La comisión ejecutiva de la Cámara de Representantes de Illinois aprobó hoy una ley que prohíbe contratar empresas privadas para administrar prisiones para indocumentados.
La medida atiende un reclamo comunitario contra la creación de un centro de detención de inmigrantes en la villa de Crete, al sur de Chicago.
En un debate corto, la iniciativa SB 1064, respaldada por el legislador Edward Acevedo, recibió siete votos en favor y cuatro en contra, y ahora pasará al pleno de la cámara baja para su discusión.
A finales de marzo último, la SB 1064 fue aprobada en el Senado estatal, impulsada por el senador Antonio Muñoz.
La ley, que tendría efecto inmediato, prohíbe la administración privada tanto en la detención como en los centros penitenciarios, y precisa que es competencia exclusiva del gobierno “el encarcelamiento de personas por delitos penales”.
La norma establece que «una agencia gubernamental, funcionario o empleado de la misma no podrá contratar a un proveedor o contratista privado para la prestación de servicios relacionados con el funcionamiento de una correccional o prisión».
La norma detendría la construcción de la cárcel de Crete, prevista para 788 indocumentados, que estaría a cargo de la empresa Corrections Corporation of America.
El 30 de marzo, un grupo de inmigrantes y simpatizantes, encabezados por el sacerdote José Landaverde de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, del vecindario mexicano La Villita, caminó en una protesta de tres días desde Chicago hasta el predio proyectado para la cárcel.
Landaverde expresó su satisfacción por el apoyo de los legisladores a esta causa, aunque esperará que el pleno de la Cámara de Representantes la apruebe.
Después de la caminata, el grupo recibió la promesa del congresista Jesse Jackson Jr. de evitar la edificación del penal en su distrito.
En tanto, la Coalición pro Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR) emitió un comunicado para señalar que el penal de Crete representa sólo uno de un amplio proyecto de construcción de centros de detención de inmigrantes.
La mayoría de estos centros son operados por la misma empresa, la cual tiene «una larga historia de abandono, abuso y maltrato de reclusos», dijo.
Fuente: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=657801
