El juicio por jurados, una de las cuentas pendientes del Congreso, comenzará a tratarse el 17 de junio en Diputados. Algunos proyectos estaban cajoneados desde hace más de una década, según sus impulsores por resquemores del poder político y judicial a que los ciudadanos “comunes” dicten sentencia. Se trata de un retraso histórico: la Constitución de 1853 establece que el Parlamento debe promover una ley para instaurarlo y los intentos nunca prosperaron. La primera comisión con ese objetivo la creó Domingo Sarmiento durante su Presidencia, en 1871.
Cristina Kirchner presentó un proyecto en ese sentido cuando era senadora y en la reciente reunión con legisladores de distintos bloques pára reformar el Código penal pidió el avance del juicio por jurados. Tuvo efecto inmediato: un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal –que presiden los kirchneristas Jorge Yoma y Oscar Albrieu– tratará las iniciativas del propio Yoma y su compañero de bloque Héctor Recalde, la peronista disidente Graciela Camaño y Gerardo Milman, del FAP. Elisa Carrió arrimará el texto que empujó sin éxito en sus inicios de diputada, hace 15 años. Por la UCR, Ricardo Gil Lavedra –jefe de bloque– se mostró de acuerdo aunque “a opción del imputado y por delitos graves” .
¿Por qué el Congreso demoró tanto, más de un siglo y medio, en avanzar con lo establecido por la Constitución? Camaño lo atribuyó a la resistencia del Poder Judicial a resignar el “grado de discrecionalidad” que se vería amenazado con jurados integrados por ciudadanos legos. Yoma incluye a los sucesivos gobiernos, cómodos con un sistema que pocas veces puso en aprietos a los funcionarios. “Hay un resquemor en la política, con el argumento de que podría ser algo manejable desde lo mediático. Pero es más influenciable un juez que un ciudadano común ”, dice.
El juicio por jurados ya funciona en Córdoba con un sistema escabinado ( mixto entre jueces y ciudadanos), y Daniel Scioli lo impulsa en Buenos Aires. Los proyectos en el Congreso proponen arrancar sólo con delitos penales de penas superiores a 5 u 8 años de prisión y establecen como requisitos para los jurados –será carga pública– tenerentre 21 y 75 años, empleo y aptitud física y psíquica . El presidente y vice, los gobernadores, funcionarios y legisladores, así como imputados y condenados no podrán ser jurado. El Estado deberáretribuir a los ciudadanos por los días no trabajados, y no se descarta un resarcimiento a sus empleadores, que tendrán la obligación de mantener las condiciones laborales del jurado.
Milman impulsa empezar por los ilícitos de funcionarios públicos . “Muchos juicios con sentencia de absolución de jueces persuadibles por el poder político tendrían una sentencia condenatoria si fueran administrados por ciudadanos independientes”, alega, aunque la propuesta no encontró eco. Yoma y Camaño no la apoyan. “Hay una manda constitucional que no está cumplida y tenemos que avanzar, pero no acuerdo con una caza de brujas”, planteó la diputada.
Fuente: http://www.clarin.com/politica/congreso/Juicio-jurados-siglo-empieza-saldarse_0_708529199.html
