El rechazo del pliego del doctor Enrique Font para cubrir el cargo de Auditor General obedece a una serie de factores concurrentes que encienden una alarma en torno a la concreción de la tan mentada reforma del sistema de enjuiciamiento penal. En ese sentido, hay responsabilidades y motivaciones que van desde la tibia «militancia» del pliego por parte de los operadores socialistas –el presidente del bloque, Raul Lamberto subestimó el «armado» opositor–, hasta las intrigas de los representantes de los 9 (nueve) bloques que tiene el PJ en la Cámara Baja, como así también los movimientos de los senadores Raúl Gramajo y Ricardo Kauffman.
La bandera del rechazo la portó desde el comienzo de las discusiones la diputada reutemista de la bancada del PRO, María Alejandra Vucasovich, y su colega de UPCN que responde a Alberto Maguid, Silvia De Césaris. Y se sumaron a la cruzada Marcela Eberhard que obedece a Oscar Cachi Martínez y Mario Lacava que hace lo propio con Jorge Obeid.
Todos ellos, más los senadores ya mencionados, el excomisario Gramajo y el exministro de educación «Chauffman» (que duró lo que un perro en misa) comparten una matriz ideológica que, con matices, se opone al pensamiento de Font, y lo que es más claro aun, al de las Abuelas de Plaza de Mayo, León Arslanian, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Alberto Binder o Marcelo Saín, para citar algunos de los «avales» presentdos por el aspirante.
Por tanto es lógico, y hasta comprensible, que quienes hicieron política en espacios en los que, a la hora de gobernar, los jueces se mandaban puestos desde un tristemente célebre estudio de Rosario y los ministros de Educación los bendecía el obispo Edgardo Storni, no quieran un académico del perfil de Font, bajo el pretexto de que no tiene experiencia en la justicia.
Lo que llama la atención, y no se puede explicar apelando a la «disciplina partidaria» es el voto del resto de los legisladores peronistas que, como Eduardo Toniolli y Leandro Bussatto, comparten los principios y el programa presentado por Font y terminaron rechazándolo, en el caso de Bussatto y levantándose para no votar, en el caso de Toniolli. Queda la duda en torno a otros legisladores como María Eugenia Bielsa, Luis Rubeo o Roberto Mirabella, cuyas posiciones en estos temas están más cerca de las de Font que de las de sus detractores. No parece un argumento descalificador que haya sido funcionario del gobierno de Hermes Binner, aunque en el debate no faltaron esas referencias.
El concurso
El concurso fue impecable. No hubo impugnaciones. El tribunal fue conformado por sorteo, con un representante del Colegio de Abogados, uno de las universidades nacionales, y presidido por la Fiscal General de Catamarca, María de los Milagros Vega. La suma de los diferentes tópicos le otorgo a Enrique Font 16 puntos de ventaja sobre Raquel Cosgaya y alguno más sobre Esteban Franicevich, ambos funcionarios judiciales.
La metodología es la anhelada y no siempre aplicada en Santa Fe para cubrir vacantes y un concurso que no fue objetado, debería ser terminante. No se trata de cuestionar las facultades de la Asamblea Legislativa –a todas luces habilitada para resolver lo que se le ocurra– sino el desapego a este instrumento, que en este caso otorgó una ventaja pocas veces vista entre aspirantes a un cargo. No se trataba de un «final de bandera verde» –si así hubiera sido, este cronista cree que debería respetarse siempre el orden de prelación– sino de una demostración de solvencia intelectual, que se ocupo de destacar el tribunal.
«No sé si tiene matrícula de abogado», chicaneó en el recinto un legislador cuyo apellido, en el mejor de los casos, nadie recordara en algunos años. La falta de experiencia es evidente, pero de allí a transformarse en invalidante es demasiado. Sino habría que ver si los cruzados se le «animan» a Axel Kicillof, para citar a otro cuadro que no tiene experiencia en la función.
Lo de Font ha sido una oportunidad perdida, no para él –que previsiblemente irá a trabajar a un lugar más afín a sus proyectos–, sino para el Estado provincial. Sin perjuicio de quién pueda ocupar ese lugar, estratégico para comandar el accionar de los fiscales y monitorear a la policía, hay dos cosas que quedan como saldo negativo inmediato: la más importante es la falta de respuesta de los sectores progresistas (incluidos los legisladores de diferentes partidos) ante la nunca desbaratada «reacción» y el «toma y daca» que aparece como única posible explicación a la postura de algunos representantes del pueblo.
Por último, y como se dijo en el primer párrafo, la perspectiva de una profunda reforma del sistema de enjuiciamiento penal en estas manos, revitaliza la frase del maestro Rogelio García Lupo en sus brindis de despedida del año: «que el 2013 nos encuentre libres o prófugos».
Fuente:http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-33659-2012-05-06.html
