En su iniciativa, Yoma -presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados- propone asignarle esa competencia a un Tribunal Nacional de Casación por Arbitrariedad, por crearse. Fundamentó su proyecto en la necesidad de aliviarle el trabajo a la Corte. Pero el jefe del bloque radical de Diputados, el jurista Ricardo Gil Lavedra, rechazó la iniciativa al considerar que la definición sobre esas sentencias deben seguir en manos del máximo tribunal.

El proyecto dispone que la nueva instancia judicial -con sede en Córdoba- se abocaría a las sentencias arbitrarias emanadas no sólo de los tribunales inferiores federales, sino también nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

El diputado oficialista fundamentó su propuesta en la necesidad de aliviarle el trabajo a la Corte Suprema, hoy saturada de causas que arribaron a su consideración por invocación de arbitrariedad. Sin embargo, en el máximo tribunal la iniciativa fue recibida con cierto recelo; si bien no se la objeta desde el punto de vista técnico, fuentes del alto tribunal temen que este proyecto sea el puntapié inicial de una avanzada oficialista para socavarle poder a la Corte, admitieron fuentes del máximo tribunal.

«El Poder Ejecutivo no tiene interés en avanzar sobre la Corte», dijo anoche a LA NACION una alta fuente del gabinete de Cristina Kirchner, que caracterizó al proyecto de Yoma como una iniciativa de un diputado, no del Gobierno.

En ese mismo sentido, encumbrados miembros del oficialismo parlamentario adelantaron a este diario que si bien se dará tratamiento legislativo al proyecto del diputado Yoma «sólo llegará al recinto si la Casa Rosada así lo autoriza». «Todavía no se recibieron instrucciones al respecto», deslizaron.

Desde la oposición, el jurista y jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, se mostró crítico del proyecto. «Las sentencias arbitrarias son aquellas que no aparecen fundadas en la ley o carecen de requisitos constitucionales en su formulación. En el último tiempo, la Corte fue restringiendo progresivamente las causales para que este tipo de sentencias sean apeladas ante esa instancia máxima. Por eso creo que las sentencias arbitrarias que quedaron fuera de esas restricciones deberían seguir libradas al buen juicio y la prudencia de la Corte», sostuvo Gil Lavedra.

El diputado Yoma, sin embargo, está decidido a seguir adelante con su proyecto. Hoy reunirá a la comisión que preside y propondrá iniciar una ronda de consultas con funcionarios del Poder Ejecutivo, juristas y magistrados para abordar la cuestión.

«No persigo un interés político con este proyecto. Al contrario, creo que sería importante que la Corte Suprema se aboque exclusivamente a sus competencias originales: el control de constitucionalidad como máximo intérprete de la Constitución Nacional y la resolución de conflictos entre la Nación y las provincias -enfatizó el legislador-. En la actualidad, el máximo tribunal debe atender más de 20.000 causas al año de derecho común que provienen de las instancias inferiores, y la Corte no tiene el tiempo material para abocarse debidamente a ellas.»

«La administración de justicia se halla en un cuello de botella. Por esa razón, se debe descomprimir la tarea del máximo tribunal para que éste sólo atienda las causas en las que se ven afectadas las garantías constitucionales expresas», insiste el legislador.

El diputado Yoma pretende darle prioridad a esta iniciativa en su comisión. Sin embargo, sus compañeros de bloque tienen otros planes e insistirán en acelerar allí el tratamiento del proyecto de ley de la diputada Diana Conti para transferir al Banco Nación los depósitos judiciales que hoy se realizan en el Banco Ciudad.

Esta iniciativa, entendida por la oposición como una embestida política del kirchnerismo contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, líder de Pro, también es criticada por Yoma, quien se resiste a darle un «trámite exprés» como pretenden sus pares de bloque.

En la reunión de hoy, la Comisión de Justicia definirá cuáles serán sus prioridades de agenda. No se espera una discusión sencilla. «Vamos a tratar todos los temas, pero nada se aprobará a libro cerrado», desafió Yoma.
Polémico proyecto de ley

El proyecto se propone crear un Tribunal Nacional de Casación por Arbitrariedad para entender en los recursos por arbitrariedad que se interpongan contra las sentencias definitivas.

La integración el tribunal que crea este proyecto de ley estará integrado por siete miembros, quienes deberán reunir las condiciones exigidas para ser miembro de la Corte Suprema.

Los plazos el recurso por arbitrariedad de sentencia debe presentarse ante el nuevo tribunal dentro de los diez días hábiles judiciales de notificada la sentencia recurrida.

Resolución el Tribunal de Casación por Arbitrariedad deberá resolver los fallos en su estudio dentro del término máximo de cien días hábiles del almanaque de los judiciales.

Condena firme por «La Escuelita»

La Corte Suprema dejó firme las condenas a 25 años de prisión contra Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas y Luis Alberto Farias por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención denominado «La Escuelita», en Neuquén..