Nuevamente el IRAR es noticia. Desgraciadamente lo que se repite es el tipo de noticias: pibes golpeados por las fuerzas de seguridad. Son innumerables las denuncias públicas por hechos similares, las cuales no tienen la repercusión que deberían en el ámbito judicial, de hecho no se conoce ningún caso de policía o personal penitenciario, ni tan siquiera, procesado por estos hechos.

Las autoridades políticas cumplen con las formalidades de informar a los Jueces, a Asuntos internos y si la trascendencia fue mucha, de mover al personal interviniente a otra unidad penitenciaria.

Pero lo cierto es que, tomen estado público o no, estos hechos se repiten.

Desde 2007, cuando ingresó el Servicio Penitenciario en el IRAR, venimos, como organización, solicitando su retiro. El IRAR, como supuesto instituto de Recuperación de Adolescentes, no debe tener la lógica de una cárcel. Los menores que allí se alojan no están condenados. Están allí por una supuesta medida de seguridad, cautelar o tutelar como quieran llamarle, según quien quiera justificar la situación de encierro.

Ahora bien, si estos hechos se repiten ¿Por qué es tan difícil asumir que hay otro problema de fondo que se debe encarar para que estas situaciones no se reiteren?

Desde que comienza la intervención del Servicio Penitenciario, primero en el CAT (Centro de Atención Transitoria, ubicado en Dorrego al 1000), hoy cerrado, y luego en el IRAR, expusimos lo contraproducente de la medida. Inclusive en el IRAR se suponía de carácter transitorio.

Intentamos, sin éxito, discutir la cuestión con las actuales autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La respuesta siempre fue que es necesaria la presencia del Servicio Penitenciario, por una cuestión de seguridad. Inclusive esta premisa fue sustentada por el gobierno de la Provincia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pedimos que se defina qué es medida de seguridad. O sea, en cuales actividades se requería la intervención de la fuerza de seguridad. Es más, manifestábamos que acordábamos con la existencia de una fuerza de seguridad en el perímetro de la institución pero nunca en el contacto directo y habitual con los jóvenes. Que en su vida cotidiana los pibes debían estar con los acompañantes juveniles. Ante este planteo, la respuesta estatal se volvía y vuelve difusa. No está clara la intervención de los civiles y de los penitenciarios.

Ante el último hecho ocurrido, la Subsecretaria de Asuntos Penales manifestó que «los acompañantes juveniles intentaron destrabar la situación, pero los jóvenes no querían jugar, así que se canceló. Luego un acompañante recibió un pelotazo en la cara y debieron intervenir los guardias. Los internos debían ser engrillados para volver al sector, pero se complicó con uno que se resistió y empezó a dar patadas y agredió a un empleado. Así que se lo puso boca abajo para esposarlo y resultó con raspones en la cara, el codo, y con una lesión en el pie. Se lo revisó en la enfermería en presencia de un acompañante». En esta respuesta está, para nosotros el meollo de la cuestión. ¿Qué hace cada quién en el IRAR?. ¿Qué intervención deben tener los acompañantes y cuál el personal penitenciario?.

Sostiene la subsecretaria, Débora Cotichini, que ante la negativa de algunos jóvenes a realizar una actividad, con el/los acompañantes se cancela la actividad y uno de los chicos le da un pelotazo en la cara. Ese hecho hace que se le de intervención al Servicio Penitenciario. ¿Es realmente necesario, ante un hecho menor como un pelotazo, sea o no intencional, la intervención del Servicio, esposando a los pibes para llevarlos a las celdas? ¿Que autoridad puede tener el acompañante si ante la menor desobediencia o alteración tiene que llamar al personal penitenciario quien, a no dudarlo, usará la fuerza porque para eso se lo llama? Después lamentamos las consecuencias.

Esta es la verdadera discusión a dar. Establecer las funciones de cada quien. Trasmitirle a los pibes la necesidad que se respeten asimismo y respeten a los otros, desde la contención y el acompañamiento, y sin necesidad del uso de la fuerza. Sino transmitimos el erróneo concepto de que la autoridad es la fuerza. Porque cuando no respondo como se me solicita, se acaba el diálogo, se acaba la intervención del civil y viene quien ejerce la fuerza. Como CTC, seguimos insistiendo que el IRAR no debe ser una cárcel y que debe retirarse el servicio penitenciario.

*Integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/22-33762-2012-05-13.html