 de la Corte Suprema a la espera de la reunión de la Mesa del Diálogo por la Reforma de la Justicia Penal, que se desarrollará hoy en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, algunos de los dirigentes consultados valoraron dos aspectos de la resolución: que el máximo tribunal haya enviado en tiempo y forma el cronograma de trabajo, y deje abierta la posibilidad de hacer “periódicos reajustes” en la plantilla de personal que necesitará el viejo y el nuevo modelo.
Fuente: http://www.lt10digital.com.ar/noticia/idnot/140804/El_70_por_ciento_de_los_jueces_quedaria_en_el_viejo_sistema_penal.html
