Indudablemente, uno de los temas pendientes en la provincia de Catamarca en materia de los derechos de la infancia y la adolescencia, ha quedado evidenciada en los debates y planteos que se sucedieron después de que se produjera la muerte de cuatro adolescentes privados ilegítimamente de su libertad en el interior de la Alcaidía.
Desde aquel desastre que vistió de negro una de las páginas de la historia catamarqueña, hubo varios intentos en dejar plasmadas transformaciones en el sistema judicial de menores de Catamarca.
Uno de esos proyectos quedó evidenciado el pasado jueves en la presentación de la propuesta normativa provincial sobre la adecuación del procedimiento de intervención de la Ley 26.061, en el ámbito de la provincia.
La instancia fue presentada en el salón Ezequiel Soria, por miembros de la Asociación de Pensamiento Penal, junto a los jueces de menores Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada.
Fueron varios meses de trabajo, consistentes en la necesidad de un objetivo concreto en marco de la normativa en materia de niñez: “Poner las cosas en su lugar”, según sintetiza el Juez Gershani Quesada.
“Se trata de una adaptación de la legislación provincial a lo que establecen las normativas internacionales y nacionales, con las que estamos muy atrasados”, dijo al ser consultado sobre las premisas del proyecto.
Es que Catamarca no sólo enfrenta una suerte de retroceso en cuanto a las políticas públicas destinadas a la protección de los menores, si no que “de seguir con este paradigma, la provincia podría ser sancionada internacionalmente por no cumplir con las garantías que necesitan los jóvenes en un proceso penal”.

Competencias

Lo que se pretende a través de la adecuación de la ley Nacional en el ámbito local, se reduce en dos ejes puntuales: un foro especializado por aquellos que tienen la herramientas necesarias para garantizar los derechos de los jóvenes, y la intervención penal como último recurso a utilizar, previo a agotar todas las instancias para dar una respuesta al menor, a la sociedad y a las víctimas, según disertaba Mario Juliano, presidente de Pensamiento Penal.
El motor fundamental para que funcione el proyecto, es integrar un equipo interdisciplinario, “personas que trabajen a la par de la ley”, asegura Gersahani. Por ello, el fin principal que persigue es potenciar el rol que le compete a cada institución del Estado.
Lo que establece la ley es que exista un organismo que contenga a los chicos, que evalúe cada situación y la aborde desde el punto de vista interdisciplinario, “Dentro del sistema de protección integral de la Niñez, el área de Desarrollo social debe tener una actividad muy fuerte y afilada, Educación y Salud deben trabajar en coordinación, y recién cuando el sistema sociocultural y de contención haya fallado, debería intervenir la justicia”. Algo totalmente contrario a lo que sucedía con el sistema actual. “El Juez debe intervenir en todo, investigar un abuso sexual cometido por un adolescente, asistir a la víctima y a la vez debe resolver su situación social. (Sigue Pág. 7)

Un aporte desinteresado

La presentación que realizó personal de Pensamiento Penal, estuvo encabezada por el presidente de la asociación, Mario Juliano, Julián Axat, Pablo Barbirotto, y Carlos Reggiani.
El modo en que ha sido estructurado el proyecto, lo convierte en el sistema de responsabilidad penal juvenil “más moderno de la Argentina y varias provincias mostraron su interés para adecuarlo a sus propias normativas, explicaba el Juez Gersahani. El equipo que trabajó en la adecuación de la ley, es, según expresó el magistrado, “el grupo enfocado en la defensa de la niñez más calificado de la Argentina”. Para elaborar el modelo para Catamarca, el equipo trabajó desinteresadamente desde marzo hasta abril en un proyecto de ley modelo para Catamarca.
“Vinieron, lo presentaron, lo defendieron, lo explicaron. Hasta presentaron las alternativas legislativas para adecuarlo, dieron todo”. Lo cierto es que este trabajo, supera los estudios sobre el sistema de protección de niñez y juvenil de Latinoamérica, estimó el juez.

“La privación de libertad como último recurso”

“La institucionalización evidentemente no sirve. Parte de ese error surge en querer enseñar a alguien a respetar sus derechos, en un lugar en el que está privado de los mismos”, subrayó el Juez. Lo mismo sucede con los adultos procesados, “difícilmente hay una reinserción y hay muchos reincidentes”.
El sistema de protección penal actual cuenta con un déficit muy importante, según precisa Gershani Quesada. “Es un desastre que está en contra de lo que establecen los convenios internacionales”.
La ley provincial está adaptada al paradigma de la ley 22.278, o Régimen Penal de la Minoridad. Con esta normativa, los jóvenes, explica Gershani, están objetivizados, “son objetos de derechos, mientras que con la 26.061 son sujetos de derechos”, una diferencia abismal.
Se trata de una ley “vetusta, que en muchas provincias se ha declarado inconstitucional, y tiene los restos de la época de la dictadura”, sostuvo. El juez legitimazaba una serie de procedimientos a través de la facultad que tenía de gobernar la vida del menor. Considerado menor, no sólo en su edad si no en sus derechos”, sentenció.
Sin embargo, algo que no se ha remarcado con insistencia, es que a través de la adecuación de la ley de protección de los derechos de los niños/niñas y adolescentes, no queda vedada la posibilidad de la institucionalización del menor, e incluso la privación de la libertad, “pero ahora es en relación al delito que ha cometido, y no a una situación de problemas sociales”, remarcó el letrado.
“Soplan vientos de cambio muy fuerte. La provincia no puede mantenerse al margen de ello”, concluyó.

Fuente: http://www.elesquiu.com/notas/2012/5/20/policiales-240550.asp