LA PLATA.- Desde 2008, cuando la Legislatura reemplazó a la Suprema Corte de Justicia provincial en la función de llevar adelante el proceso de enjuiciamiento de jueces y fiscales por eventuales fallas en su actuación, ningún magistrado acusado de liberar a presos que luego cometieron crímenes atroces resultó destituido.
Así surge de los registros de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, creada en medio de la discusión por las decisiones del juez de Garantías de San Martín Nicolás Schiavo, que en febrero de 2007 concedió arresto domiciliario con monitoreo de una tobillera electrónica a Angel Fernández (condenado por robo, violación y homicidio y procesado por tenencia ilegal de arma), que a fines de julio del año siguiente violó el sistema y asesinó en Los Cardales, Campana, a una familia entera: Marcelo Mansilla, Sandra Rabago y sus hijos Agustín y Milagros.
En 2009 Schiavo enfrentó un jury promovido por diputados oficialistas, pero la comisión bicameral de enjuiciamiento desestimó el juicio al no hallar elementos que probaran una actuación fuera del marco de la ley. Según trascendió entonces, Schiavo declaró ante los legisladores conjueces, explicó su decisión y confesó haber sufrido por las consecuencias de aquella medida.
«El tema de los jurie s contra jueces penales es muy delicado, pero es preciso entender que no es posible remover a un juez por sus decisiones jurisdiccionales; para eso existen instancias judiciales de apelación», justificó Ulises Giménez, titular de la Secretaría de Enjuiciamiento.
El funcionario informó que desde 2008 hubo unas 200 presentaciones, de las cuales siguen en proceso alrededor de 90. La mayor parte es contra fiscales del fuero penal.
«La gran difusión del caso Schiavo trajo aparejadas decenas de denuncias contra ese y otros magistrados por decisiones de beneficios excarcelatorios, pero en su mayoría no tenían sustento», comentó Giménez.
En breve se prevé el inicio del jury en contra del juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, suspendido hace un año. Si bien el magistrado fue acusado por vecinos y por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, de dejar en libertad a varios presos que luego terminaron con resonantes asesinatos -entre otros, el del ingeniero Carlos Regis, ocurrido en julio de 2008-, de las diez imputaciones contra el juez, catalogado de «garantista», la única que quedó en pie se refiere a un presunto incumplimiento en hacer efectiva la libertad de un detenido dispuesta por la Cámara de San Isidro.
El caso de Sal Lari se tramitó junto con el del magistrado Esteban Rossignoli, denunciado por presunto mal desempeño al eximir de prisión a un delincuente involucrado en el crimen del ingeniero Regis..
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1475066-jueces-acusados-y-ninguno-destituido
