La resistencia oligárquica, trasfondo de la controversia entre Nación y Provincia. Un gobierno blando con los poderosos y cruel con los débiles. Una delegación oficial llevó documentos, salud y planes a las cárceles visitadas por Mariotto. Pero los prisioneros siguen siendo rehenes del mecanismo perverso de prebendas y castigos implantado por un Servicio Penitenciario que conduce al ministerio de Seguridad. La villa como cárcel sin muros, el dilema entre Estado Penal o Estado Social.

Por Horacio Verbitsky
Hace ocho días un pelotón de funcionarios de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires llegaron al complejo penitenciario conurbano norte, de San Martín. Iban con ellos el Defensor General de Casación de la Provincia, Mario Coriolano, y la defensora pública de Lomas de Zamora, Fernanda Mestrín. El viceministro de Justicia y Seguridad provincial, César Albarracín, y la directora del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini, junto con directivos de la Jefatura de Gabinete y el ministerio de Salud recibieron allí a funcionarios de la ANSES y de los ministerios nacionales de Salud y de Acción Social. El propósito era remediar las calamidades constatadas por el vicegobernador Gabriel Mariotto durante la visita que realizó el 29 de marzo en compañía del senador Santiago Carreras, defensores oficiales, la Comisión Bonaerense por la Memoria y el CELS.

Si esto es un hombre

Las personas privadas de su libertad que hablaron con Mariotto reclamaron por la demora de sus causas (ocho de cada diez presos provinciales no tienen sentencia firme), la falta de atención sanitaria y las inicuas condiciones de alojamiento. Con un solo dentista que concurre una hora por semana, la única terapia para cualquier problema es la extracción. Enfermos con HIV-Sida, diabetes, trastornos psiquiátricos y/o neurológicos no reciben ningún medicamento. No hay médicos que recorran los pabellones ni que visiten la denominada sala de internación, donde ni hay un enfermero. Esto es así pese a que el 27 de diciembre de 2009 el gobernador Daniel Scioli firmó con la presidente CFK un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia de Salud en Cárceles, por el cual la población penitenciaria debería participar de todos los planes sociales y de salud implementados para el resto de la sociedad por los ministerios respectivos de la provincia y de la Nación. Los vidrios de todas las ventanas están rotos, por lo que el invierno es insoportable. De las paredes por las que caminan cucarachas, cuelgan cables pelados que se conectan en los tomacorrientes a falta de enchufes. Por resolución judicial, cada interno en esa cárcel construida sobre un basural debe recibir cinco litros diarios de agua potable para beber, cocinar e higienizarse. En ninguna celda había más de un bidón, para cuatro o cinco personas. Además sus etiquetas son fotocopiadas y muchos detenidos afirman que son rellenados con agua de la canilla. En muchas celdas, donde los detenidos pasan el día entero incluyendo la comida, las letrinas están tapadas y desprenden un olor hediondo, las canilla no cierran y el agua corre sin cesar y se derrama por el piso, sobre el que tienden mantas para dormir los que no tienen colchones, en celdas para dos personas en las que se apiñan cuatro o cinco. Los colchones son escuálidos, inflamables y están destripados por las constantes requisas. El Servicio no provee elementos de limpieza para las celdas ni de higiene personal para los detenidos.

El sistema de la crueldad

También el 29 de marzo el camarista Leonardo Pitlevnik y los jueces de garantías Ricardo Costa y Esteban Rossignoli inspeccionaron la Unidad 47, que integra el mismo complejo. Allí documentaron “existencia de ratas y cucarachas; falta de cupos para estudiar no obstante la demanda de las personas detenidas (el cupo es de 80 y la lista de espera de 150); pocos funcionarios penitenciarios para proveer seguridad y control; defectuosa concurrencia de personal médico; superpoblación y secuestro cotidiano de facas”. El director de la U47, prefecto mayor Fernández, no sabía cuántos profesionales de la salud y de qué especialidades concurrían ni en qué horario. Tampoco pudo responder sobre la empresa que proveía los alimentos: aunque se llama “Resaka” el sello en la documentación revisada decía “Cook Master”. Lo mismo ocurrió con la ordenada desratización: mientras los detenidos mencionaban que “estaba todo igual”, los penitenciarios dijeron que “se había reducido el número de animales”. El 18 de abril, la Suprema Corte de Justicia provincial ordenó generar acciones para reducir los niveles de violencia y “salvaguardar la vigencia de los derechos humanos”, dado “el desgobierno y el consumo de sustancias estupefacientes”. La Corte dispuso que el ministro de Seguridad, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, y la procuradora general, María Falbo, le informen en forma trimestral “con detalle y precisión” sobre “la instauración de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, intensificación del control de gestión y continuidad del monitoreo”. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar solicitada por el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria luego del asesinato a golpes del interno Patricio Barros Cisneros, y responsabilizó al Estado Nacional por la integridad y la vida de las personas privadas de su libertad en el Complejo Conurbano Norte. “Los homicidios en unidades penitenciarias provinciales aumentaron casi un 20 por ciento durante el último año. Estas muertes vienen acompañadas por una persistente situación de hacinamiento, torturas, malos tratos y privaciones estructurales de derechos. La violencia extrema en los lugares de encierro se explica, en general, por lo que hace o deja de hacer el SPB, que aparece como intocable. La negación política de la situación alimenta las respuestas represivas y ha reafirmado la autonomía con la que el SPB se mueve”, sostiene la presentación. Luego de la visita a las cárceles, Mariotto se reunió con Scioli quien, ante la advertencia de que la Nación se ocuparía de lo que no hiciera la provincia, dispuso que varios ministerios acercaran algunas soluciones a los problemas más urgentes. Así, la jefatura de gabinete y los ministerios de Salud y Desarrollo Social provinciales enviaron trailers con el equipamiento necesario para emitir documentos nacionales de identidad, asistentes sociales, médicos y odontólogos. Ya en el complejo Conurbano Norte, se encontraron con los funcionarios de la ANSES que debían relevar la situación de cada interno y los de Desa-rrollo Social de la Nación encargados del otorgamiento de distintos planes sociales a los detenidos.

Pasarse de Lista

Pese a la presencia del viceministro Albarracín y de la jefa del SPB Piermarini, la delegación esperó horas sin que se presentaran para realizar los trámites más que un puñado de detenidos. Fue la defensora pública Mestrín, quien tomó la iniciativa y reclamó que los promotores de la ANSES ingresaran a los pabellones en vez de esperar que el Servicio llevara a los detenidos hacia ellos. Al ingresar, comprobaron que la mayoría de la población reclusa ignoraba la visita que se estaba realizando y que las listas de quienes recibirían ese beneficio las confeccionaban los confidentes del Servicio, conocidos en las cárceles como Los Limpieza. Ese es el núcleo de la problemática carcelaria: la vida y la muerte dependen de un sistema de prebendas y represalias administrado por el SPB, cuyo brazo ejecutor son Los Limpieza, equivalentes de Los buchones policiales y de Los transas en los barrios, todos ellos a su vez reminiscentes del siniestro sistema de Kapós con el que se administraban los campos de concentración del nazismo. Así, las mejores intenciones del sistema político o de los organismos defensores de los derechos humanos son devoradas por esa ciénaga sin ley ni instituciones, donde la vida no vale nada. Para superar esta limitación y en respuesta a la medida cautelar de la CIDH, el Poder Ejecutivo decidió formar una comisión con sede en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con delegados de la Cancillería, de las secretarías nacional y provincial de derechos humanos, del ministerio de Seguridad bonaerense, del CELS y de la CPM, donde se tratará de adoptar e implementar medidas permanentes y con sustento institucional. Comenzará por Buenos Aires, pero se extendería luego al resto del país.

La cárcel y la villa

Mientras Albarracín y Piermarini aguardaban a la entrada del Complejo Penitenciario, Mario-tto se reunía en la Universidad Nacional de San Martín con el rector Carlos Ruta y la decana del Centro Universitario que funciona dentro de la cárcel, Gabriela Salvini, quienes invitaron al vicegobernador a visitar dos emprendimientos iniciados por detenidos dentro del Complejo y continuados en dos de las villas de San Martín al recuperar su libertad. Uno de los colaboradores de Salvini, quien se presentó como tercera generación de cartoneros, dijo que la situación no era muy diferente entre la cárcel y las villas, porque en ambas se manifiesta el abismo social y la desintegración causados por las políticas neoliberales. El trabajo, la educación y el arte son las formas de rescate que conciben. Waldemar Cubillas comenzó a estudiar sociología tras las rejas y realizó un censo por el cual supo que un alto porcentaje de sus compañeros de reclusión no sabían leer ni escribir. Al salir de la cárcel, volvió a la villa La Carcova (con acento en la o, como lo pronuncian sus habitantes), con el propósito de repetir allí el programa de alfabetización para adultos que había comenzado en el Centro Universitario de la cárcel. Pero la realidad de la villa impuso sus condiciones y así surgió la biblioteca popular La Carcova, donde se reúnen docenas de pibes de 6 a 12 años para leer, contar y escribir historias y recibir asistencia escolar. “Este es El Cuentero”, dice Waldemar. Un morochito rapado de ojos y pestañas enormes asiente.

–¿Por qué te llaman así?

–Porque soy el que inventa los cuentos –responde con orgullo.

Esa cabaña de unos 2×3 metros fue construida con maderas del cartoneo. Sobre el piso de tierra, colocaron los restos de una alfombra apolillada. La pared del frente fue tapiada con adobe sobre las tablas para atenuar el frío. “Lo hicimos desde abajo, sin ayuda de nadie, porque así empiezan las cosas que valen”, dice Waldemar. Adjunto a la biblioteca, construyeron con el mismo sistema un establo, para guarecer a un petiso viejo que les regalaron cuando ya no pudo tirar del carro de cirujear. Un chico propuso llamarlo Néstor, otro sugirió “Néstor en bloque”, por el conjunto de cumbia villera que canta:

“Siempre fuimos como luz y sombra
que sin la sombra no hay luz
y sin la luz no hay sombra”.

Por fin, todos acordaron ponerle Tornado, nombre que el matungo sobrelleva con el exiguo decoro que le queda. A pocos metros de la biblioteca y el establo está el santuario, compartido por tres deidades populares: San la Muerte, el Gauchito Gil y la yoruba Iemanyá. Siempre rodeado por los pibes que lo siguen como líder y modelo, Waldemar reflexiona sobre los territorios que definen su vida. “La cárcel es como la villa con muros, la gente es la misma, las relaciones se parecen.”

Entre las cuerdas

Le pregunto si conoce al sociólogo francés residente en Estados Unidos Loïc Wacquant. Sí, claro. Después de leer su libro Entre las cuerdas, relato sobre su experiencia como boxeador amateur en el gimnasio de un barrio empobrecido de Chicago, Waldemar y Graciela decidieron crear una escuela de boxeo en la cárcel, que aún no se inauguró debido a las restricciones impuestas por el SPB desde la visita de Mariotto. También han leído Las cárceles de la miseria, el libro de Wacquant que se editó en la Argentina en plena crisis del 2000. Los mismos que ayer “militaban en favor del Estado mínimo en lo que se refiere a las prerrogativas del capital y la utilización de la mano de obra, exigen hoy con igual fervor más Estado para enmascarar y contener las consecuencias sociales deletéreas de la desregulación del trabajo asalariado y del deterioro de la protección social”, dice. “A la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia del Estado penal”. El objetivo de esa política es “calmar el temor de las clases medias y altas mediante el hostigamiento permanente a los pobres en los espacios públicos”, como ocurre aquí con los operativos de saturación de Scioli y Casal. Añade que con la doctrina de la tolerancia cero también se propagó “la retórica militar de la ‘guerra’ al crimen y de la ‘reconquista’ del espacio público, que asimila a los delincuentes (reales o imaginarios), los sin techo, los mendigos y otros marginales a invasores extranjeros, lo cual facilita la amalgama con la inmigración, que siempre da réditos electorales”. En cambio, “difícilmente se trate de aplicar la tolerancia cero a las violaciones patronales del derecho laboral o del derecho social”. Las cárceles “no están llenas de criminales peligrosos y endurecidos, sino de condenados por casos de estupefacientes, robos, hurtos o simples perturbaciones del orden público, salidos en esencia de los sectores precarizados de la clase obrera”. El irresistible ascenso del Estado penal “traduce la puesta en vigencia de una política de criminalización de la miseria que es el complemento indispensable de la imposición del trabajo asalariado precario y mal pago”. La desinversión social “entraña y requiere la sobreinversión carcelaria”. Desde 1975 en los barrios obreros del Gran París “la curva de la desocupación y la de la población penitenciaria siguen una evolución rigurosamente paralela”. La alternativa a la cárcel es resignarse a los empleos inseguros. Wacquant propone “la creación de nuevos derechos del ciudadano, tales como el ingreso de existencia, independiente de la realización o no de un trabajo, la educación y la formación de por vida, el acceso efectivo a la vivienda para todos y la cobertura médica universal, acompañada por una reconstrucción agresiva de las capacidades sociales del Estado”. De esa elección, dice, “depende el tipo de civilización que Europa pretenda ofrecer a sus ciudadanos”. Parece pensado para la Argentina. La segunda visita fue a un merendero instalado por otro ex recluso en una casa familiar de la Sarmiento. una villa más de San Martín. El Estado ayudará a remover una montaña de escombros y basura y a construir una edificación más grande para responder a la enorme demanda y permitir que también se utilice para ayuda escolar. Por ahora sin difusión pública, también han comenzado en villas de la Capital y del Conurbano Bonaerense operativos nacionales que coordina el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y en los que participan los ministerios de Alicia Kirchner, Juan Manzur, Alberto Sileoni, Nilda Garré, Arturo Puricelli y Florencio Randazzo. Están concebidos para el rescate de los excluidos, reverso de los operativos de saturación, criminalizadores y estigmatizantes que Scioli y Casal conducen en las villas bonaerenses. Por decirlo en los términos de Loïc Wacquant, en vez del Estado Penitencia, un gradual regreso del Estado Providencia.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-194447-2012-05-20.html