La noticia causó malestar e incertidumbre entre los operadores judiciales. Se creará un fuero especializado que contará con tres fiscalías de Instrucción y un juzgado de Control. Se ocuparían de las causas de “menor” envergadura, el resto quedará en los tribunales federales.
El gobernador José Manuel De la Sota anunció ayer que la provincia de Córdoba -mediante su justicia provincial- tendrá ahora la obligación de investigar los delitos del narcotráfico mediante un fuero especializado que se creará para tal fin.
Así lo anunció ayer el primer mandatario cordobés en un acto en el que presentó dos programas de gobierno, uno relacionado con la prevención de la trata de personas y otro de lucha contra la droga.
Según explicó De la Sota, una vez que Córdoba adhiera al artículo 34 de la Ley nacional de Estupefacientes Nº 23737, los delitos de narcotráfico de menor envergadura pasarán a ser instruidos por la justicia provincial, que contará con tres fiscalías de Instrucción y un juzgado de Control.
El anuncio causó estupor y mucha incertidumbre entre los miembros del Poder Judicial que estaban presentes en el acto de gobierno. En diálogo con Comercio y Justicia, todos coincidieron en que nunca fueron consultados sobre semejante decisión que implicará una sobrecarga de trabajo adicional a un Poder Judicial ya abarrotado de causas.
Ocurre que, según adelantó De la Sota, hasta tanto se ponga en marcha el fuero especializado, el juzgado de Control Nº6 -que hoy ya está en funciones- y tres de las fiscalías de Instrucción que tiene el Distrito I de Córdoba deberán provisoriamente hacerse cargo de instruir las nuevas causas relacionadas con el narcotráfico que ingresen.
Al referirse al anuncio, la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, María Esther Cafure de Battistelli, recordó que oportunamente el Alto Cuerpo rechazó sumarle al Poder Judicial provincial la investigación de los delitos de droga. Al mismo tiempo, remarcó que se trata de una temática que los operadores provinciales “no manejan”.
El escaso presupuesto y la falta de infraestructura de la justicia provincial fue otro de los temas que Cafure de Battistelli no dejó de mencionar a la hora de criticar la decisión del mandatario. “Este año no nos aprobaron el presupuesto que pedimos”, subrayó.
En la justicia Federal también manifestaron sus objeciones y reparos. Una de las fuentes consultadas dijo que espera que esta decisión “no complique aún más las cosas”.
“Nos tendremos que sentar a definir cómo se asignan las competencias, habrá que fijar criterios para no estar todo el tiempo enviando los expedientes de acá para allá”, explicó.
Contra la trata
Con su gabinete en pleno y un auditorio colmado de asistentes -entre los que se encontraba Susana Trimarco, madre de Marita Verón- De la Sota dijo que se creará una nueva secretaría de Estado que se denominará “de Prevención de Trata de Personas”. Al mismo tiempo, anunció la decisión de avanzar en la clausura de whiskerías y cabarets, prohibir el regenteo y los anuncios que promuevan la oferta sexual.
También se creará una División de Lucha contra la Trata y un Registro Único de Personas Buscadas, con el objeto de formar un sistema informático de registro de denuncias sobre personas desaparecidas.
Por último, De la Sota indicó que por medio del diputado nacional Francisco Fortuna se presentará un proyecto en el Congreso para que se modifique el artículo 17 de la ley nacional Nº 12331 de Profilaxis. Lo que se pretende es elevar la pena a quienes administren, regenteen y exploten locales para la prostitución con condenas de 4 a 10 años de prisión.
