El año pasado en la Argentina fueron asesinados 17 niños. Y muchos de esos crímenes se produjeron en un contexto de violencia familiar, según señala un informe de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. En la otra punta de la línea de la vida, otras apreciaciones estadísticas -esta vez tucumanas – hablan de la vulnerabilidad de los ancianos, un sector de poca visibilidad porque a los que todavía no lo son no les gusta mirarse en ese espejo. Según estimaciones de la Dirección de Familia y Adultos Mayores de la Provincia, de 300 denuncias que le llegan a ese organismo por vía informal o por la línea telefónica 102, el 70 % de los casos refieren a ancianos maltratados física o piscológicamente; o esquilmados, muchas veces por sus familiares directos. «Muchas veces llegan denuncias, anónimas o no. Y cuando tenemos que girar al Poder Judicial esas situaciones (que atraviesan todas las clases sociales), muchas veces la Justicia no tiene en claro por dónde canalizarlas», afirma la directora de Familia y Adultos Mayores,Analía Sánchez.
Frente a ese escenario, la diputada nacional Diana Conti, del Frente para la Victoria (FPV), acaba de presentar un proyecto para el agravamiento de penas para quienes ejerzan violencia sobre ancianos, sobre menores de 16 años, sobre embarazadas y sobre personas discapacitadas. «Cuando alguno de los delitos previstos en este código se cometiera contra personas mayores de 70 o menores de 16 años de edad, en estado de gravidez o discapacidad, la escala penal prevista para el delito que se trate se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, siempre que no se encuentre establecida otra pena por la especial situación de vulnerabilidad.», se lee en la propuesta que impulsa la parlamentaria justicialista. En diálogo con LA GACETA, la diputada Conti dice que se basó en la certeza de que puertas adentro hay una cantidad importante de maltratos. «Hemos legislado sobre femicidio, hemos propuesto agravar las penas por violencia de género, y muchos adultos mayores nos han dicho: ¡a nosotros nos pasa lo mismo!, muchos fiscales, inclusive, también nos lo piden. Y resulta necesario visibilizar esta problemática directamente relacionada con el ámbito penal», dijo. Conti reconoce que hace apenas un mes se acaba de constituir una comisión para la reforma del Código Penal. Y añade que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner estableció como directriz para el trabajo en la elaboración de la actualización del Código Penal la sistematización del instituto, «otorgando garantías a aquellas personas que delinquen pero también atendiendo a la seguridad de la sociedad, para que no haya impunidad».
Conti dice que son iniciativas destinadas a «abrir el debate», dándoles un mensaje a los sectores más vulnerables frente al delito: mujeres, trans, niños y adultos mayores. Y se ataja de quienes puedan ver en su propuesta una señal de «mano dura». «Existe en el Congreso un sector que es refractario a aumentar penas, en los cuales yo también me identifico; lo cierto es que no se puede hacer caso omiso a estas nuevas modalidades delictivas», admitió la parlamentaria.
Desde la oposición parlamentaria, el radical tucumano Juan Casañas reconoce la situación de vulnerabilidad al delito a la que están expuestos los chicos, los viejos, los discapacitados y las embarazadas (Ver Punto de Vista). Pero desliza, en su reflexión, que esas modificaciones deberían ser incorporadas ya en el Código Penal reformado.
Lo mismo opina la camarista y profesora Titular de Derecho Penal II de la Facultad de Derecho de la UNT, Alicia Freidenberg. «Es innegable la realidad del planteo; pero opino que los remiendos no son buenos: y que sería oportuno incorporar esos cambios ya en el nuevo Código. Recordemos que ha sido la propia presidenta la que ha ordenado la conformación de una comisión que preside Raúl Zaffaroni», destacó Freidenberg.
La comisión para la reforma del Código Penal, creada a comienzos de este mes, está integrada también por los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo(PRO), la ex diputada socialista María Elena Barbagelata y el ex camarista León Arslanian.
Como todos los expertos y funcionarios consultados a propósito de la iniciativa de Conti, Freidenberg reconoce que el problema debe ser abordado desde una perspectiva de políticas públicas sociales; porque el juez penal es el punto de llegada, afirma. Y lo que hay que hacer es tratar de no llegar a esa instancia», añade.
En plena sintonía con la doctora Freidenberg, la camarista de Familia Graciela Valls de Romano Norri opina: «sin ser materia de mi especialidad, de la lectura del Artículo 41 del Código Penal surge que prevé distintas circunstancia que funcionan como atenuantes o agravantes de la pena en cada caso. Todo ello permite que la pena se ajuste a cada caso en particular. Hecha esta aclaración, el proyecto de la diputada Conti constituye una respuesta más del Estado frente a un fenómeno de actualidad que, si bien no se limita exclusivamente al ámbito familiar, es en este donde se presentan la mayoría de los casos. Considero que el proyecto en cuestión se refiere solo a una parte de una problemática tan delicada, y si bien importa un paso adelante, con la sola tipificación de delitos o agravamiento de penas no se resuelve en modo completo una cuestión de esta complejidad, sino que la misma debe ser abordada desde múltiples lugares y de un modo integral».
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, la abogadaViviana Grossman sintetiza el debate que ha puesto en la mesa el proyecto de la diputada Conti: «obviamente la ley no va a impedir que estas situaciones de maltrato se produzcan pero sí puede funcionar como un llamado de atención, para toda la sociedad. Creo que la sanción de este proyecto, si bien no impedirá la comisión del delito, abrirá un necesario debate sobre el trato que deberíamos dispensarle a nuestros jóvenes y adultos mayores».
