Un proyecto de ley busca crear en el ministerio público oficinas de defensorías oficiales para la víctima del delito. La idea es garantizar el derecho constitucional de acceso a la Justicia mediante la representación gratuita de un letrado para poder colaborar con la resolución de causas.
La iniciativa fue presentada por la diputada provincial María Macarena Herrera y el pasado 23 de mayo ingresó para su tratamiento parlamentario.
Las defensorías oficiales de víctimas tendrán por función el patrocinio gratuito de un abogado particular, a los fines de que las personas con escasos recursos puedan hacer efectivo su derecho constitucional de participar en el proceso penal como querellantes, pudiendo así colaborar en probar la existencia de delitos y la culpabilidad de los imputados.
La aprobación del proyecto garantizaría el derecho constitucional de acceso a la Justicia a una importante franja de la sociedad, ya que muchas personas que a diario son víctimas de la inseguridad en los sectores más necesitados de la provincia, se ven en una situación de vulnerabilidad socio económica al no contar con los recursos necesarios demandados para la contratación de un abogado que los asista durante los procesos judiciales posteriores.
A partir de la creación de las “Defensorías Oficiales de la Víctima del Delito”, un abogado del Estado le permitirá a la víctima de escasos recursos constituirse como querellante particular, plantear nulidades procesales, ofrecer pruebas, recurrir decisiones de fiscales de instrucción, jueces o tribunales de alzada, entre otro tipo de asistencias que puedan aparecer durante la investigación penal.
Obstáculo remediado
En la fundamentación del proyecto, la legisladora indica que en nuestro país los códigos de procedimiento penal posibilitan, a la par de la actuación del fiscal, la intervención de las víctimas en el proceso penal. El Código Procesal Penal de nuestra provincia cumple con esta exigencia constitucional en su artículo 8º, mediante la figura del querellante particular, disponiendo que “la víctima de un delito de acción pública puede intervenir en el proceso penal como querellante particular para probar la existencia de delito y la responsabilidad penal del imputado…”. Sin embargo, el obstáculo para el ejercicio efectivo de este derecho es lo que el proyecto de ley intenta remediar. La ley indica que para que una víctima pueda constituirse como querellante, debe ser asistida obligatoriamente por un abogado y quien no tenga el dinero suficiente para contratar los servicios de uno, se ve en una situación de desigualdad.
Por ello, se considera necesaria la defensoría oficial para víctimas del delito, como ya existen las defensorías para los imputados de estos hechos, funcionando bajo la órbita del Poder Judicial. Ésta tendría las mismas prerrogativas, funcionalidades y recursos humanos y materiales que las ya existentes.
Asistencia actual
Hay dos organismos en la actualidad que cumplen una función similar. Por un lado, la Oficina de Asistencia a la Víctima, monitoreada por el Poder Judicial y por el otro, el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, del ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia. Si bien su tarea es parecida, el proyecto de ley considera que ambos con su asistencia psicológica, social y el asesoramiento legal, brinda servicios indispensables en la contención y atención de las personas, pero su función es casi “inicial”. El asesoramiento brindado dista de ser un patrocinio letrado, y si el Estado sólo provee un defensor gratuito para quien está acusado de cometer un delito y no para la víctima, se produce una situación de desigualdad ante la ley y ante los tribunales, ya que existe una importante diferencia de presencia.
El derecho de igualdad ante la ley y ante los tribunales impone que el Estado acuerde tanto al acusado como a la víctima un trato igual en las mismas circunstancias, confiriéndole idénticos derechos para y durante su participación en el proceso penal.
Defensorías
Tres serían las defensorías de asistencia a la víctima, el mismo número que las actualmente existentes para los imputados. Los letrados serían elegidos por concurso.
Fuente: http://www.elesquiu.com/notas/2012/6/4/policiales-242438.asp
