Está acusado por el supuesto cobro de coimas. La causa data de 2003. El proceso lo llevará adelante la Cámara 7ª del Crimen.
El ex fiscal de Instrucción, Roberto Matheu, quien fue destituido de su cargo en agosto pasado, volverá a ser juzgado aunque esta vez serán los tribunales provinciales quienes lleven adelante el proceso judicial.
Según pudo confirmar Comercio y Justicia, el debate oral – que contará con jurados populares – lo llevará adelante la Cámara 7ª del Crimen que integran los jueces Víctor Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz. La fecha de inicio está prevista para el 30 de julio próximo.
Junto con Matheu están acusados los abogados Marcos Juárez y Carlos Morelli, el primero por recibir dinero y los segundos por entregarlo o prometerlo a cambio de la liberación de detenidos y de la entrega de un automóvil. De acuerdo con la acusación, que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en agosto de 2003, el fiscal Matheu aceptó recibir dos mil pesos que le prometió el abogado Morelli a cambio de que liberara a personas que habían sido detenidas en flagrancia e imputadas de encubrimiento. A Matheu también se le atribuye haber aceptado una oferta de dinero (mil pesos) a cambio de disponer la devolución de un automóvil Fiat Palio cuyo secuestro había ordenado el propio fiscal.
Ya en 2005 la jueza de Control Anticorrupción Ana María Lucero Offredi había solicitado la elevación a juicio de la causa pero las defensas apelaron; luego el caso fue confirmado por la Cámara de Acusación y el TSJ.
Devolver el cargo
En caso de que Matheu sea absuelto, se descarta que intentará recuperar su cargo, que perdió cuando el Jurado de Enjuiciamiento lo encontró responsable por supuesta comisión de delitos.
Cabe recordar que su abogado defensor, Alejandro Zeverín, interpuso meses atrás un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia para conseguir que se revise su destitución. Allí se cuestionó la sentencia del Jury y se planteó la inconstitucionalidad del artículo 154 de la Constitución Provincial, que posibilita la remoción de un funcionario judicial aun “por supuesta comisión de delitos”, a diferencia del artículo 53 de la Constitución nacional, que exige “delito en el ejercicio de sus funciones”.
El planteo de Zeverín todavía no fue resuelto y ahora la suerte del ex fiscal está en manos de los jurados populares y los jueces técnicos que integran la Cámara 7ª del Crimen.
