Lo afirmó el Juez Adrián Martín, integrante de la «Asociación Pensamiento Penal”, luego de la presentación de un relevamiento realizado en tres unidades carcelarias de la Provincia. El informe confirmó que se incumplen leyes nacionales e internacionales. Los graves problemas podrían “comprometer a los Estados Provincial y Nacional”, aseguró Martín. El abogado Rubén Marigo, entendió que todo depende de la “decisión política” de cambiar la situación de los penales en la Provincia.
La crítica situación que atraviesa el Penal III de Bariloche se vio reflejada en un informe realizado durante el mes de abril, y que abarcó a tres unidades carcelarias de la Provincia. El resultado del relevamiento fue presentado este lunes por el Juez Adrián Martín, integrante de la «Asociación Pensamiento Penal” que inspeccionó las cárceles de Viedma, Roca y Bariloche.
En el informe se confirman las “condiciones indignas” en las que viven los internos y el incumplimiento de leyes nacionales e internacionales. “La situación es acuciante”, señaló Martín, y detalló que existen graves inconvenientes eléctricos -cables expuestos, entre otros- y sumados a un crítico problema de humedad -los internos colocan bolsas en los techos para improvisar una canaleta y evitar que llueva dentro de la celda- “se está comprometiendo al Estado Nacional frente a las normas internacionales”, que regulan las condiciones en las que deben vivir los internos.
De la presentación del informe participaron organizaciones de derechos humanos, legisladores, el juez barilochense Martín Lozada, entre otros referentes.
El magistrado explicó que los internos se encuentran en una disyuntiva: “paliar la temperatura o tener iluminación y ventilación”, porque “las ventanas no tienen vidrios”, denunció.
En la misma línea, Martín puntualizó que el sistema de salud es “prácticamente nulo”, porque no hay médicos en el Penal de Bariloche, y los traslados y recepción en el Hospital “son muy complicados, no están articulados”. Existen “muchos derechos lesionados”, afirmó.
En tanto precisó que hay un grave incumplimiento de una ley nacional en las tres cárceles, porque hay ciertos cursos que “reducen las condenas” y no son dictados en ninguno de los tres penales. “No se puede acceder al derecho a la Educación”, esgrimió el Juez Penal.
Recordó, por otra parte, que en diciembre de 2010 el Superior Tribunal de Justicia le dio al Gobierno Provincial un lapso de 180 días para que regularice las mencionadas situaciones, pero “la resolución no fue cumplida”.
En otro orden, destacó que la Provincia “adoptó el protocolo contra la tortura” pero advirtió que el mecanismo “aún no fue puesto en funcionamiento. Espero que no sean sólo anuncios”, dijo. La misma percepción tuvo acerca de la iniciativa de construir una nueva cárcel en Bariloche. “Espero que se concrete”, expresó.
Al respecto el abogado de la APDH, Rubén Marigo, sostuvo que la construcción de la nueva cárcel, “demandará dos años” y entendió que el problema “se debe resolver ya”. Indicó que se presentaron numerosos Habeas Corpus por la situación del penal de Bariloche, pero sostuvo que “no son la solución”, todo depende de la “decisión política”.
En tanto, la legisladora provincial Beatriz Contreras (FpV), señaló que “por orden del Gobernador”, Alberto Weretilneck, se constituirá el Comité Contra la Tortura -conformado por organizaciones de distintos puntos de la Provincia, un representante del Gobierno y uno del Poder Judicial-, el próximo 6 de junio. Y “será propidad de dicho Comité velar por la situación de los presos y el penal”.
Sin embargo, Marigo entendió que el Comité se limitará a denunciar e insistió en la importancia de la “decisión política” para resolver la crítica problemática.
Por otro lado, tanto Marigo como Martín, entendieron que las personas alojadas en las cárceles, “pertenecen a los sectores más vulnerables” y “son cada vez más jóvenes”. También indicaron que “no existe personal penitenciario en Bariloche. El mismo que te detiene, luego te cuida”, esgrimieron y remarcaron que conviven “procesados y condenados” en un mismo espacio.
En el informe, se destaca que existen “cuestiones particulares de cada uno de los tres penales observados y otras que tienen en común, pero que no son exclusivas de la Provincia”, explicó Martín. Los resultados del relevamiento, serán entregados al Ministro de Gobierno, a Procuración a los presidentes de bloque de la Legislatura y a los miembros del Superior Tribunal de Justicia.
La «Asociación Pensamiento Penal» funciona desde hace 10 años y busca “transformar democráticamente el sistema penal”, resaltó el juez Adrián Martín. (ANB)
Fuente: http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=28770
