EDUARDO DELGADO
Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, dijo que es discutible la legalidad de un plebiscito que apruebe bajar la edad de imputabilidad. «Uno no puede condicionar los derechos fundamentales a la opinión del pueblo», afirmó.
Cantón se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. «La comisión ha planteado claramente que la reducción de la edad no es la respuesta al problema de la inseguridad en lo más mínimo», dijo a El País en su último viaje a Uruguay como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, tras 13 años en ese cargo.
Pero Cantón sumó otro elemento, y sostuvo que es «al menos discutible» la validez de que por plebiscito se aprueba la baja de edad de imputabilidad. Puso como ejemplo la sentencia de la Corte Interamericana referida al caso de María Claudia García de Gelman, «que está relacionada con la validez de los referéndums en los aspectos vinculados a derechos fundamentales».
«En el caso de Gelman se planteó porque la ley de amnistía en Uruguay (se refiere a la Ley de Caducidad) había sido aprobada por la ciudadanía y la Corte dijo que no importa eso, igual es una agresión a los derechos humanos y hay que derogarla», afirmó Cantón.
Señaló que la Corte Interamericana ya se había pronunciado instando a países a derogar leyes de amnistía, pero que la diferencia en el caso Gelman es que se pronunció en el sentido de que «un referéndum no es excusa para no cumplir con estándares de derechos humanos. Uno no puede condicionar los derechos fundamentales a la opinión del pueblo».
CÁRCELES. Cantón dijo que la de Uruguay, «si no la peor, es una de las peores situaciones de cárceles del hemisferio».
Recordó que fueron expertos los que marcaron eso, entre ellos los relatores de organismos «tanto del sistema regional como del sistema de Naciones Unidas». Cantón dijo que «todo el mundo se queda sorprendido» con esta información, «porque consideran que no puede ser, ya que se tiene una buena percepción de Uruguay y, lamentablemente, es una realidad comprobada por la Comisión Interamericana, por el sistema universal de derechos humanos, que una de las peores situaciones está en las cárceles de Uruguay».
«La sensación que tengo es que por lo menos ha habido un cambio de tendencia, aunque tengo entendido que aún los cambios no han sido sustanciales, que obviamente queda mucho por hacer, que sigue habiendo problemas en las cárceles y hace poco hubo uno importante (la quema de dos módulos en el Comcar)», expresó.
Según Cantón, «aparentemente hay voluntad, se han iniciado ciertos cambios que pueden llegar a ser útiles». A esto sumó la reciente creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, «que es algo que la comunidad internacional ha esperado desde hace años», lo que «puede tener un impacto y esperemos se le dé todos los recursos que sean necesarios».
«Pero dicho esto, la situación sigue siendo grave, el Estado siempre puede hacer mucho más de lo que hace y tampoco es cuestión de esperar», acotó Cantón.
«Porque a una persona que está siendo torturada no se le puede pedir que espere un par de años que lo van a resolver. Por eso se necesitan acciones concretas del Estado lo antes posible para resolver la grave situación carcelaria que atraviesa Uruguay», concluyó.
