NEUQUÉN (AN).- El aspirante a fiscal del Tribunal Superior de Justicia, José Ignacio Gerez, sorteó la valla de la comisión de Asuntos Constitucionales que habilitó, por mayoría, el tratamiento de su nominación en la sesión de hoy. «Tengo ganas de producir cambios, me siento en condiciones académicas y de juventud en un momento en el que el fiscal tendrá una participación activa en el proceso. A los jóvenes nos gustan los desafíos y no quiero ser fiscal por el sueldo sino por la función social que tiene el cargo y para que mis hijos se sientan orgullosos». La frase fue el colofón de una exposición de casi dos horas que efectuó ante los legisladores de la comisión que presidente José Russo (MPN).
Durante la entrevista, Gerez defendió la independencia de criterio lograda con sus años de ejercicio de la profesión y dijo que sus antecedentes como asesor en organismos del poder Ejecutivo, no van a ser un obstáculo para investigar eventuales casos de corrupción. Afirmó que los delitos contra la administración pública deben ser investigados como el resto de los delitos y reivindicó el rol que adquiere la investigación en el nuevo Código Procesal Penal. «El nuevo código establece un sistema más acusatorio que indagatorio», dijo y agregó que no tenía opinión formada sobre el hecho de que los juicios por delitos contra la administración pública deban ser por jurado. Al ser consultado por la «colonización del poder judicial» durante el período de 2003/2007 dijo que «hay grupos identificados con un referente judicial que no participan de las capacitaciones armadas por otro referente» y se pronunció a favor de «trabajar con todos y buscar un consenso para hacer homogénea la forma de trabajo».
Si bien se negó a hablar con la prensa una vez que terminó la reunión y recibí las felicitaciones de los legisladores, dijo que su idea era darle un perfil social a la fiscalía porque «el fiscal debe estar en la escena del crimen y participar de reuniones con organismos sociales, no puede aislarse».
«Fue trabajo profesional», dijo escuetamente cuando el diputado Alejandro López le dijo que había actuado como querellante por el Poder Ejecutivo en una causa por corte de rutas en Villa La Angostura. También dijo que es inaplicable la ley antiterrorista y argumentó que se aprobó por sugerencia internacional para que el país no quede en una virtual lista negra. Consultado sobre el Consejo de la Magistratura, destacó las virtudes del órgano extrapoder en el ingreso de los magistrados al Poder Judicial y contrastó el mecanismo de selección con el del período 2003-2007, «donde los jueces eran designados de otra manera».
