Los hechos de violencia vinculados a la Policía de la Provincia del Chubut acaecidos en días pasados ameritan algunas líneas. Es de público conocimiento que en la noche del martes 17 de enero un chico de 16 años fue detenido en Trelew acusado de infringir una absurda contravención, fue violado y golpeado repetidas veces por policías de la Comisaría 2ª de dicha ciudad. Frente a estos hechos, el Procurador General de la provincia, Jorge Luis Miquelarena se mostró “absolutamente sorprendido por el grado de sadismo”.
Acto seguido, se sucedieron los violentos episodios entre el GEOP y miembros del gremio de Camioneros en Trelew. El juez Carlos Faiella Pizzul manifestó: “Nunca pensé que algo así pudiera pasar. Yo no me puedo hacer cargo de las acciones de la Policía”. En el fallo se ordenaba al jefe de la Policía del Chubut y de la Unidad Regional de Trelew a “colocar personal suficiente a fin de garantizar, actuando en un marco preventivo y disuasorio, el regular ejercicio del derecho a manifestarse y la normal prestación del servicio público”. El Gobernador Martín Buzzi le exigió, rápida y acertadamente, la renuncia al jefe de la Policía del Chubut Néstor Siri, y anunció la asunción de nuevas autoridades.
Dos días después, el Gobernador declaró: “Yo le pedí a la Policía que se autodepure y que pueda identificar a los miembros que están en esa situación”. Aclaró que la orden en relación con el desalojo “fue excesivamente cumplida por parte de la Policía de la provincia. Y a alguien que conduce una fuerza no le puede pasar esto”. Quien conduce la fuerza, es y debe ser, el Poder Ejecutivo Provincial. Este es el punto central.
En los días subsiguientes el conflicto con el gremio de camioneros cobró escala nacional, un testigo del caso del abuso sobre el adolescente fue amenazado, y trascendieron imágenes de que efectivos de la fuerza policial habrían fotografiado a quienes se manifestaron en la ciudad de Trelew repudiando el hecho. Ayer amanecimos con la noticia de la renuncia de la cúpula policial nuevamente, y el nombramiento de nueva dirigencia.

El conjunto de estos hechos de violencia nos inquietan como ciudadanos y ciudadanas, pero fundamentalmente como colectivo político. Lejos de pretender con esto echar por tierra los consensos políticos construidos en el último tiempo consideramos que es esencial el aporte, el dialogo y la discusión para hacer realidad la construcción de seguridad democrática, la cual carece de recetas y es necesariamente dinámica.
Estas prácticas no son excesos, y el horror no ayuda a explicarlas. Ellas tienen raíces profundas que exceden a las personas en particular. Durante décadas el Estado delegó tácitamente las misiones y el diseño de las estrategias de las fuerzas policiales y de seguridad, generando una autonomía que derivó en falta de control, en ineficacia y disfuncionalidad, e incluso complicidad con el delito. Además, las funciones específicas de la Policía como auxiliares del sistema de administración de justicia y servidora de quienes sufren alguna situación de inseguridad, se vieron relegadas a un segundo plano, desplazadas por el rol de “guardianes del orden (y el espacio) público”, con énfasis en el factor represivo.
Este diagnóstico, palabras más palabras menos, llevó a la Presidenta de la Nación a poner en manos de la Ministra Nilda Garré la conducción política de las fuerzas de seguridad nacionales, maximizando el uso de los recursos humanos y materiales, aumentando la presencia policial en las calles, repensando desde un punto de vista académico y operativo la problemática criminal y del conflicto en general, sin dejarse llevar por la “criminología mediática”. Tanto los abusos policiales como el populismo penal representan la continuidad de la perspectiva dasnevista sobre los asuntos de seguridad pública, que derivó en los conocidos casos de Iván Torres y Julián Antillanca, por quienes aún pedimos justicia. Autoritarismo político y autogobierno policial como herramientas para gestionar el conflicto social y la violencia constituyen una fórmula que ha fracasado no sólo en nuestra provincia, sino en el mundo entero. Estas líneas no intentan ser un dedo acusatorio, sino señalar la necesidad imperiosa de comenzar a transitar este camino cuya transformación llevará sin duda años y que implica esfuerzos muchas veces invisibles. Creemos que las recientes declaraciones y decisiones del gobernador se inscriben en esta línea, asumiendo la jefatura política de la fuerza.
El desafío es transformar la proporcionalidad en el uso de la fuerza, las reglas y procedimientos, los protocolos y el respeto por los derechos humanos en algo más que una prescripción de manual. Comandar las fuerzas de seguridad implica también ser responsable por sus errores y tener la decisión y la constancia para cambiar aquello que deba ser cambiado. Y no nos referimos con esto a cambiar las personas y los cargos, ni solo a la capacitación del personal policial, sino a la necesidad de fiscalizar, programar y controlar el desempeño de modo conjunto, las agencias estatales y las instituciones policiales. Que el Estado provincial, tal como lo anunció Blas Meza Evans, se presente como querellante en estas causas, aporta a la necesidad de comenzar a recomponer la confianza operativa entre la ciudadanía y las instituciones.
Esta nueva etapa del gobierno nacional es ejemplo de que es posible, con voluntad política, retomar la planificación estratégica del país. Ir, paso por paso, sentando las bases de la provincia que soñamos, de la Argentina, y de la Patria Grande. Como chubutenses, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos esta pluma como arma de futuro. Ponemos nuestros conocimientos, tiempo y evaluaciones a disposición de funcionarios, funcionarias, miembros de organizaciones de la sociedad civil y de la política, para la difícil y apasionante tarea de construir un país más justo con la política y el Estado como herramientas.