Cuatro años después de que se aprobó una norma que consideró un delito federal a la trata de personas, ahora se propone castigar también a los clientes de las redes que obligan a prostituirse a mujeres. Piden penas de hasta tres años de prisión o 50.000 pesos de multa.
El diputado nacional por Salta, Pablo Kosiner, presentó un proyecto de ley en el Congreso para reformar el Código Penal y condenar a los consumidores que sostienen la explotación sexual.
Las sanciones se decidirían de acuerdo a la gravedad de la situación. “Hay formas de determinar en una investigación si alguien sabe que está yendo a lugar donde existe privación de la libertad y violación de derechos”, dijo Kosiner a El Tribuno.
El legislador explicó que se tomó la experiencia de países como Suecia, “que fueron cerrando el círculo y penando al que cree que un ser humano es un objeto de consumo”.
En 2008 se aprobó una ley que tipificó a la trata de personas para la explotación sexual o laboral como un ilícito federal y fijó sentencias de tres a quince años de cárcel.
“En nuestro país hubo avances porque la Justicia puede actuar de oficio en estos casos. No se necesita una denuncia de la víctima, que normalmente está bajo presión. Faltaba cerrar la participación del cliente. Si bien no tiene el mismo nivel de responsabilidad, sin demanda no existiría la trata”, manifestó Pablo Kosiner.
“Complicidad”
“Creo que es una buena iniciativa pero no hay que perder de vista que el eje fundamental es la complicidad judicial y política que permite que exista este delito”, opinó Laura Postiglione, excandidata a diputada nacional del Frente Amplio Progresista y miembro de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana.
Postiglione dijo además: “Castigar al cliente está bien en tanto conozca la situación, pero también se necesita desalentar el consumo del cuerpo de las mujeres por medio de campañas”.
El comercio sexual estuvo en el centro de otro debate en los últimos días en Salta. Los concejales prohibieron el funcionamiento de prostíbulos en la capital la semana pasada.
Los ediles consideraron que estos lugares son proclives a la trata de personas y derogaron una ordenanza de 1927 que los habilitaba.
Frida Fonseca, autora del proyecto que eliminó los prostíbulos, indicó que hay que avanzar también en la desaparición de otros espacios que podrían ser propicios para el sometimiento.
Quedaron permitidos los cabarets, que tienen espectáculos con bailarinas pero no pueden ofrecer prostitución.
La trata consiste en la captación o el traslado de personas con fines de explotación mediante fraude, engaño, violencia, amenaza o intimidación de acuerdo a la ley 26364.
La norma también condena que se aproveche la vulnerabilidad de niños o adultos para obligarlos a trabajar con el fin de obtener ganancias.
Además, establece que es un agravante el hecho de que los explotadores sean parientes de la víctima o actúen organizados en grupos de tres o más.
