Seis fueron las sanciones que dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento de las normas de combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El valor de las mismas se eleva a 116 millones de pesos, en el último bienio, y logró que se traben embargos por más de 30 millones.
Se trata de la mayor interacción que ha tenido al UIF con la justicia y que también derivó en 17 procesamientos y en decomisos por 2,5 millones de pesos durante el período 2010-11, en datos revelados en un informe de la dependencia oficial. «Los cambios en la normativa y en la gestión de los dos últimos años permitieron dar un vuelco importante en materia de efectividad del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo», evalúa el organismo.
Este informe revela que están registrados más de 22.500 sujetos obligados a elevar reportes de operaciones sospechosas en el sistema on line, puesto en marcha en el mes de abril del año pasado, cuando en la etapa previa sólo se contaba con 350 registros. «Se espera otro salto cuantitativo en el corto plazo, merced a la incorporación de nuevos sujetos obligados desde junio de 2011 por la aprobación del cambio normativo», indicaron. Y agregan: «los sujetos obligados tomaron conocimiento de sus responsabilidades y vieron un notable incremento de los riesgos que acarrean las infracciones» a las normas antilavado.
Cabe destacar que la Unidad de Información Financiera pudo sancionar por primera vez a una entidad bancaria en el 2010 y desde entonces hubo seis sanciones ya dictadas, de las cuales cinco están en proceso de apelación, y una de ellas, por incumplimiento de la debida diligencia de los clientes, se encuentra firme y pagada por 27 millones de pesos.
También se informó que la UIF realizó hasta el momento 141 supervisiones a sujetos obligados desde el 2010 y en doce casos se analiza si estos incumplimientos pueden derivar en sanciones de tipo administrativa.

Para que toda la actividad de control se pueda realizar, se dispuso de modificaciones normativas adoptadas durante el 2011 sentando las bases del sistema general de supervisión y reglamentación del deber de colaboración de órganos específicos. El año pasado se desarrollaron tareas de fiscalización conjunta con el Banco Central en once casas de cambio y un banco. «Las irregularidades detectadas fueron notificadas a las entidades supervisadas», mientras se analiza la posible sustanciación de procedimientos sumariales por incumplimiento de la normativa antilavado, indicó el informe.

También se abordaron actividades «nunca antes supervisadas», como escribanías, sociedades de capitalización y ahorro, comercios de venta de antigüedades, entidades que reciben donaciones (fundaciones) y emisores de tarjetas de crédito, además de joyerías, juegos de azar, transportadoras de caudales, remesadoras de fondos y galerías de arte.
En cuanto a la actividad de la UIF en tribunales, el informe destaca que «en promedio anual, en los dos últimos años los oficios judiciales respondidos se cuadruplicaron respecto al promedio anual de los casi diez años anteriores». Las colaboraciones judiciales se elevaron en un 50% promedio anual y la UIF se presentó como querellante en 19 causas entre 2010 y 2011, mientras este instrumento sólo había sido utilizado una vez en el decenio anterior, concluye el informe.

Fuente: http://www.noticiasyprotagonistas.com/noticias/31766-sanciones-por-116-millones-de-pesos/