Los años pasan y el gatillo fácil suma nuevas muertes: la corporación uniformada encubre los crímenes de los inocentes con la complicidad del Poder Judicial, que maltrata a los familiares de las víctimas y no aplica el Código Penal con la misma dureza con la que juzga a los civiles.
Demasiados son los asesinatos para considerar que sólo se trata de policías que se “equivocan”: en el fondo subyace la falta de políticas públicas en materia de seguridad y de profesionalismo en la fuerza más numerosa del país. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la última década murieron 1323 personas producto de la violencia institucional de diversas fuerzas de seguridad: el 49% cayó por disparos de policías que estaban en servicio, mientras que el 35% murió a mano de agentes que estaban de franco.
Sin embargo, no todos los casos consiguen la misma relevancia mediática. Así lo consideró Gonzalo Bugatto, hermano de Lautaro, el futbolista de 20 años que fue asesinado hace una semana por el policía bonaerense David Benítez, de 32, que lo mató por la espalda y luego mintió para que no lo detuvieran, como suelen hacer la mayoría de los criminales uniformados. “El caso de mi hermano –opinó el muchacho– tuvo trascendencia porque era futbolista de Banfield, si esto le hubiese pasado a un pibe de un barrio más humilde no hubiera llegado a tomar esta relevancia.”
LA MISMA HISTORIA. Elsa Gómez –integrante de la Asociación Madres del Dolor y cuyo hijo Daniel fue asesinado en 2001 en La Matanza por el oficial Ramón Aníbal Olivera, condenado a cadena perpetua– tiene el pelo blanquecino y las manos huesudas. Por experiencia propia sabe que, ante un caso de abuso policial, la Bonaerense siempre “se cubre y actúa de manera corporativa. A las víctimas le tiran un ‘perro’ –práctica habitual de plantar un arma para fingir un enfrentamiento– y preparan un escenario”. Con bronca, la mujer añade que “hay que demostrar ante el Poder Judicial que el muerto era inocente. Hasta el ministro de seguridad de turno cubre los crímenes y se hace cargo de los asesinos de uniforme. Mi hijo era un negrito, chofer de camión, quizás por eso jamás me recibió un fiscal de La Matanza.”
“Los casos de gatillo fácil –opina Elsa– siguen ocurriendo porque los policías no tienen conciencia de la responsabilidad que conlleva portar un arma. En ese sentido, no tienen educación. En la escuela de formación son maltratados y hostigados por sus superiores. La institución no los prepara para que salgan a cuidar a la sociedad.”
Por su parte, Antonio Spasa, viudo de Sonia Colman, la militante social que fue asesinada el 23 de diciembre de 2007 por el teniente Oscar Benítez en Del Viso, cuenta que a su mujer la mataron por 80 pesos.
“El policía –recuerda Antonio con su suegra Ofelia y sus hijas Natalia y Laura como testigos– perseguía a dos jóvenes que habían robado una billetera con 80 pesos. Se bajó del patrullero y tiró con una Itaka 12/70 cargada con cartuchos de plomo: uno de los perdigones le dio a Sonia en el corazón.”
“La justicia –explica el vendedor ambulante con lágrimas de dolor– no vino a nosotros, tuvimos que ir a buscarla. Con decir que la Gendarmería vino a hacer las pericias a los diez meses y se equivocaron de esquina, tuve que ir yo a decirles que esa no era la escena del crimen. Ni siquiera habían leído el expediente. Entonces intervino la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense, que se tomó dos años para hacer las pericias.”
Pero eso no fue todo el sufrimiento que tuvo que atravesar la familia de Sonia: luego la causa estuvo siete meses paralizada porque la contaduría de los tribunales de San Isidro no depositaba los 300 pesos que costaba la última pericia balística.
La fiscal recién le tomó declaración indagatoria al asesino a los 36 meses y 14 días. “Si no luchábamos como lo hicimos, a Benítez ni siquiera lo condenaban. (N de R: El asesino fue condenado a ocho años y seis meses de prisión pero la condena aún no está firme.) Si logramos algo es porque hicimos de todo, porque es lo que ella hubiera hecho por nosotros”, remarca el viudo.
En su casa de Hurlingham, Micaela, hermana de Rodrigo Corzo (Ver recuadro), agrega que “nosotros peleamos contra el Estado: los jueces y fiscales no nos representan ni nos acompañan”.
El asesino de su hermano, Cristian Solana, tenía un promedio de 9,75 y era instructor de tiro de sus jefes. Estaba considerado como el policía ejemplo. En 2007 fue condenado a 16 años de prisión pero dos años más tarde la Cámara de Casación redujo la pena a diez años y ocho meses. Ese fue el castigo que la justicia consideró para el policía que mató por la espalda a un joven que tenía toda la vida por delante. “Ese día nos humillaron, lo mataron de vuelta”, llora Eli, la madre de Rodrigo, que el día que se enteró que la Bonaerense había matado a su hijo, fue empujada al piso por un comisario.
Consultados por Tiempo Argentino, todos los damnificados coincidieron en que el primer paso hacia la ilegalidad es el asesinato de un civil por parte un funcionario policial. Que la segunda instancia es el encubrimiento y que el tercer escalón lo ocupa el Poder Judicial, cuya balanza tiende a inclinarse siempre hacia el mismo lado, protegiendo los intereses uniformados.<
Dos asesinos en libertad
El 12 de julio de 2006 Jonathan Mansilla, de 18 años, fue interceptado por un patrullero de la Comisaría 6ª de Palomar. Lo mataron en el piso. Trabajaba en el sector carnicería del supermercado Disco de Morón y no tenía antecedentes. El asesino se llama Sergio Nogueira y la causa aún no fue elevada a juicio oral. El 2 de octubre de 2008, Cristopher Torres, de 17 años, fue asesinado por el teniente Luis Ayunta, del grupo de apoyo departamental (GAD) de Moreno. Cuando su madre llegó, Ayunta estaba sacando un arma de su bolsillo y la arrojaba hacia el joven. El policía recibió 12 años de prisión en suspenso y aún hoy continúa en libertad.
El caso de Rodrigo Corzo
El crimen de Rodrigo Corzo ocurrió el 28 de agosto de 2003 cerca de las 2:30, en el puente de Santa Rosa del Acceso Oeste, en Castelar. El joven iba a la casa de su novia en el auto de su padre.
Rodrigo fue fusilado por la espalda por el subinspector Cristian Alfredo Solana, instructor de tiro de la Bonaerense.
El patrullero era conducido por el sargento Ariel Nuñez, que será juzgado por encubrimiento agravado y falso testimonio, luego de permanecer prófugo de la justicia y ser descubierto de casualidad por un grupo de militantes que realizaba una radio abierta en la plaza principal de Moreno.
Código Penal
ARTÍCULO 80
Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, al que matare: abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario (Inciso incorporado por Ley N° 25.816)
