Algunos elegantemente lo llaman nepotismo, otros hablan directamente de acomodo y muchos hacen referencia a ingresos «por la ventana». Lo cierto es que los magistrados y funcionarios siguen sumando críticas puertas adentro y también hacia afuera.
Según la Real Academia Española, el nepotismo es la «desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos».
Aquí en nuestra provincia, la Justicia Federal se ha convertido, por obra y gracia de la mayoría de sus magistrados y funcionarios, en ese lugar de «familia» que brinda la posibilidad de un trabajo seguro y cómodo, muy rentable y que, de no mediar impedimentos extraños, se puede extender a lo largo del tiempo e incluso garantizar ascensos, por lo que muchos empleados de carrera ven interrumpidos sus deseos de progresar en la estructura jerárquica.
Ocurre hoy pero no es algo nuevo ni exclusivo de este fuero en nuestra provincia. Los Andes publicó hace 10 años una nota titulada: «El 80% de los magistrados federales nombró familiares en la Justicia».
Mientras en otras jurisdicciones, como Córdoba, se la conoce como la «sagrada familia», en la vecina provincia de San Juan se denunció a fines del año pasado el nombramiento de una treintena de empleados en la planta permanente, «la mayoría de ellos familiares de miembros influyentes del propio Poder Judicial y del gobierno…».
En el edificio de Pedro Molina y avenida España, hoy como ayer, magistrados y funcionarios judicial suman una gran número de familiares, amparados principalmente en acuerdo «entre pares» (yo lo nombró acá pero necesito un cargo allá) y también por la falta de concursos que bien podrían aportar cierta transparencia, como ocurre, por ejemplo, en la Justicia provincial.
Jueces que ya no están, como Alfredo Manuel Rodríguez y Gerardo Walter Rodríguez (ambos jubilados) y Luis Leiva (destituido), dejaron como empleados a hijos, nueras, cuñadas y sobrinas.
Ayer y hoy
En aquella nota (12 de diciembre de 2002), se destacaba que sólo algunos (entre unos 20 magistrados) no tenían parientes o por lo menos no han sido cuestionados.
Pero hoy la situación cambió. Roberto Naciff, integrante del Tribunal Oral N° 2, suma cuatro parientes directos. Dos hijos: Fernando y Pamela, un yerno (Gabriel Tiezi), una nuera (Luciana Díaz) y un amigo del hijo (Marcos Bazán). Aquí se suma otro agravante por lo menos ético, según las fuentes consultadas: los cinco cumplen funciones en el mismo Tribunal que el juez, es decir acá no existió el tradicional «enroque» con otros despachos.
El también miembro del Tribunal Oral N° 2, Héctor Cortez, tiene a su cuñado -Fernando Alcaraz- como fiscal y una hija, Maite (de 19 años), como jefa de despacho. Mientras, Iris González, esposa de Juan Antonio González Macías, es su relatora en el Tribunal Oral N° 1.
Alberto Endeiza fue uno de los últimos jueces que pidió y obtuvo su jubilación especial. Sin embargo su apellido continúa vigente y multiplicado. Cuatro hijos están dentro de la estructura federal: Mónica, Claudia y Patricio en Mendoza y la restante, Dolores, en San Luis. Por su parte Luis Miret, quien fuera destituido por el Consejo de la Magistratura, hizo ingresar a un yerno, que cumple funciones como médico en los mismos tribunales. Mientras, Carlos Pereyra González, también jubilado, cuenta ahora con la presencia de un hijo, Martín; la nuera, Clara Civit y una hermana de ésta (Laura). Otro renunciante, Julio Petra, logró la incorporación de su hija (Laura) y un sobrino (Santiago).
El actual presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Alfredo López Cuitiño, nombró a su hija Natalia, que cumple funciones de relatora y en fecha reciente hizo lo propio con su contador personal que trabaja en Habilitación. Por su parte, Jorge Roberto Burad, que fuera juez con competencia electoral y últimamente integrante del Tribunal Oral N° 2, renunció el año pasado pero continúa en funciones su hija Viviana, que ingresó en la Secretaría Electoral y después pasó a ser su relatora y ahora está en notificaciones.
El también destituido Otilio Roque Romano nombró a su hija Verónica (hoy defensora oficial), un hijo -Nicolás- que tuvo un fugaz paso por la Secretaría Electoral y ahora está en el Juzgado Federal N° 2 y una sobrina, Gimena Martínez. Fuera del edificio, Olga Pura Arrabal, titular del Juzgado Federal N° 2, nombró a su nuera Marta Zimerman y a Paula, una sobrina.
La puerta de entrada
Por su parte Walter Bento, titular del Juzgado Federal N° 1 y con competencia electoral, tiene a Marta, su esposa, como jefa de despacho, después de ser secretaria privada de Alfredo Manuel Rodríguez, cuando Bento estaba en una secretaría penal. Además están sus dos concuñadas (Andrea y Gabriela) y también Carla Posse, Gabriela Paluchini, Cristina Bustos y Cristina López, conocidas en el edificio por ser «las amigas de Marta», es decir la esposa de juez y todas con prestación inicial en la Secretaría Electoral. Además, fueron «colocados» dentro de la misma planta Ariel Benítez, Daniela Conti y su novio Juan José, y Celeste Quesada, hija de su custodio personal.
Aquí vale destacar, como dato significativo, que generalmente los nombramientos se hacen en la Secretaría Electoral, donde previo a las elecciones (desde 1983 a la fecha) se duplica el número de empleados «contratados», muchos de los cuales después pasan a ocupar cargos en otros juzgados. Primero, en forma temporal hasta que terminan siendo nombrados.
También se señala al defensor oficial Daniel Pirrello que trabaja junto a su esposa, Graciela Bresca, y sus hijas Daniela y Cecilia.
Finalmente dentro de los nombramientos destacados de familiares aparece el realizado por la secretaria de Ejecución, Analía García Izquierdo (actual pareja de ex juez Alfredo Manuel Rodríguez), que lo hizo con sus hijos Alejandro y Cecilia Cusino y también con su nuera Verónica Kuklis.
La lista de nombres y vínculos sirve para mostrar que el Poder Judicial se sigue manejando con esta lógica de familia, donde el ingreso no se puede concretar si no hay recomendaciones especiales y padrinazgos directos. Pero, más allá del cuestionamiento ético, toda vez que no existe un impedimento legal, la situación afecta directamente a los empleados de carrera que ven, con estos nombramientos, la imposibilidad de acceder a los ascensos.
