NEUQUÉN (AN).- Los días de visita, 125 mujeres y 75 niños ingresan en promedio a la Unidad 11 de Neuquén. Y sigue siendo uno de los motivos de conflicto, a tal punto que las propias policías encargadas de la requisa pidieron un ecógrafo móvil para que el trámite sea menos invasivo. Además, no funciona el detector de metales.
Esta fue una de las falencias que detectó una inspección realizada por la fiscal Gloria Lucero en febrero pasado, cuyos resultados recién ahora se hicieron públicos.
El problema con las visitas es uno de los capítulos de un extenso informe que elaboró la fiscal.
Enumera muchos otros, que se suman a las gravísimas falencias que encontraron los vocales del Tribunal Superior de Justicia en visitas realizadas el año pasado.
El tema de las visitas de los familiares de los internos tuvo una respuesta del ministro de Coordinación, Gabriel Gastaminza. «Se impartieron precisas instrucciones a todo el personal respecto a estar especialmente atentos al necesario trato respetuoso y digno a todo familiar que visite a un interno», escribió el funcionario en un informe remitido al Tribunal Superior.
La cuestión de las visitas tiene relevancia porque es motivo de quejas recurrentes por parte de los internos. Incluso el ya histórico motín de abril de 2004 empezó por un reclamo del interno Cristian Ibazeta de mejor trato para su madre discapacitada.
Años después 27 policías fueron llevados a juicio por torturas y al menos 3 de ellos terminaron condenados por el testimonio de Ibazeta.
El 24 de mayo este interno murió, atacado en su celda por al menos dos personas sin que ningún guardia lo percibiera. Durante la vista fiscal de febrero pasado Ibazeta estaba en un pabellón. Lo habían trasladado desde Chaco, donde se encontraba detenido, para que estuviera cerca de su familia.
La fiscal Lucero detalló el estado de las cámaras de video, la mayoría de las cuales no funcionan o están tan sucias que no permiten ver con claridad. También reparó en un problema común a todos los pabellones: la falta de elementos adecuados para combatir un eventual incendio.
En su informe hizo menciones a la falta de personal, y a la cantidad de detenidos por pabellón al cuidado de un solo policía.
Gastaminza, por su parte, informó al Tribunal Superior que estaba previsto instalar 1.500 metros de cañerías de gas nuevas, y que se iban a reparar los sistemas de agua y eléctrico. También «se concluyó la fumigación y desratización», informa el ministro. La fiscal Lucero había detectado que de noche, las ratas caminaban sobre las camas de los presos.Hay otro informe de Gastaminza enviado al Ejecutivo, con fecha 29 de mayo, pero todavía no tomó estado público.
