Desvelada por la crisis económica, España asiste impasible a una película donde la discriminación se despliega con descaro. Por su aspecto físico, decenas de inmigrantes son detenidos a diario por la policía nacional. En cada redada racista, hombres y mujeres deben esgrimir sus argumentos –papeles de residencia en mano– para permanecer en el país. La Dirección General de la Policía española reconoció esta semana que era improcedente trasladar a dependencias policiales a quienes se hayan identificado correctamente. La delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, se sumó al debate. “Os recuerdo una noticia de marzo: Cifuentes anima a avisar de las ‘redadas racistas’ tras dar órdenes para eliminarlas ow.ly/1MwNh2”, escribió la funcionaria el lunes en Twitter (@ccifuentes). A pesar del pedido de Cifuentes y de su esmero por cargar las culpas en los anteriores ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho, nada cambió. Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (Bvodh), entre otros colectivos, siguen denunciando las razzias policiales. Página/12 conversó con inmigrantes y activistas de derechos humanos sobre el hostigamiento a los extranjeros en la Península Ibérica. Según el último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior español, la policía hizo 7.102.059 identificaciones en 2010. Poco más de un millón fueron en la capital española. En el informe “Controles de identidad racistas en Madrid”, Bvodh (@BrigadasDDHH) caracteriza las detenciones: “Cuando nos referimos a redadas describimos una actuación de la policía planificada, donde el espacio se limita y se controla la movilidad de las personas para proceder a su identificación”. Los operativos policiales se realizan en calles o parques, estaciones de subterráneo o en cercanías de consulados y embajadas. También en lugares de reunión, locutorios o centros de salud. Las Bvodh surgieron en 2009 en respuesta a las políticas discriminatorias en Madrid. “Gente que estaba en la plaza, iba a trabajar o de compras, era parada, identificada, retenida y a veces detenida por su aspecto físico”, señala la argentina Malena Becerra, que ingresó a las brigadas en 2010.
“Eso genera una criminalización de ciertos grupos sociales, además de ser un ataque a la dignidad de las personas, a los principios de igualdad, libre circulación y no discriminación”, amplía. El primer grupo se formó en Aluche, donde actualmente funciona uno de los nueve Centros de Internamiento para Extranjeros de España (ver recuadro). Becerra dice que a pesar de que el gobierno (de Mariano Rajoy) declaró que iba a detenerlas, las redadas siguen siendo una práctica sistemática en las calles madrileñas. “Además de los controles de identidad que hemos presenciado, durante este año hemos recibido cerca de 400 avisos de vecinas y vecinos”, cuantifica y señala que las detenciones no se dan únicamente en el barrio Lavapiés: Usera, Pacífico, Moncloa, Legazpi, Avenida de América y Diego de León completan el mapa de las razzias. Para la activista, el problema de las identificaciones no es algo que padezcan solamente los inmigrantes. “Vivir en un Estado en el que los derechos sean diferenciales afecta a toda la sociedad”, subraya.
Entre otras cuestiones, el documento elaborado por las Bvodh advierte que los controles “exceden el objetivo aparente de localizar a personas en situación administrativa irregular”. Y que la persecución constituye “un mecanismo de control social”, que refuerza la construcción de “un grupo social homogéneo, levanta fronteras internas y potencia la diferenciación social entre la población autóctona y la extranjera”.
En la oficina del centro social Ateneu Candela, en Tarrassa, Barcelona, Xavi Martes asesora a extranjeros sin papeles sobre sus derechos y cómo actuar en caso de ser detenidos. En cada redada los activistas van a las comisarías para que liberen a los inmigrantes; también presionan en los juzgados para demostrar que los encausados participan en asociaciones sociales. “Hablamos de diez a quince personas detenidas cada día en Tarrassa”, calcula Martes, y asegura que se enteran de las razzias por teléfono o Twitter. Con la denuncia consumada, convocan a movilizarse hacia las estaciones del metro para visibilizar el acoso policial e impedir los arrestos. Entre 60 y 100 personas participan en esas actividades que cuentan, además, con el apoyo de abogados.
Daniela Ortiz nació en Cuzco, Perú, pero vive en Barcelona hace cuatro años. Allí edita antigonia.com (@antigonia_info), blog abocado a temas de inmigración. Entre 2007 y 2010, mientras era alumna de la Universidad de Barcelona, obtuvo un permiso de estudiante. El 13 de septiembre de 2010 solicitó la residencia por “arraigo social”, ya que había residido en España por tres años consecutivos sin abandonar su territorio. Sin respuesta, al año siguiente presentó una carta de reclamo por su situación. “Estuve dos meses con la tarjeta de estudiante vencida, el único documento que certificaba que estaba legal en el país era la fotocopia de mi pedido de residencia”, cuenta la joven.
“Ese papel no sirve para nada”, afirma y arriesga vía Skype: “Según quien lo mire, puede considerar que estás legal o ilegal”. El 11 de febrero de 2011 supo por correo electrónico que habían extraviado su carta. Le pidieron que presentara la documentación nuevamente. Mientras estaba de viaje en México, le informaron que necesitaba una visa para regresar al país. Como su abuela es chilena, en abril viajó al país trasandino para tramitar la nacionalidad. Con el pasaporte chileno viajó a España. “En el counter de Iberia me hicieron problemas alegando que no tenía visado, las personas que trabajan allí no tienen idea de la Ley de Extranjería española y los tratados con distintos países.”
En noviembre de 2011, Ortiz contrató a un abogado para comenzar el proceso de solicitud de residencia. Con Xose, su compañero de vida, acordaron unirse como “pareja de hecho”. Le entregaron la tarjeta, como extranjera residente, hace dos meses. A propósito de la Circular de la Dirección General de la Policía, sobre detención e identificación de extranjeros, las Bvodh señalan que el documento reconoce una práctica discriminatoria e ilegal ejercida por los aparatos del Estado. Y pregunta: “¿Asumirá alguien responsabilidades?”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-194749-2012-05-24.html
