La Coordinador para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presentó el pasado viernes en Sevilla su informe ’La tortura en el Estado Español en el año 2011’, del que se desprende como primera conclusión que las denuncias por agresiones o malos tratos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o funcionarios de Instituciones Penitenciarias han aumentado, pasando de las 540 en 2010 a los 853 actuales. Según los datos recabados por la coordinadora las situaciones en las que se han producidos esos abusos fueron 280, casi 30 casos más que en el pasado.
El portavoz nacional de la Coordinadora, Carlos Hernández, ha llamado la atención del incremento que se ha registrado en denuncias relacionadas con las movilizaciones sociales, que se han duplicado llegando a las 433, en las que más de la mitad, 246 concretamente, están ligadas de manera más o menos directa con las concentraciones del 15M.
Sigue siendo un dato de los más significativos la violencia ejercida contra inmigrantes. 110 son los extranjeros que la han sufrido entre Centros de Internamiento y vendedores ambulantes. A este respecto no hay que olvidar las dificultades para poner las denuncias o hacerlas públicas por el medio a represalias dada su situación.
En otro ámbito el informe detalla que se han contabilizado 51 muertes bajo custodia de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de prisiones o personal de centros de menores, 34 de ellas en centros penitenciarios. Unos datos que el Ministerio del Interior aún no ha hecho públicos oficialmente.
Se destaca también el hecho de que sólo se tenga constancia de una sanción contra un funcionario, en este caso concreto el de una Policía Local de Santander y como consecuencia de una agresión en la puerta de un bar de dicha ciudad.
Una de las conclusiones que ha extraído Hernández de las cifras que ofrece el informe es que en el Estado español, los poderes públicos, apuestan por la acción policial y la agresión en vez de por el diálogo.
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura está formada por: Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura (ACAT), Alerta Solidària, Asociación APOYO, Asociación Érguete, Associació Catalana per la Defensa del Drets Humans, Associaçaõ Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento, Asociación Contra la Tortura, Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Asociación Libre de Abogados, Associació Memòria Contra la Tortura, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación de Solidaridad y Apoyo a los Presos de Aragón, Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos), Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Centro de Documentación Contra la Tortura, Comissió de Defensa del Collegi Barcelona, Comité Anti-Sida de Lugo, Justicia i Pau, Concepción Arenal, Coordinadora Antirepressiva de Gràcia, Coordinadora de Barios de Madrid, Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, Esculca (Observatório para a defensa dos direitos e liberdades), Etxerat, Federacion de Asociacions de Loita contra a Droga, Fundación Érguete, Institut Drets Humans de Catalunya, Movemento polos Dereitos Civis, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Pastoral Penitenciaria de Lugo, PreSOS Extremadura, PreSOS Galiza, SalHaketa (Bizkaia), SalHaketa (Araba), Torturaren Aurkako Taldea, Torturaren Kontrako Taldea, Voluntariado Penitenciario de Lugo, Xusticia e Sociedade.
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article37945
